Isaín Mandujano
Proceso
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Velasco envió al Congreso un paquete de iniciativas que buscan inhibir las protestas sociales, mismas que se aprobarían este jueves 15 en la sesión ordinaria legislativa.
La primera iniciativa incorpora un código que establece el “uso legítimo de la fuerza” por las instituciones de seguridad pública, así como un decreto para modificar el inciso A del párrafo sexto del artículo 269 bis a del Código de Procedimientos Penales, aparte de una propuesta por la que se reforman diversas disposiciones del Código Penal.
Las tres propuestas entraron el jueves pasado a primera lectura en el Congreso y hoy mismo se anunció que se debatirán y aprobarán en la sesión ordinaria de este jueves 15.
Las modificaciones autorizarían a las corporaciones policiacas a emplear la fuerza pública en caso de una “manifestación violenta”.
Se considera “manifestación violenta” cuando un grupo de personas se encuentra armado o bien en la petición o protesta que se realiza ante la autoridad, se hace uso de amenazas para intimidar u obligar a resolver en el sentido que deseen los inconformes, o se incita a la comisión de un delito o se perturba la paz pública y la seguridad ciudadana.
También se autoriza el uso de la fuerza pública para prevenir la comisión de conductas ilícitas y para proteger bienes jurídicos tutelados.
En una de las iniciativas hay un apartado en el que se sanciona la difusión de “secretos de Estado”, lo que podría vulnerar la libertad de expresión en la entidad.
Además, la reforma autoriza a las corporaciones policiales a emplear el uso de la fuerza e incluso hacer uso de un arma de fuego en caso de alguna detención.
Así, en el artículo 8 del Código se prevé el uso de armas incapacitantes no letales con el fin de reducir o controlar la resistencia activa de una persona. Pero a la vez se avala el uso de armas de fuego o letales a efecto de reducir o repeler una “resistencia activa agravada” de una persona.
La diputada Alejandra Soriano Ruiz, del PRD, dijo que esta disposición, en caso de aprobarse, pone en riesgo a la ciudadanía frente a los actos arbitrarios de los cuerpos policiacos.
La legisladora advirtió que la propuesta busca inhibir el derecho de los ciudadanos de manifestarse e indicó que la autoridad pretende justificar la acción policial aun cuando se han documentado violaciones a los derechos humanos por parte de las corporaciones de seguridad.
“Es una forma de disuadir o intimidar a los participantes de manifestaciones, sean éstas pacíficas o no, y por tanto cualquier acto queda al criterio de las policías”, alertó.
El paquete de iniciativas fue enviado, precisamente, unos días después de que estuvo en la entidad Juan Méndez, relator especial por casos de tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En su reporte, el relator pidió al Estado mexicano que garantice el respeto a los derechos humanos en la detención de personas y que también se legisle para que se acorten los tiempos entre la detención y el momento en que se lleva a presuntos responsables ante la autoridad.
Pese a ello, las recomendaciones no fueron tomadas en cuenta en las propuestas enviadas al Congreso de Chiapas.
