Sanjuana Martínez
La Jornada
“Ellos no tienen la culpa y están sufriendo por la falta de ayuda para salir adelante”, dice Gloria Lara Castillo, abuela de Edwin y Joselin Esmeralda, de 8 y 7 años. Ambos pasaron a su cuidado luego del asesinato de su nuera Erika del Carmen Espinosa Hernández, ejecutada en 2011 por un grupo del crimen organizado, cuando trabajaba como mesera, en un bar en Monterrey.
Durante años los familiares de las miles de víctimas de la guerra contra el narcotráfico han peregrinado por instituciones, agencias del Ministerio Público, policías y dependencias gubernamentales en busca de desaparecidos, acceso a la justicia y apoyo económico. La administración de Felipe Calderón creó Províctima, institución que no cumplió con su cometido, según los deudos.
Con Peña Nieto se aprobó la Ley General de Víctimas y desde hace siete meses inició la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV): “Pero la ayuda sigue sin llegar. Sabemos que hay dinero destinado para las víctimas, pero no llega. Nos preocupa mucho, porque da la impresión que sigue la simulación. El Congreso etiquetó, pero del derecho a los hechos hay un gran trecho: ¿dónde está ese dinero?”, dice Irma Alma Ochoa Treviño, candidata a dirigir la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, propuesta por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) y Alianza Cívica.
Reparación integral
“Yo espero que el Fondo de Asistencia y Reparación quede operativo este año. Las compensaciones como forma de reparación integral serán determinadas por órganos judiciales, de protección de los derechos humanos y por la comisión ejecutiva”, dice de entrada el comisionado Adrián Franco Zevada –encargado en la CEAV de la aplicación del presupuesto de 500 millones de pesos para las víctimas– en entrevista con La Jornada, luego del segundo foro regional para la elaboración del primer Programa de Atención integral a Víctimas con representantes de organizaciones de la sociedad civil de Durango, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León, celebrado en el Hotel Camino Real.
–¿Que se puede hacer para que ese dinero que está destinado a las víctimas no se desvíe?
–Estamos diseñando una forma, la ley nos marca muy claramente que las compensaciones deben de pagarse en moneda nacional o en especie en algunos casos. Y estamos analizando formas de pago, de manera tal que sea seguro para la persona recibirlo y también que está siendo utilizado por la persona que tiene derecho.
–¿Que va a hacer con esos 500 millones?
–Lo primero que estamos haciendo es un contrato de fideicomiso con la banca de desarrollo.
–¿Cuando empezará a entregar el dinero a las víctimas?
–Para las personas, lo más importante es, en primer lugar, tener una asesoría jurídica que les permita acceder a sus derechos.
–Y también el dinero, sobre todo para los huérfanos, viudas… ¿Cuándo les va a llegar la ayuda económica? En la mayoría de los casos los cabezas de familia son los que han muerto o desaparecido…
–Este fenómeno es terrible. Los hombres son el mayor número de las víctimas directas. Y eso es terrible para esta generación y para las que vienen.
–Las viudas y huérfanos, se han quedado en la indefensión absoluta. ¿Qué les diría?
–Que desde el lugar donde me encuentro estoy trabajando para que la institución que está diseñada para ayudar a las víctimas, funcione. La primera labor de asistencia recae en las entidades federativas, en los municipios.
–¿Van a aventar la pelota?
–No. Se trata de reconocer la realidad.
–¿Pero los 500 millones son para eso?
–Si, pero estamos generando representaciones en las entidades federativas.
–Pareciera que el Estado pretende esconder a las víctimas debajo de la alfombra…
–Yo no tengo alfombra donde esconder a las víctimas. Las personas que han pasado por esta situación requieren en primerísmo lugar ser visualizadas. Y mirar duele y reconocer duele aún más. Es un proceso de tránsito que estamos llevando a cabo.
–Algunas víctimas me han dicho que usted es muy frío.
–Quizá no he tenido la posibilidad de acercarme a ellos, ni ellos a mi.
–¿Usted siente su dolor?
–El dolor es un sentimiento humano y es de cada uno.
–¿Y hay mucho dolor en estos foros?
–Hay mucho dolor en estos foros y en la sociedad mexicana.
–¿Es una sociedad fracturada, lastimada, dañada?
–Es una sociedad que ha padecido y está en vías de recuperación.
–Hasta ahora, algunas de las instituciones diseñadas para la atención a víctimas han formado parte de un sistema de simulación, según han declarado. ¿Forma usted parte de esa simulación?
–Entiendo que lo quieran calificar así, pero yo no formó parte de ningún sistema de simulación.
–¿Usted si va a ayudar a las víctimas?
–Lo he estado haciendo durante los pasados 25 años de mi vida desde distintos lugares de trabajo.
Desde la sociedad civil han empezado a llegar las primeras criticas contra la CEAV. Para algunos activistas, el gasto que ha supuesto la organización de los cinco foros para el programa de atención integral, debería haber sido utilizado para gastos de las víctimas: “Son actividades que se están haciendo en hoteles, en lugares ostentosos con dinero público, en lugar de estar utilizando ese dinero para quienes deberían ser beneficiados, únicamente se están haciendo eventos costosos”, dice la defensora de derechos humanos, Ochoa Treviño.
Familiares de víctimas agrupados en el Movimiento Por la Paz denunciaron que un grupo de 10 personas esperaron el pasado jueves, durante 12 horas, ser atendidas por un comisionado de la CEAV y criticaron el hecho de que no les apoyen con el pago de viáticos para trasladarse desde sus ciudades al Distrito Federal: “La misma ley dice que hay una cantidad para el desplazamiento de las víctimas de un lugar a otro. Y allí están las fotos para demostrar que ellos tuvieron que dormir en las oficinas porque no fueron atendidos. Esta institución se supone va a dar respuesta, pero desde hace un año se creó la ley y apenas están organizando el programa y el padrón de víctimas. Arrastramos muchos años de desatención”.
Gloria Lara Castillo de 56 años, abuela de Edwin y Joselin Esmeralda, sabe lo que es esperar durante años de manera infructuosa el apoyo del gobierno. Vive en la extrema pobreza. Desde que asesinaron a su nuera de 26 años, sus cinco hijos quedaron en la indefensión económica: “A ella la acribillaron en la colonia Pio X, le descargaron una metralleta. Ni la debía, ni nada. Le tocó, a la pobre. Dejó cinco hijos, tres se quedaron con la abuela materna y dos me los dieron a mi”.
El padre de los menores, Juan Carlos Ríos Lara de 30 años es carpintero y apenas gana para sobrevivir con una nueva pareja, así que los niños quedaron al cuidado de la abuela: “Desde que mataron a su mamá, mi hijo ya no ve a los niños, ni me ayuda con nada. Mi marido murió hace cinco meses, con la tarjeta de 60 y más (700 pesos mensuales) nos ayudaba. Ahora vivimos de los trabajitos que le salen a mi hijo mayor. Tenemos que salir adelante con las criaturas. ¿Qué más hacemos?, aunque sea frijoles, pero comida no les falta. Lo que si batallo es con colegiaturas y todos los gastos. Esperábamos la ayuda del gobierno y nunca llegó”.
