Redacción Proceso
MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) determinó que la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) violentó las garantías fundamentales de las integrantes de la agencia de noticias Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), al negarles el acceso a la justicia por no indagar con la debida diligencia el robo a las oficinas de la organización civil ocurrido el 20 de mayo de 2011.
Luego de tres años y cinco meses del atentado a la libertad de expresión contra CIMAC, el organismo presidido por Perla Gómez, emitió hoy la Recomendación 8/2014 dirigida al procurador general, Rodolfo Fernando Ríos Garza, y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
En el documento de 38 fojas, la CDHDF concluyó que servidores públicos de la PGJDF “omitieron investigar de manera diligente y en un plazo razonable la averiguación previa relacionada con el allanamiento y robo en las instalaciones de CIMAC, violentando con esta omisión el derecho de acceso a la justicia”.
Agregó que personal de la Procuraduría capitalina “omitió brindar servicios asistenciales”, no informó a las personas afectadas sobre sus derechos dentro del proceso “ni se otorgaron de manera inmediata medidas de protección (…), violando con estas omisiones los derechos de las víctimas del delito o personas ofendidas”.
La CDHDF abundó que la omisión del Estado de investigar, procesar y castigar a quienes resulten responsables de agravios contra integrantes del gremio periodístico, además de incumplir con su obligación de realizar una investigación efectiva de las agresiones, “afecta gravemente a la sociedad, pues la impunidad propicia la repetición crónica de las agresiones”.
En ese tenor, la Comisión advirtió que no investigar y castigar los hechos deriva en “el silenciamiento de las fuentes de información y se vulnera el derecho de la sociedad a estar debidamente informada”.
Los hechos
En la relatoría de hechos, la CDHDF narró que el 20 de mayo de 2011 se sustrajeron herramientas y objetos de trabajo de las oficinas de CIMAC. Ese mismo día, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSP-DF) detuvieron a dos personas relacionadas con el delito, por lo que se inició la averiguación previa FCH/CUH-6/T2/00948/1105 en la Coordinación Territorial CUH-2 de la PGJDF.
El 21 de mayo de 2011 las personas detenidas fueron puestas en libertad luego de que la PGJDF informó que “no fue posible” localizar a la persona dueña u ocupante del domicilio robado, es decir, CIMAC.
La CDHDF advirtió que si bien la averiguación previa fue consignada en dos ocasiones, el Juez Sexto Penal del DF negó en ambos momentos las órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público en contra de las personas señaladas como probables responsables, debido a “deficiencias” en la integración del expediente.
A lo anterior se suma que, pese a que la directora general de CIMAC, Lucía Lagunes Huerta, pidió a la PGJDF abrir una línea de investigación que tomara en cuenta la actividad periodística de la organización civil a favor de los derechos de las mujeres, la Agencia Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de las y los Periodistas determinó que el robo no tiene relación con la labor informativa de CIMAC.
“A la fecha, las personas responsables del robo en las instalaciones de CIMAC no han sido investigadas o sancionadas”, concluyó la CDHDF en su recomendación.
Cabe recordar que no es la primera vez que CIMAC sufre una agresión contra sus instalaciones. El 28 de julio de 2008 ocurrió un
allanamiento y robo en las oficinas de la organización, por lo que se denunciaron los hechos y la PGJDF inició una averiguación previa.
No obstante, en aquella ocasión, la Procuraduría suspendió la indagatoria y cerró el expediente tres meses después de iniciada la investigación.
En el caso del segundo allanamiento, la CDHDF observó que la autoridad judicial también cometió omisiones en las pesquisas, tales como “no recabar huellas dactilares para compararlas con las de los probables responsables” o no haber presentado a tales personas para que rindieran su declaración.
Medidas
Ante el cúmulo de violaciones a los derechos humanos contra las integrantes de CIMAC, la CDHDF recomendó medidas de reparación del daño, tales como “una declaración oficial que restablezca los derechos de la víctima”, una disculpa pública y sanciones administrativas o jurídicas a las personas responsables de las transgresiones.
También recomendó tomar medidas para no repetir los hechos, entre ellas emitir los acuerdos y protocolos judiciales correspondientes para garantizar la protección de la libertad de expresión y de las personas que ejercen el periodismo.
Al procurador capitalino, Rodolfo Ríos, la CDHDF señaló que en un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la aceptación de la Recomendación 8/2014, la averiguación por el robo a CIMAC tendrá que remitirse a la Agencia Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de las y los Periodistas para que concluya cabalmente la investigación.
Entre otras medidas, la Comisión estableció que en un plazo no mayor a 60 días naturales, la PGJDF realice “un acto de reconocimiento de responsabilidad satisfactorio a favor de las víctimas”.
A la ALDF, la CDHDF recomendó la creación de un Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal. Tanto la PGJDF como la ALDF tienen un plazo de 15 días hábiles para responder si aceptan o no la Recomendación.
