Diana Martínez
Reforma
Cd. de México Cd. de México (27 noviembre 2014).- (27 noviembre 2014).- Autoridades capitalinas deben reparar el daño a 95 personas que fueron torturadas por servidores públicos de la Ciudad, planteó la Comisión de Derechos Humanos del DF.
Con la macrorrecomendación 14/2014, se documentaron 47 casos de tortura con 95 víctimas, registrados entre 2007 y 2013.
El instrumento recomendatorio está dirigido a la Procuraduría, a la Secretaría de Seguridad Pública local, a la Consejería Jurídica y a la Secretaría de Gobierno, de la que depende la Subsecretaría de Sistema Penitenciario.
Como autoridad colaboradora se señala al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Los derechos vulnerados son a la integridad personal, a la libertad personal, en particular a no ser detenido arbitrariamente y a ser presentado sin demora ante la autoridad que ordenó la localización y presentación.
También se violó el derecho al debido proceso como a una defensa adecuada y a la presunción de inocencia y asistencia consular; el derecho de acceso a la justicia para que se investigue eficaz y oportunamente y se repare el daño a las víctimas.
En el caso de las mujeres, fue coartada la garantía de una vida libre de violencia y derechos del niño frente a procesos de procuración de justicia.
En sólo 15 minutos, la Ombudsman, Perla Gómez, leyó cuatro hojas que contenían algunos datos de la recomendación, el posicionamiento del organismo local y los puntos recomendatorios dirigidos a cada autoridad.
Anunció que la CDHDF presentará una propuesta para que se cree un mecanismo interinstitucional de prevención, investigación, sanción y erradicación de la tortura.
Posteriormente, se retiró sin que se permitieran preguntas sobre la recomendación.
Alma Mata, titular de la Cuarta Visitaduría que realizó la investigación, informó en entrevista posterior a la presentación de Gómez que las torturas incluyeron golpes, asfixia y amenazas sicológicas con contenido sexual.
La CDHDF pidió a las autoridades, entre otras cosas, indemnizar a las víctimas e iniciar procedimientos de responsabilidad penal y administrativa en contra de los servidores públicos responsables.
