Juliana Fregoso
Sinembargo
Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- Constructora y Edificadora GIA + A S.A de C.V, empresa de la que es directivo y accionista Hipólito Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, tiene en proceso obras públicas federales por mil 191 millones 177 mil 609 pesos en los estados priistas de Campeche, Nayarit y el Estado de México, de acuerdo con una solicitud de transparencia hecha por SinEmbargo.
La empresa de Gerard está dentro del consorcio de compañías que habían ganado la licitación del tren rápido México-Querétaro y que fue cancelada por las suspicacias que despertó la presencia de su compañía y de Grupo Higa, protagonista del escándalo de la “casa blanca” de más de 7 millones de dólares, propiedad de la Primera Dama Angélica Rivera Hurtado.
El consorcio de empresas chinas y mexicanas que presentó la única postura por obra del tren, cuya oferta era 21 por ciento más cara de lo presupuestado (40 mil millones de pesos). Legisladores de oposición dijeron que se estaba beneficiando a empresas vinculadas con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con el ex Gobernador del Estado de México y Presidente, Enrique Peña Nieto.
El 15 de octubre, la SCT informó que el único consorcio participante estaba conformado por China Railway Construction Corporation International, GIA, Constructora Teya, Prodemex y GHP Infraestructura. En el anuncio también se dio a conocer que 16 empresas con experiencia en trenes declinaron participar en el proceso.
Sin embargo, el 6 de noviembre, la SCT emitió un comunicado para informar sobre la cancelación de la licitación. El titular de la Secretaría, Gerardo Ruiz Esparza explicó que se tomó la decisión “por las dudas, las inquietudes, que han surgido en la opinión pública sobre el procedimiento de este tren de alta velocidad”.
Parte de esas dudas las generó el cuñado del ex Presidente Salinas de Gortari. También Grupo Higa, que ganó cerca de 8 mil millones de pesos en obras durante el sexenio de Peña Nieto en Edomex.
“El señor Presidente desea que este proyecto tan importante para México no sea cuestionado y tenga claridad absoluta, por eso esperamos en la nueva licitación, que saldrá en unos días más, tal vez unas semanas, más participación de los fabricante de trenes”, comentó la Secretaría.
SinEmbargo dio a conocer el 11 de noviembre que el resarcimiento por la revocación del tren equivale al 1 por ciento de la propuesta económica que se presentó en la licitación para su construcción, de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM). Así, el monto a pagar equivale a 590 millones de pesos aproximadamente.
Asimismo, deberá incluir “costo de pasajes y hospedaje del personal que haya asistido a la visita al sitio de realización de los trabajos, a las juntas de aclaraciones, al acto de presentación y apertura de proposiciones, al acto de fallo y, en su caso, a la firma del contrato, en el supuesto de que el licitante no resida en el lugar en que se realice el procedimiento”, incluyendo, el costo de la preparación e integración de la proposición. Esto corresponde al pago de honorarios del personal técnico, profesional y administrativo que participó en forma directa.
También en el pago de dicha revocación a CRCC incluye “el costo de los materiales de oficina utilizados; el pago por el uso del equipo de oficina y fotocopiado, y el costo por la impresión de planos”, además de el costo de la emisión de garantías, sólo en el caso del licitante ganador.
GIA, del cuñado de Salinas de Gortari, factura al año cerca de 4 mil millones de pesos y se ubica entre las 12 constructoras más importantes del país. También será liquidada.
LOS MIL MILLONES DE PESOS
Documento en el que se explica una de las obras otorgadas a la empresa de Hipólito Gerard. Imagen: especial
Una solicitud de transparencia hecha el 5 de noviembre para solicitar los contratos de obra federal que la empresa tiene celebrada con los distintos estados durante la actual administración que inició el 1 de diciembre de 2012 arrojó que Constructora y Edificadora GIA + A tiene cinco obras en proceso que en su conjunto superan los mil millones de pesos.
La primera de estas obras es la “construcción de terracerías, estructuras, estructuras, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, señalamiento vertical y horizontal, obras inducidas y obras complementarias de la carretera Ixtlahuaca –Jilotepec, tramo desde el Km 131+000 al Km 139+000 en el Estado de México”, por un monto de 156 millones 617 mil 958 pesos. En la respuesta de transparencia se aclara que la obra fue adjudicada en la Dirección General de Obras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la Ciudad de México.
Otra de las obras adjudicadas a la empresa es la “construcción del entronque Chiná y sus accesos del Km 12+500 al Km 14+000, del tramo del libramiento Campeche, de la carretera libramiento Campeche y del Ramal Aeropuerto, entronque Chiná”, por un valor de 304 millones 981 mil 457 pesos. Al final del documento en el cual se informa de esta obra, emitido por la SCT Campeche, se aclara que en la concesión participan dos empresas: Fosmon Construcciones S.A de C.V, con e 30 por ciento y Constructora y Edificadora GIA + A con el 70 por ciento.
“En este contrato participan dos empresas, la cual Constructora y Edificadora GIA + A es accionista el Sr. Hipólito Gerard”, señala la respuesta.
El estado de Nayarit es la entidad en la que la compañía registra más contratos en proceso, de acuerdo con las respuestas vía transparencia. En esta entidad cuenta con tres obras en curso que registran un avance de entre 31 y 1 por ciento.
La obra de mayor monto es la que corresponde a la licitación LO-009000999-T349- 2013: “Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación de concreto asfaltico, estructuras, obras complementarias y señalamiento de la carretera: Jala – Puerto Vallarta, tramo: Jala – Compostela, del Km. 46+380 al Km. 553+960”, que registra un avance de 31.2 por ciento y cuyo monto del contrato es de 313 millones 067 mil 113 pesos. Este contrato fue adjudicado a GIA y a Construcciones Urales, S.A de C.V y AZVI, S.A.
La segunda obra es la licitación LO-009000999-N479- 2013, adjudicada a las mismas dos empresas, referente a la “construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación de concreto asfaltico, entronque a desnivel, estructuras, obras complementarias y señalamiento de la carretera: Jala – Puerto Vallarta, tramo: Jala – Compostela del km. 0+000 al km. 7+520 y obras complementarias del km. 7+520 al km. 20+000”, por un valor de 279 millones 296 mil 767 pesos, con un avance de 24.4 por ciento.
La tercera obra con número de licitación LO-009000999-T255- 2014 es la construcción del entronque a desnivel Compostela II ubicado en el km 554+697.32 de la carretera Jala – Puerto Vallarta, tramo: Jala – Compostela, con un avance de 1.40 por ciento y un monto de contrato por 137 millones 214 mil 324 pesos, según información del Centro SCT Nayarit.
GIA: “CONSTRUYENDO CONFIANZA”
En una presentación corporativa de 2011, titulada “Construyendo confianza”, firmada por Hipólito Gerard como director general, se explica que la empresa inició funciones desde 1996, “somos un experimentado equipo de profesionales unidos bajo los mismos conceptos de ética y compromiso, que se enriquece con las cualidades personales de cada uno de sus miembros, mismas que lo han llevado al punto de excelencia que como empresa ofrecemos”.
Hasta el año de la presentación contaba con siete divisiones: GIA Arquitectura, GIA Ingeniería, GIA Interiores, GIA Construcción Urbana, GIA Construcción Pesada, GIA Desarrollo Inmobiliario y GIA Desarrollo de Infraestructura y anunciaba que “en breve, estaremos participando en el Sector de Infraestructura Hidráulica (potabilización y saneamiento del agua).
Ha sido reconocida con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable otorgado por la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México (AliaRSE) y el Centro Mexicano de Filantropía (Cemefi).
Entre sus clientes se encuentran Televisa, Dell, Microsoft, Walmart, Banamex. Santander, Ixe, los gobiernos de Chiapas, Zacatecas, Campeche; el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, las secretaría de Salud (SSA), Comunicaciones y Transportes (SCT) y la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Comisión Nacional del Deporte (Conade), entre otras.
En este mismo informe presume entre sus obras más destacas el Centro de Transferencia Modal en el Distrito Federal, para los grupos Carso y Monex; oficinas de Volaris, para la aerolínea del mismo nombre de la que es socio el ex Sectetario de Hacienda de Salinas, Pedro Aspe Armella; el Palacio de Bellas Artes, para el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), las oficinas corporativas del banco HSBC en México, entre otras.
En septiembre pasado, con el cabildeo para comprometer un fondo federal para garantizar la obra de sustitución del Hospital General de Mazatlán, el Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, buscó proteger el negocio de Gerard Rivero.
La compañía no ha estado exenta de señalamientos por anomalías en la ejecución de algunas obras estatales, como el Hospital de Ixtapaluca, en el Estado de México, y el Hospital del Salvador, en Chile.
De acuerdo con una investigación del diario Noroeste, en la capital sinaloense, GIA+A no cumplió el contrato original que suscribió con el Gobierno de Sinaloa. En diciembre de 2012, se comprometió a construir el “Parque Temático Más Culiacán”, que no ha concluido, aun cuando la fecha acordada fue el 15 de diciembre de 2013.
Con la propuesta de modificación a los decretos 976 y 977, López Valdez cabildeó con los diputados para trasladar al Gobierno de Sinaloa los riesgos de la inversión de las empresas constructoras de los hospitales generales de Mazatlán y Culiacán, que pertenecen a Gerard Rivero y al magnate Olegario Vázquez Raña [de Grupo Ángeles], respectivamente.
El documento planteó pasar los riesgos de la inversión del constructor al Gobierno del Estado, al comprometer el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas como garantía ante el crédito que contraten las empresas con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
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