Víctimas de la represión violenta ordenada por Moreno Valle en Chalchihuapan, con heridas aún abiertas

Samantha Páez
E-Consulta

Tranquilo, haciendo pausas al hablar, Hugo Jiménez recuerda lo que pasó el 9 de julio en la autopista Puebla-Atlixco, ese día en que perdió un ojo, ese día que elementos de la policía estatal montaron un operativo contra las mujeres, hombres, ancianos y niños de San Bernardino Chalchihuapan que bloquearon la vía para exigir el regreso del Registro Civil a la junta auxiliar.

«Estuve a punto de morir», dice Hugo a los estudiantes, maestros y activistas que asistieron al Foro por la libertad de presos políticos, que se organizó en el auditorio de la Facultad de Físico-Matemáticas de la BUAP este miércoles.

En ese punto hace una larga pausa y dice: «Es muy doloroso lo que el gobernador nos hizo allí en Chalchihuapan». Baja la vista y luego sigue hablando.

Ese día, el 9 de julio, regresaba de una junta de padres de familia en Chipilo. Como los taxistas y el transporte público no quisieron avanzar por el cierre de la autopista lo bajaron a él, a su esposa y su hija en el puente.

Iban cruzando cuando los policías estatales comenzaron a disparar a «quemarropa» contra los manifestantes. Corrió con su mujer y su hija, los granaderos empezaron a subir el puente, cuando lo vieron gritaron: «Agárrenlo a él, agárrenlo».

Hugo y su familia corrieron hacia unos terrenos, él iba volteando para ver si los seguían y vio que le apuntaban con un arma. Para cortar camino se dirigieron hacia una zanja, su hija y su esposa lograron pasar, él ya no.

«A la hora que volteo… escucho el disparo, veo que viene con gas y me toca en el ojo. Vi todavía con el otro ojo que era un cilindro cromado», asegura Hugo. Luego de eso perdió el conocimiento. Lo atendieron en la clínica de Chalchihuapan y no supo contestar ni su nombre ni su edad.

Han pasado dos meses desde el incidente. Ahora Hugo está sentado en el auditorio de la Facultad de Físico-Matemáticas para denunciar lo que ocurrió el 9 julio, cuando decenas de personas resultaron heridas, cuando José Luis Tehuatlie Tamayo, de 13 años, recibió el impacto de un proyectil en la cabeza que lo mató días después.

«Todo fue muy rápido… fue muy difícil para mí porque estuve muy mal… estoy mal por lo que el gobernador mandó a hacer allí en Chalchihuapan, porque me tocó… no tengo muchas palabras… sólo tengo ganas de salir adelante», termina Hugo de hablar y en el auditorio solo se escuchan aplausos.

Encarcelados por delitos fabricados

Hugo no fue el único afectado, otros cuatro habitantes de la comunidad, que pertenecen al municipio de Santa Clara Ocoyucan, estuvieron presos casi un mes acusados de nueve delitos, entre ellos la muerte de José Luis, a pesar de que sólo pasaban por el sitio o estaban viendo la manifestación.

A los cuatro detenidos -Félix Montes Xelhua, Sergio Clemente Jiménez Tecalero, Santiago Pérez Tamayo y Antonio Víctor Montes Contreras- se les imputó primero tentativa de homicidio y luego el homicidio del menor, cuando los arrestaron minutos antes de que éste fuera herido.

Su abogado, Raúl Rodríguez, asegura que sus clientes fueron arrestados a las 14:45 horas del 9 de julio y que las propias autoridades reconocieron que la lesión a José Luis fue causada hasta después de las 15:00 horas.

«¿Qué les dieron permiso de salir de la cárcel para que fueran a lesionar al niño?», dice con ironía.

Poco después de que supieron que estaban detenidos promovieron un amparo de comparecencia, pero las copias del documento se “perdieron” y las autoridades alegaron que serían consignados porque fueron detenidos en flagrancia.

Fue hasta después de la presión mediática y del apoyo de la diputada federal Roxana Luna Porquillo, que el Ministerio Público aceptó que un perito acreditara que el arresto fue previo al momento en que José Luis fue herido.

Así fue como los cuatro pobladores de Chalchihuapan pudieron salir bajo fianza, porque los crímenes que les siguen imputando ya no son «graves»: ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte.

A pesar de que de sus clientes salieron de prisión, Raúl Rodríguez insiste en que es probable que se exhume el cuerpo de José Luis para aclarar las causas de su muerte. «Es que no es posible que nos pidan la bala de goma con la sangre y el ADN del niño, yo les digo que sí presentaré la bala cuando la Procuraduría me enseñe la onda expansiva con la sangre y el ADN del niño».

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