Mónica Camacho
La Jornada
Monex Grupo Financiero no es la única firma que tiene participación en el negocio de la privatización del agua en Puebla sin haber concursado en la licitación del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap). Las alianzas económicas que se tejieron para echar a andar la concesión también involucran a Grupo Financiero Interacciones, que es propiedad de una de las familias más polémicas del país por el origen dudoso de su riqueza: los Hank.
El consorcio, que fundó el ex gobernador del estado de México Carlos Hank González y que hoy controlan sus hijos y nietos, inyectó recursos a la concesión a través de un financiamiento que se destinó al pago de la contraprestación solicitada por el Soapap, a cambio de ceder a la iniciativa privada el servicio hídrico durante los próximos 30 años.
De acuerdo con un instrumento notarial al que La Jornada de Oriente tuvo acceso, el préstamo se acordó el 15 de mayo pasado dentro de Concesiones Integrales, la cual es la verdadera responsable del servicio de agua potable al haber ganado la licitación en diciembre de 2013.
Esta es la segunda entrega del material informativo que presentó ayer este diario sobre la participación de capitales económicos nacionales en la privatización del Soapap, de la cual ni el sistema operador ni el gobierno del estado habían dado cuenta.
Lo único que se conocía de manera oficial es que Concesiones Integrales se encuentra conformada por las empresas Grupo Agua de México (AM), Tecnología Intercontinental (Ticsa) y Epccor Servicios (Epccor), las cuales participaron en la licitación del Soapap para hacerse cargo del suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales en Puebla, Cuautlancingo, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Amozoc.
Detrás de esa fachada está Monex –empresa que se vio involucrada en la triangulación de recursos durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto– como accionista mayoritaria de Concesiones Integrales y responsable del fideicomiso de inversión que maneja sus recursos, así como Grupo Financiero Interacciones, cuyos directivos han reconocido a medios nacionales de comunicación que son operadores de la concesión de agua potable en el estado.
Interacciones y Monex, la trama
AM, Ticsa y Epccor tardaron un mes en pagar la contraprestación al Soapap, debido a que gestionaron un financiamiento para que estuvieran en condiciones de cumplir con esa obligación contraída con dicho organismo operador de agua potable. El crédito se solicitó al Banco Interacciones, que forma parte del grupo financiero que lleva el mismo nombre.
En las resoluciones del 15 de mayo tomadas por Concesiones Integrales, las cuales fueron certificadas ante notario público, se señala: “Después de revisar varias opciones de financiamiento, la sociedad –en conjunto con sus accionistas Epccor, S.A. de C.V. (Epccor) y Grupo Agua de México S.A. de C.V. (AM) y la participación de Tecnología Intercontinental, S.A.P.I de C.V. (Ticsa)– ha solicitado a Banco Interacciones los recursos necesarios para que la sociedad tenga los fondos requeridos para dar cumplimiento al título de concesión”.
En el documento no se detalla el momento del préstamo, pero de manera extraoficial diversos medios locales informaron que la contraprestación solicitada por el Soapap ascendió a mil 400 millones de pesos.
La contratación del crédito fue avalada por el mismo sistema operador, de acuerdo con el escrito antes referido, en el cual se precisa que esa autoridad gubernamental “emitió oficios y comunicaciones” en donde confirmó “la celebración del financiamiento”.
Sin embargo, AM, Epccor y Ticsa no tienen responsabilidad directa de pago con Grupo Financiero Interacciones, ya que quien quedó como “deudor” del préstamo fue Monex, en su calidad de fiduciaria del fideicomiso irrevocable de inversión de Concesiones Integrales.
Para garantizar a Monex el cumplimiento de la obligación financiera contraída, AM y Epccor se asumieron a su vez como deudores de dicha firma y signaron “contratos de prenda sobre acciones” que la favorecen.
Al mismo tiempo ambas compañías autorizaron la incorporación de José Alberto López Valadez al Consejo de Administración de Concesiones Integrales, cuyo nombre aparece en una convocatoria de Grupo Financiero Interacciones, con fecha del 6 de diciembre de 1995, dentro del cargo de secretario del Consejo de Administración.
Carlos Hank y su linaje
Grupo Financiero Interacciones es uno de los dos consorcios fundados por Carlos Hank González, quien además de haber sido gobernador del estado de México fungió como secretario de Turismo y de Agricultura en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
En un reportaje que publicó la revista Proceso el 4 de junio de 2011, titulado “Los Hank: Estirpe de corrupción”, se acusa a Carlos Hank González de enriquecerse “sin recato” en el ejercicio de la función pública durante décadas, y exhibe que su hijo Jorge Hank Rhon ha sido “señalado públicamente de tener nexos con el narcotráfico y con el lavado de dinero, principalmente a través de la amplia red de negocios de juegos y apuestas”.
Actualmente Grupo Financiero Interacciones es presidido por Carlos Hank Rhon y dirigida por Carlos Hank González, hijo y nieto, respectivamente, del ex mandatario local priista que murió en el año 2001 y es identificado como el líder principal del Grupo Atlacomulco.
La participación de la familia Hank en la privatización del agua potable en Puebla la anticipó la periodista Bárbara Anderson, en su columna “Nada Personal”, que publica el diario Milenio, el 3 de julio pasado.
En dicho material informativo Anderson identifica a Carlos Hank González como dirigente del fideicomiso bancario que opera la concesión del Soapap. Más adelante, en el escrito, la periodista incorporó la cita de una declaración que le realizó el mismo empresario, en la que equiparó el negocio del agua con un proyecto para la prestación de servicio (PPS), en donde el cliente no es el gobierno, sino los usuarios del servicio hídrico.
“Es un PPS plus, más innovador. Porque es una posesión pública y privada en donde está la iniciativa privada buscando e invirtiendo en recursos para mejorar el servicio que le provee al estado; sin embargo, no es éste el que paga finalmente, sino que el financiamiento viene directamente del cobro del agua, o sea, los usuario”, explicó Hank González a Anderson.
