Mónica Camacho
La Jornada
El Movimiento por la Alternativa Social (MAS) se sumó a la demanda de desaparición de poderes que solicitó el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para Puebla, por lo que presentará ante el Senado de la República una petición en el mismo sentido.
Marco Antonio Mazatle Rojas, dirigente del MAS, descartó la vía del juicio político debido a que es un procedimiento más largo que, a su parecer, no resolvería de fondo la mala actuación del gobierno estatal, el Congreso local y el Tribunal Superior de Justicia.
El movimiento, que aglutina a diversas organizaciones obreras y campesinas de Puebla formalizará la petición esta semana con la entrega de un escrito a la Cámara Alta del Congreso de la Unión, anunció.
El juicio político y la desaparición de poderes se promueven principalmente por la actuación de la Policía Estatal en el desalojo de una manifestación en San Bernardino Chalchihuapan el 9 de julio pasado que dejó un niño muerto y decenas de heridos.
Morena solicitó la desaparición de poderes el 28 de julio pasado bajo 11 causas, entre las que se encuentra la represión en Chalchihuapan, libertad a más de 30 presos políticos y el retiro de cargos, así como el respeto a ejidatarios, propietarios y vecinos afectados del Proyecto Morelos.
En tanto, el juicio político fue propuesto por legisladores del PRD en el Congreso de la Unión para retirar el fuero al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y procesarlo por la violación a los derechos humanos que le imputan.
René Sánchez Galindo, quien es consejero nacional de Morena, aseguró que la desaparición de poderes es la mejor opción para Puebla, ya que los excesos cometidos en el estado no solo involucran al gobernador, sino también al Congreso por aprobar las reformas del mandatario poblano contrarias a los intereses ciudadanos.
Además, refirió que sin la participación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no hubiera sido posible el encarcelamiento de activistas sociales que se opusieron a los proyectos de gobierno.
Otro de los beneficios que identificó Sánchez Galindo es que la desaparición de poderes solo es procesada por el Senado de la República, mientras el juicio político también requiere el aval de la Cámara de Diputados, lo que complica el procedimiento y se presta a mayores negociaciones políticas.
El juicio político, expuso, requiere de la aprobación de la mitad más uno de la Cámara de Diputados, así como el aval de las dos terceras partes del Senado, por lo que hasta la fecha no se ha utilizado en el país para procesar a autoridades.
En el caso de la desaparición de poderes, Morena tiene contabilizados 50 casos desde el periodo revolucionario hasta la década de 1970, puntualizó.
Proceso engorroso
Sánchez Galindo explicó que si la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) resuelve presentar un juicio político contra el titular del Poder Ejecutivo del estado por el caso Chalchihuapan, la demanda todavía tendrá que ser sometida a votación de la Cámara Baja del Congreso de la Unión.
De acuerdo con la Dirección General del Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, el trámite involucra varios pasos que inician en las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia.
Al momento de la instalación de esos órganos legislativos sus miembros designarían a cinco integrantes de cada una de ellas para que en unión de sus presidentes y un secretario por cada comisión, integren la subcomisión de examen previo de denuncias de juicios políticos, que tendrá competencia exclusiva en esta materia, según la misma fuente.
