CLAUDIO VARGAS
La Jornada
La agencia del Ministerio Público del fuero común recibió una denuncia formal colectiva por el delito de peculado, contra quien resulte responsable del ayuntamiento de Acapulco, por el descuento de préstamos personales, vía nómina, de los más de 800 policías viales el cual no fue transferido a las empresas financieras a quienes pidieron los servicios crediticios y que ahora, al no pagarles, fueron enviados al Buró de Crédito, dijo el asesor jurídico Jesús Antonio Lemus Beltrán.
Lemus Beltrán dijo que el ayuntamiento, al descontar el dinero a los uniformados y no pagarlo a las empresas financieras que son: Libertad Servicios Financieros, Crediticia Finmart, Financiera Credi Amigo, Credimax, Independencia y Con Dinero, provocó que los nombres de los policías se fueran a la lista de deudores del Buró y en consecuencia ya no podrán obtener ninguna clase de préstamos ni tampoco podrán comprar ningún artículo en tiendas comerciales a crédito.
El asesor jurídico explicó que bajo el concepto 725 en los recibos de nómina expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno municipal, fueron apareciendo los descuentos correspondientes a préstamos que obtuvieron algunos policías viales de empresas crediticias.
Precisó que muchos de los afectados ya terminaron de pagar la deuda y cuentan con los recibos de pago que así lo demuestran, pero que sin embargo en las empresas crediticias siguen apareciendo con parte de la deuda.
Un caso que mencionó, de los muchos que hay, fue de la señora Jazmín Camacho García, quien pidió 41 mil pesos, y a pesar de que ya terminó de pagar, en la lista de deudores sigue apareciendo con un pendiente de 19 mil pesos, por lo que ya no podrá ser sujeto de crédito alguno.
“Estamos hablando de un desvío de recursos con afectaciones directas contra 800 policías que reclaman el pago de deudas adquirida a financieras y que les fueron descontado de sus salarios, por lo que no debe tener excusa funcionarios del gobierno municipal para no transferir esos recursos a las empresas que ya enviaron los nombres de los policías como deudores no aptos para otro tipo de créditos”, explicó el abogado.
Ahora, quienes resulten responsables de la investigación que haga la autoridad judicial, tendrán que responder jurídicamente ante la Agencia del Ministerio Público donde se presentó la denuncia formal y tendrán que explicar dónde quedó todo ese dinero que le fue descontado a los uniformados asentó Lemus Beltrán.
