Norma Trujillo Báez
La Jornada
Ante la falta de acceso a la información, la concentración duopólica de los medios masivos y la continua violencia contra los comunicadores, jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), de la Audiencia de desinformación, censura y violencia contra comunicadores, condenaron al Estado Mexicano por violar los derechos de libre expresión y a la información y a los gobiernos locales, como los de Veracruz y del Distrito Federal, por bloquear el derecho a la información y a la libertad de expresión, por no emprender acciones preventivas de protección, obstaculizar investigaciones y criminalizar a los periodistas agredidos.
Así, la periodista Italiana Marina Forti; Gustave Massiah, miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial y vicepresidente de ATTAC; Virgilio Caballero, periodista mexicano; Aram Aharonian, periodista uruguayo, y Ángel Luis Lara, escritor y periodista español, después de las exposiciones sobre situaciones y casos en donde se viola la libertad de expresión, condenaron al Estado Mexicano por violar los derechos de libre expresión y a la información. “Señalamos al Estado Mexicano como responsable de violentar el derecho a la libertad de expresión, garantizado por el artícu-lo 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, declararon.
Asimismo, por violar los principios de igualdad ante la ley y no discriminación al momento de legislar en materia de telecomunicaciones, favoreciendo al emporio mediático en detrimento de los derechos de la ciudadanía y comunidades a operar sus propios medios de comunicación por promover el empoderamiento del monopolio televisivo conformado por Televisa y TvAzteca a lo largo de las últimas cinco décadas, al grado extremo de que hoy en día este poder fáctico ha comenzado a ejercer funciones que competen al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Además, por no generar un marco jurídico y reglamentario que asegure el derecho a réplica o libertad de expresión en un sentido más pleno, por no crear una instancia en donde se defiendan los derechos de las audiencias y por hacer un uso abusivo en los controles de las frecuencias radioeléctricas, evitando que comunidades y ciudadanía puedan acceder a ellas, obstaculizando la creación y operación de radios comunitarias y creando con ello una mordaza invisible que atenta contra la libre expresión, incumpliendo con sus deberes de respeto y garantía.
Por ignorar las demandas ciudadanas que fueron expuestas distintos movimientos exigían la necesidad de democratizar el espectro radioeléctrico de las radios comunitarias. Además por haber fallado para proteger y prevenir las agresiones y la violencia contra las y los periodistas, permitiendo la impunidad por no garantizar el cumplimiento de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en particular a las que ejercen el periodismo y por permitir y mantener la impunidad cuando se ejerció violencia contra ellas a través de amenazas, detenciones arbitrarias, delitos de difamación, calumnia o injuria e intimidación y en los casos de violencia feminicida.
Condenaron al presidente de México Enrique Peña Nieto y a la Procuraduría General de la República (PGR) por omisión para ejercer facultades legales de atracción de casos de periodistas asesinados, desaparecidos y agredidos; al Poder Ejecutivo y a las Cámaras legislativas del Congreso de la Unión, por incumplir la disposición constitucional de regular los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión en beneficio del interés general que limitaran el poder de los actuales poderes fácticos en materia de televisión abierta. Las cámaras legislativas fueron complacientes con dicha propuesta que encubre omisión legal en materia de límites a la concentración de frecuencias, concesionamiento y propiedad cruzada, que deja intocados a los actuales consorcios mediáticos, en detrimento de los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información.
Al Poder Ejecutivo Federal por haber enviado una Iniciativa de ley que violenta los Derechos Humanos, como son la libertad de expresión, acceso a la información, derecho a la información, libre acceso a internet y derecho a la privacidad y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por abstenerse de decidir sobre la Inconstitucionalidad de las leyes aprobadas.
Mientras que al poder legislativo por persistir en la criminalización de las y los comunicadores comunitarios, manteniendo vigente el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales para quien haga uso del espectro radioeléctrico sin permiso, permitir su prisión y encarcelamiento.
Asimismo hubo condena contra el Instituto de Acceso a la Información (IFAI), a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por las violaciones a los derechos en las leyes aprobadas y por no emitir medidas cautelares adecuadas en tiempo y forma para la protección de los periodistas agredidos y amenazados y por omisión en la investigación de las agresiones perpetradas contra las y los comunicadores.
Los jueces en su deliberación también hicieron recomendaciones a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los Relatores Especiales de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional: que tomen en consideración y analicen los informes periódicos presentados por la sociedad civil mexicana, los movimientos, las asociaciones y los comunicadores y comunicadoras, sobre todo por lo que tiene que ver con la libertad de prensa, el derecho a la información y la libertad de expresión.
Pidieron que estas instancias internacionales visiten México y que se pronuncien contra la sistemática violación de estos derechos, así como en contra de la simulación por parte del poder ejecutivo y legislativo, y de los mecanismos de impunidad normativos y estructural avalados por el Estado; que demanden al Estado mexicano plena garantías para el trabajo de los comunicadores y comunicadoras, de las radios comunitarias y de los medios libres y que, en general, contribuyan a la visibilización internacional de lo que pasa en México, así como del reclamo de justicia que viene de los actores afectados por la violencia sistémica en el País; que velen por la aplicación de sus recomendaciones y sentencias.
