Redacción Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiga presuntas violaciones a las garantías individuales cometidas por las autoridades penitenciarias del estado de Veracruz, en agravio del indígena totonaco Natalio Hernández Márquez, quien desde julio de 2011 se encuentra recluido Centro de Reinserción Social de Papantla.
En un comunicado, el organismo refiere que Hernández Márquez presenta problemas de lenguaje que dificultan la comunicación con su entorno sin que las autoridades penitenciarias se hayan ocupado hasta ahora de hacerle una valoración psicológica para saber la dimensión del daño.
Según reportes periodísticos, el indígena fue detenido por policías estatales el 9 de julio del 2011, junto con Lenin Bernabé Cruz, por la tala de árboles cerca de la comunidad Plan de Limón
Al momento de la aprehensión, ambos presentaron a las autoridades un permiso otorgado por el entonces regidor cuarto, comisionado en fomento agropecuario, Felipe Jiménez Reyes. No obstante, el documento resultó falso, por lo que ambas personas, oriundas de la comunidad de Pueblillo, fueron encarceladas.
Personal del Programa de Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión de la CNDH visitó el pasado 26 de agosto el Cereso de Papantla, donde encontró al indígena totonaco.
Cuando el personal especializado intentó entrevistarlo, se dio cuenta de que su lenguaje “no es coherente”. Al preguntar a “una servidora pública del Centro” la razón de tal situación, ésta manifestó “que no habían advertido tal comportamiento, por lo que tampoco había sido valorado.
Según la CNDH, el derecho a la seguridad jurídica y a la salud son derechos fundamentales para todas las personas, pero con mayor razón cuando se trata de miembros de una comunidad indígena en situación de vulnerabilidad. Ello se torna más pertinente, agregó, cuando están privados de su libertad.
Agregó que “corresponde a las autoridades penitenciarias cumplir sus atribuciones con estricto apego a la ley y velar por la integridad física y mental de las personas en situación de reclusión”.
La Comisión informó que, luego de concluir la investigación y valorar las evidencias del caso, emitirá la determinación que conforme a derecho corresponda.
