Fermín Alejandro García
La Jornada
Independientemente del talante autoritario del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, la crisis política que estalló por la represión de la población de San Bernardino Chalchihuapan –que será objeto de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que este día se hará publica– en mucho se generó por la negligencia y los recortes presupuestales que caracterizan al gobierno del estado, ya que por esa condición en los sucesos del 9 de julio se violaron cuatro protocolos básicos que se utilizan en procesos de dispersión de manifestaciones en vías de comunicación.
Resulta contradictorio que supuestamente la #LeyBala se creó para normar la actuación de la Policía frente a manifestaciones en la vía pública, y al final el comportamiento de los granaderos contra los pobladores de Chalchihuapan estuvo caracterizado por el desorden, la falta de planeación y los abusos, lo cual acabó provocando la muerte del niño Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
Para nadie es un secreto que en todas las dependencias del Poder Ejecutivo existe una política de recorte de personal y de presupuesto, como parte de una política de utilizar los fondos para los proyectos personales de Rafael Moreno Valle, lo que se deriva en un alto grado de ineficiencia en la administración estatal y falta de atención a los problemas básicos de la población.
Toda esta situación se reflejó el pasado 9 de julio en los hechos violentos de la autopista Puebla–Atlixco en contra de los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan; estos son los datos:
1. Una estrategia muy recurrente que utilizan la mayoría de los gobiernos es que siempre que existe una protesta social masiva y que bloquea una importante vía de comunicación, el primero recurso es buscar que los representantes de los quejosos entablen algún tipo de dialogo o negociación con las autoridades, que puede durar varias horas, como una manera de cansar o de desesperar a la gente que se manifiesta.
Y solamente cuando ese recurso se agota y no se logra que los manifestantes permitan el paso de vehículos o transeúntes en la vía pública, entonces se recurre al uso de la fuerza policiaca.
En el caso de Chalchihuapan eso nunca ocurrió. Nunca llegó nadie de la Secretaría General de Gobierno (SGG) a buscar negociar o conminar a los manifestantes a despejar la autopista. Algunos líderes de los quejosos se comunicaron vía telefónica a la SGG y nadie los atendió. Eso pasó porque ya había la orden de usar de violencia contra los campesinos que bloqueaban la carretera y al mismo tiempo porque no había personal del Poder Ejecutivo para presentarse en el lugar del conflicto.
Se rompió un protocolo básico porque no hubo el más mínimo intento de negociación o dialogo, ya que la única propuesta fue de un jefe policiaco que les llegó a decir que si en cinco minutos no se quitaban les iban a “romper la madre”. Y así ocurrió.
2. Todas las corporaciones policiacas de Puebla han sufrido recortes de personal, falta de capacitación y graves rezagos salariales, ya que son raquíticos los aumentos de sueldo que se les dan a los uniformados. A estos problemas se debe sumar la dinámica morenovallista de que cada fin de semana había hechos violentos por que se mandaba a la Policía a perseguir a mototaxistas o a reprimir las protestas ciudadanas.
Los policías que se emplearon en Chalchihuapan iban cansados, y muchos de ellos sin capacitación suficiente en labores de granaderos. Por eso se le vio todo el tiempo desorganizados y sin un buen manejo del equipo que portaban.
Esa condición hizo letales a los granaderos que utilizaron en Chalchihuapan, ya que cuando no pudieron disolver de manera rápida y eficaz a la gente que protestaba –porque ellos mismos se echaron gas lacrimógeno debido a que la corriente de viento estaba en su contra–, entraron en desesperación y en lugar de lanzar los proyectiles hacia arriba para que hicieran una parábola y estallaran en el suelo, los dispararon en línea recta.
Y esa negligencia de lanzar en línea recta los proyectiles de gas, al parecer es lo que provocó las lesiones del niño Tehuatlie Tamayo y de otros pobladores, que quedaron lisiados.
3. Un protocolo básico es que cuando la Policía no tiene la capacidad de dispersar una manifestación, por estar en inferioridad numérica, por no tener la capacitación necesaria, una logística adecuada y una buena planeación, las fuerzas de seguridad se deben abstener de actuar.
En Chalchihuapan los granaderos –o mejor dicho la fuerza de gorilas– era inferior en número a los manifestantes, la mayoría estaban cansados, no había logística y planeación. Por eso actuaron con total brutalidad contra los campesinos ahí presentes, sin importar que había mujeres, ancianos y niños.
4. Las normas indican que cuando hay lesionados la Policía debe volver en prioridad atender a los heridos, sin importar que sean del bando contrario.
Eso no pasó el 9 de julio; al caer lesionado el niño Tehuatlie Tamayo y otras personas más, hubo dificultades para que entraran los cuerpos de socorro. En el caso del menor, se tenía que utilizar el helicóptero que estaba en la zona y llevarlo a un nosocomio especializado, como podía ser el Instituto Nacional de Neurología.
Un segundo yerro es que el gobierno de Moreno Valle, haciendo gala de su insensibilidad, cinismo, prepotencia y negligencia, se puso a culpar a la madre del menor de provocar la muerte del infante. Con ello se echó encima a la opinión pública que no tolera que se agreda de manera tan estúpida a una mamá que perdió a su hijo.
Se espera que este día en la recomendación de la CNDH se haga notar toda la serie de fallas y actos de negligencia que cometió el gobierno morenovallista en Chalchihuapan.
Si no lo hace la CNDH será un reflejo de que el organismo se vendió al gobierno morenovallista.
