Jesús Aranda
La Jornada
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y consejeros de la Judicatura Federal están en contra de que se haga pública su declaración patrimonial.
Escudados en que es su derecho decidir si la información sobre sus ingresos y bienes puede ser conocida por la sociedad, los funcionarios de primer nivel del Poder Judicial Federal rechazan dar a conocer su situación económica, solicitada a través de peticiones de información, o bien sus órganos de transparencia esgrimen excusas o dan largas a las peticiones.
Así, la transparencia y apertura proclamadas por ministros y magistrados electorales no incluye la difusión pública de sus ingresos y propiedades.
Un ciudadano solicitó por medio del Portal de Transparencia del Poder Judicial saber ‘‘cuántos funcionarios públicos obligados a presentar anualmente su declaración patrimonial dieron su consentimiento para hacer públicos’’ dichos datos.
De los primeros niveles jerárquicos (ministros consejeros, magistrados electorales y jueces) ninguno hizo pública su declaración patrimonial.
Incluso, cuando la Corte avaló el año pasado la negativa de 500 diputados federales a que se hiciera pública su declaración de ingresos y bienes, sólo tres ministros –Juan N. Silva Meza, Sergio Valls y José Ramón Cossío– votaron en favor de la ‘‘máxima publicidad’’ y porque la información fuera pública.
Sin embargo, cuando este medio solicitó las declaraciones patrimoniales de los 11 ministros, el órgano de transparencia de la Corte evadió entregar la información, argumentando que por tratarse de datos personales, la petición –con el expediente 27/2013-A– tendría una prórroga de 10 días para ser respondida. La notificación ‘‘correría del 22 de enero al 6 de febrero de 2014’’; sin embargo, hasta la fecha no ha habido respuesta a la petición.
Los funcionarios judiciales que aceptaron que se revelaran datos sobre sus ingresos eran en su mayoría personal operativo. Por otra parte, las versiones públicas autorizadas tampoco garantizan que la sociedad conozca la situación económica del funcionario.
Información light
La ‘‘versión pública’’ de una declaración, entregada por la Dirección General de Responsabilidades de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, incluye únicamente el nombre del funcionario, el inicio o conclusión de su encargo, el área a la que está adscrito, los años en el Poder Judicial, la ubicación de su lugar de trabajo, el correo electrónico oficial y el teléfono de su oficina. El resto de los datos de la declaración están tachados.
Es decir, la clave única de población, registro federal de causantes, número de expediente único del Poder Judicial de la Federación, sexo, estado civil, lugar de nacimiento, correo electrónico personal, domicilio, teléfono particular, así como lo referente a otros ingresos, los del cónyuge, los de dependientes económicos, bienes inmuebles, baja de éstos, inversiones, adeudos y aclaraciones. El único dato que se incluye es el sueldo mensual.
De acuerdo con información proporcionada por la Dirección General de Responsabilidades de la Contraloría del Poder Judicial Federal, todos los funcionarios de primer nivel y mandos superiores ‘‘cumplieron con su obligación de entregar su declaración patrimonial en 2012, 2013 y lo que va de 2014’’. Sin embargo, sólo unos cuantos autorizaron la publicación, pero ‘‘en una versión pública’’.
