Aranzazú Ayala Martínez
LadoB (Foto: Enedina Rosas, líder comunitaria presa por oponerse al gasoducto Morelos)
“Apenas regresaba de Chipilo, venía de una junta de padres de familia. Los carros solamente nos bajaban en el puente, ellos ya no querían subir más pa’rriba, pero como tenían miedo de que les, los, no sé, tenían miedo de los taxistas, todo los carros, tos dejamos la camioneta en el puente y pues… a esa hora sucedió cuando los granaderos subieron arriba del puente, nos dispararon a quemarropa, a ellos no les importaba que si iba yo con mi niña, iba con mi esposa, ellos nos importaban, ellos iban en pocas palabras a matar”.
Hugo Jiménez tiene una esposa y una hija. Es la primera vez que habla en público, habla poco, usa lentes y tiene el ojo izquierdo cerrado. Pero no es que lo haga a propósito: lo perdió cuando la policía estatal le aventó un objeto directamente al rostro el 9 de julio de 2014. Ese mismo día otros habitantes de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, del municipio de Santa Clara Ocoyucan, a media hora de la capital del estado de Puebla, fueron heridos en el rostro y manos. Uno de ellos, un niño de 13 años, perdió la vida.
Durante el mandato del gobernador Rafael Moreno Valle han sido 33 los presos políticos, personas encarceladas por sus oposiciones a proyectos del gobierno, por su activismo político, por su lucha social. El Comité por la Libertad de los Presos y Cese a la Represión Social en Puebla presentó este miércoles 10 de septiembre un foro en el auditorio de la facultad de Físico-Matemáticas de la BUAP, en el que se presentaron testimonios directos de familiares, defensores y sobrevivientes de la persecución y represión que denuncian se ha desatado contra activistas durante el presente gobierno estatal.
Se habló de los casos de Abraham Cordero y Juan Carlos Flores, presos por su oposición al gasoducto, y de Antonio Esteban Cruz, activista de una comunidad de Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, que fue asesinado a quemarropa, presumiblemente por su oposición a la construcción de una hidroeléctrica.
“A la hora que voltee nomás escucho el disparo, veo que viene con gas, me tocan el ojo, vi co, con el otro ojo, que… había un cilindro, fue un cilindro, cromado, yo también caigo, pierdo el conocimiento, pues de ahí no sabría qué decirles, no sabría que pasó, se me fue… todo fue muy rápido, fue algo, eso que fue muy duro para mí. (…) Fueron momentos para mí muy largos y a la vez cortos”, dijo Hugo ante un auditorio lleno, con gente de pie, entre la que estaban estudiantes y víctimas de la represión además de periodistas, abogados y ciudadanos en defensa de los derechos humanos.
El abogado Raúl Rodríguez fue el encargado de defender a los cuatro hombres presos en Chalchihuapan, el 9 de julio de 2014. Uno de ellos, un hombre mayor de 70 años que reside en Veracruz fue acusado de aventar del puente de la autopista Puebla-Atlixco a uno de los elementos de la Policía Estatal que fueron enviados para dispersar la manifestación que bloqueaba la vialidad, en oposición al retiro de las facultades del registro civil a las 658 juntas auxiliares del estado de Puebla.
Pero luego de las irregularidades en las acusaciones fueron las propias autoridades las que terminaron retractándose y ahora los cuatro hombres están libres. Eso, a pesar de que no le permitieron al abogado Raúl estar presente cuando los entonces detenidos estaban declarando, momento en que metieron a una persona ligada al grupo Antorcha Campesina para intentar culpar a los problemas internos de la comunidad –entre grupos a favor de Antorcha Campesina y otros que no son simpatizantes– de las revueltas, y quitar la responsabilidad del gobierno estatal en la represión que generó heridos y un muerto.
Una de las veces que tomó la palabra, el abogado legista explicó que a los señores los detuvieron a las tres de la tarde, y la herida al niño José Luis Alberto fue registrada a las 2:45, quince minutos antes. Así que las mismas autoridades que acusaron a los hombres de varios delitos, entre ellos homicidio cuando ya había fallecido José Luis, fueron quienes tuvieron que retractarse. Cuando llegó para buscar a los detenidos, Rodríguez dice que el personal ya sabía de quiénes se trataba. “Ah, los de Chalchihuapan”, decían, y le aseguraban que no iban a salir libres. Si todos los delitos de los que se les acusaba hubieran sido ciertos, habrían pasado hasta 40 años en prisión pero ahora están en sus casas.
Durante casi cuatro horas tomaron la palabra abogados, activistas y ciudadanos. Ciudadanos que no tenían nada que ver con manifestaciones ni oposiciones y terminaron inmersos en la ola de violencia represiva que se ha incrementado en Puebla.
Enedina Rosas es una de las personas presas por oponerse a la construcción del gasoducto del proyecto integral Morelos, que pasará por Puebla, cerca de zonas de riesgo del volcán Popocatépetl, según han denunciado activistas. Al foro asistieron su hija Lucinda y sus abogados, quienes explicaron las irregularidades que se han encontrado en el proceso, como los delitos fabricados del supuesto robo de dos celular y un ataque de Enedina y otras mujeres campesinas a elementos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Al evento, que se alargó casi hora y media más de lo planeado, llegaron también testimonios inesperados, que no estaban en la programación inicial del evento, entre ellos el estudiante Severo Carrera González, del municipio de Alchichihucan, a quien detuvieron y acusaron por la oposición al gasoducto en dicha localidad, pese a que se encontraba en la ciudad de Puebla, y al abogado Enrique Romero Razo, quien fue juez durante una década, y denunció las desiguales pensiones entre un juez (4 mil pesos mensuales) y un magistrado (80 mil), por lo que ha sido suspendido en tres ocasiones consecutivas, ha ganado a la vez tres amparos, pero también ha sido golpeado y le han robado y amenazado.
Un caso paralelo al de Enedina –casi con los mismos elementos de acusación y por la misma oposición al gasoducto– es el de Avelino Velázquez, comisariado de bienes comunales en San Juan Amecac. Primero su abogada, la misma que lleva el caso de Enedina, dijo que ya no iba a llegar porque se encuentra actualmente “prófugo”, debido a la orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, a las 11 y cuarto de la mañana, Avelino llegó acompañado por su esposa Ninfa Domínguez para dar su testimonio. Como su comunidad lo eligió, él tiene que obedecer la voluntad del pueblo, y esa es que no pase el gasoducto Morelos por sus tierras. Lamentó que tenga que estar escondido, que tenga que llegar e irse oculto, porque él no es un delincuente, y se preguntó por qué el gobierno quiere a los ilegales y a los honestos los persigue. Aunque no está preso siente el dolor solidario con sus compañeros, y su vida, pese a que esté en libertad, no es nada fácil, pues no puede salir ni a trabajar para mantener a su familia.
Una madrugada de marzo llegaron a su casa 20 camionetas de la policía “disfrazados”, dice Ninfa, no identificados como cuerpos de seguridad pública. Llegaron y rompieron las cosas, tumbaron la puerta, los espantaron a ella, a su suegra, a su hija de ocho años y a su hijo de 20 con síndrome de down. A Ninfa sólo le dijeron que estaban ahí buscando a su esposo, que estaba fuera trabajando el campo. “Es que su esposo ya debe muchas muertes”, fue el argumento de uno de los hombres vestidos de civil.
Ante la constante y creciente represión se formó el Comité por la libertad de los presos y cese a la represión social en Puebla. Aurelio Fernández, miembro del comité y director de La Jornada de Oriente, dijo que es un horror lo que está pasando. Y la voz de los ciudadanos, las marchas, las acciones y el foro del 10 de septiembre son la prueba de que la sociedad le dice al gobernador Rafael Moreno Valle: “no te tenemos miedo. Aquí estamos y aquí seguiremos.”
