Diana Martínez
Reforma
Cd. de México, México (11 agosto 2014).- Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF (TCADF) quieren asegurar una doble pensión.
A aquella de la que ya son beneficiarios por parte del ISSSTE, los funcionarios pretenden agregar un fondo de retiro.
Con este fin, la presidenta del órgano administrativo, Yasmín Esquivel Mossa, y Magistrados de la Sala Superior y de la Junta de Gobierno le enviaron un oficio al Secretario de Finanzas capitalino, Édgar Amador.
En éste solicitan autorización para que los estímulos fiscales que ha conseguido el TCADF se destinen a constituir ese fondo de retiro.
El oficio TCADF/P/048/2014, del que REFORMA posee copia, señala que, en 2013, dichos recursos ascendieron a 8 millones 878 mil 154 pesos y, en 2014, se estima que sean de 4 millones 503 mil 201.
El estímulo fiscal es un beneficio económico que implica reducciones en la carga tributaria de un contribuyente y que se otorga generalmente por deducciones al ISR.
Los servidores pretenden que esos más de 13 millones de pesos se destinen, como capital semilla, a crear el Fondo de Retiro de los Magistrados al Servicio del Tribunal.
Uno de los argumentos es que la Ley Orgánica del TCADF establece que los funcionarios deben percibir los mismos sueldos y prestaciones que los integrantes del Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF).
Y este último, señala el documento, ya cuenta con un fideicomiso para fondo de retiro.
Incluso advierten que la Sexta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje reconoció el derecho del Magistrado José Manuel Ancona a la homologación, para efectos de la jubilación, en las mismas circunstancias que los miembros del Tribunal Superior.
La intención de la actual presidenta de crear dicho fideicomiso no es nueva.
En junio de 2013, la Junta de Gobierno del órgano autorizó el pago de 15 mil pesos al actuario Juan José Barrera para que actualizara el estudio actuarial para la constitución del fideicomiso de retiro.
Y, en noviembre pasado, la Sala Superior aprobó la creación de una comisión para la elaboración de la procedencia del dictamen de viabilidad del mismo.
En 2006, Jaime Araiza, entonces presidente del TCADF, reconoció que retuvo el ISR de los trabajadores para constituir el fondo de retiro con base en un decreto presidencial de 2003.
Pero el fondo fue frenado por diputados locales, y el Tribunal tuvo que regresar el dinero al GDF.
