Redacción Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- El pleito legal entre el Gobierno del Distrito Federal y el consorcio constructor de la Línea 12 del Metro dio un nuevo giro: Un magistrado federal ordenó dar trámite a la demanda civil que las empresas ICA, Carso y Alstom promovieron en mayo pasado, para reclamar a la administración capitalina el pago de 2 mil 248 millones de pesos por trabajos extraordinarios, más intereses.
Según una nota del diario Reforma, Jaime Marroquín Zaleta, titular del Segundo Tribunal Unitario Civil y Administrativo, aseguró que la demanda sí puede ser procesada por la justicia federal. Y explicó:
“El juicio corresponde a la competencia de un tribunal federal, pues en el asunto ha de observarse una ley federal, ya que versa sobre un contrato de obra pública en el que para su ejecución se asignaron recursos de los erarios tanto local como federal, además de que no sólo se afectan intereses particulares, sino que se encuentra comprometido el interés público”, afirmó el pasado 15 de octubre al amparar al consorcio constructor.
Esta resolución revocó la decisión de un juez de Distrito y de un magistrado de otro tribunal unitario quienes habían resuelto que el caso correspondía únicamente al Tribunal Superior de Justicia local (TSJDF).
