Redacción La Jornada
Dirigentes partidistas, líderes sindicales, defensores de derechos humanos y legisladores coincidieron en que desde la llegada de Rafael Moreno Valle a la gubernatura del estado se ha desatado un hostigamiento, persecución y espionaje en contra de todo aquel personaje público que no está sometido a su forma de gobernar.
Un caso emblemático es el acoso en contra de la legisladora federal de izquierda Roxana Luna Porquillo, quien informó que la Cámara de Diputados dispuso de agentes de la Policía Federal para resguardar a la diputada cholulteca ante la represión padecida de la administración morenovallista.
La perredista confirmó que desistió de la seguridad personal, pues confió en que “el gobierno del estado no se atrevería a hacer este tipo de cosas en mi contra”, en alusión al robo de información a opositores de su gestión; sin embargo, Luna Porquillo admitió que ha sido objeto de espionaje por parte de las autoridades.
“Soy espiada, grabada, monitoreada y vigilada en todos los sentidos por el gobierno del estado de Puebla, y pese a ello no tengo miedo porque sé que no he hecho nada”, declaró.
Desde que presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados en contra de la privatización del agua en la entidad poblana, aseguró que vinieron las amenazas hacia su persona.
Expuso que estas intimidaciones vía telefónica fueron hechas pública desde la tribuna del Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde culpó al gobierno morenovallista de su autoría intelectual.
“Como diputada pedí a la Cámara de Diputados que se tomen en cuenta mis garantías para resguardo de mi integridad física; pero ya me acostumbre a las amenazas con este gobierno y no tengo por qué preocuparme”, respondió la diputada.
La diputada federal advirtió que si algo llegara a pasarle a ella y a su familia sabe de dónde viene la agresión.
Por otro lado, confirmó que hasta el momento no le han robado información de su domicilio ni de sus oficinas, y en tono de burla refirió que el gobierno no necesita caer en este ilícito cuando tienen controlado su teléfono y escucha sus llamadas.
“Esos mensajes no me los han hecho llegar, pero tampoco manejo sumas de dinero por 200 mil pesos, solo tengo una computadora”, dijo en mención al reciente robo de información al diputado local y ex alcalde capitalino Enrique Doger Guerrero.
Destacó que desde los hechos funestos en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, es otra.
“El movimiento social en Puebla, donde no solo están los campesinos, sino también la clase media operando desde las redes sociales, ha demostrado que con la organización se pueden frenar los abusos”, refirió.
Roxana Luna Porquillo fue objeto de espionaje por las autoridades hace unos meses, en plena crisis por el caso Chalchihuapan, cuando a través de medios nacionales se dio a conocer un audio en el que sostenía un diálogo con uno de los dirigentes del PRD, en el que supuestamente se planea una estrategia mediática contra el gobierno de Moreno Valle para evidenciar su abuso de poder, represión y criminalización de la protesta social en el estado.
Estas agresiones sistemáticas se repiten con el líder en Puebla del Sindicato de Telefonistas, Marco Mazatle Rojas, quien incluso denunció penalmente el robo de información del que fue objeto en su domicilio particular y las oficinas del gremio que representa, de donde solo sustrajeron los ordenadores.
“Quienes hemos hecho público el abuso de poder de Moreno Valle sabemos que somos vigilados por su equipo de espionaje”, declaró al respecto.
Mazatle Rojas, quien es otro férreo opositor al gobierno morenovallista, lamentó que el caso de la legisladora federal y el suyo no sean los únicos en el estado, pues también recordó el reciente robo a la panista Ana Teresa Aranda, a los periodistas Rodolfo Ruiz, en las oficinas del portal e–consulta, y Ernesto Aroche y Mely Arellano, de Ladobe.com
Reclamó que Moreno Valle tenga poca creatividad e ingenio para amedrentar a sus adversarios, pues criticó que sus enviados utilizan el mismo modus operandi en el robo de documentos, fotografías y computadoras personales a sus opositores.
De acuerdo con las denuncias públicas, Marco Mazatle informó que van seis robos de información en apenas un mes, al mismo número de personajes públicos.
Los casos más recientes, recordó, el del ex juez Enrique Romero Razo, del abogado Luis Soriano y del priista Enrique Doger Guerrero.
“Se llevan toda la información y dejan objetos de mayor valor, como pantallas, equipos de sonido y otros aparatos electrónicos”, señaló al último.
