Mónica Camacho
La Jornada
Organizaciones sociales, maestros del ala disidente, ediles auxiliares y pobladores de distintas comunidades del estado se unieron en una megamarcha que recorrió la ciudad de Puebla para exigir la renuncia del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
Además de la demanda de justicia para la represión del 9 de julio en Chalchihuapan, otros grupos hicieron pública su condena hacia cinco proyectos que ha impulsado el gobierno estatal sin tener el aval de la ciudadanía, entre los que destaca la privatización del servicio de agua potable y el retiro del servicio del registro civil en las juntas auxiliares.
Los inconformes también repudiaron el apoyo de la administración morenovallista a la instalación del gasoducto Morelos en las faldas del volcán Popocatépetl, el intento de expropiación para un parque temático en San Andrés y San Pedro Cholula, así como las obras de remodelación del Parque Ecológico de la capital por poner en riesgo un aviario con 200 especies distintas.
Se trató de la quinta mega movilización que se organiza contra el Poder Ejecutivo del estado a raíz de la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien perdió la vida el 19 de julio por las heridas en la cabeza que le ocasionó el impacto de un proyectil lanzado por la Policía Estatal durante el operativo de San Bernardino Chalchihuapan.
El contingente de este jueves fue de los más nutridos, ya que los miles de asistentes abarrotaron uno de los sentidos de la avenida Juárez, la cual se extiende a lo largo de 10 calles antes de dar acceso al primer cuadro de la ciudad, donde se ubica el Congreso local, el Palacio Municipal y diversas oficinas del gobierno estatal.
Algunos de los testigos de la protesta calcularon la participación de 13 mil personas, mientras otros más estimaron la presencia de más de 8 mil.
Gobierno, “enemigo común”
Entre las organizaciones que marcharon se encontró la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la cual exigió la reinstalación de maestros que fueron cesados por el gobierno estatal debido a que se negaron a aplicar la prueba ENLACE.
También participó el Movimiento Nacional Los de Abajo, la Organización 28 de Octubre, el Movimiento Independiente de Organizaciones Campesinas, Urbanas y Populares (Miocup), el Movimiento por la Alternativa Social (MAS), así como la Coordinación Estatal por la Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP), que agrupa a 60 presidentes de las juntas auxiliares.
A la marcha se sumaron representantes de la Campaña Nacional Agua para Todos, de la Asamblea Social del Agua, así como habitantes del municipio de Calpan que se oponen al gasoducto Morelos y de las demarcaciones de San Pedro y San Andrés Cholula.
Ante la diversidad de las consignas y de los manifestantes, uno de los oradores de la movilización afirmó a través de los altavoces que fue posible la unión de todos porque tienen claro que “el enemigo común es el gobierno”.
Cerrazón frente al reclamo
El contingente recorrió en tres horas cuatro kilómetros de la zona centro de la ciudad hasta llegar a Casa Aguayo, sede de la Secretaría General de Gobierno (SGG), a lo largo de los cuales fueron constantes las consignas contra el mandatario local, al que tacharon de “asesino” y “protector de delincuentes”.
Los inconformes realizaron tres escalas: en las oficinas de TV Azteca Puebla para denunciar el cerco informativo de los medios oficiales contra las movilizaciones; en el Congreso del estado, en donde exigieron derogar la conocida #LeyBala, que dio origen a los actos de represión contras las comunidades, y en Palacio Municipal, en el que despacha como edil capitalino Antonio Gali Fayad, ex secretario de Infraestructura de Moreno Valle.
A su paso los marchantes solo encontraron inmuebles públicos que fueron cerrados deliberadamente para impedirles el acceso. En el caso del ayuntamiento de Puebla, las oficinas fueron custodiadas por medio centenar de granaderos con equipo antimotín que formó un perímetro en torno al portón principal.
“Nosotros no venimos a agredir a los policías, nuestra marcha es pacífica”, expresó uno de los diversos oradores que tuvo la movilización, tras percatarse del operativo de seguridad que se montó en palacio municipal.
Asimismo, los manifestantes acusaron que el resolutivo que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el fallecimiento de Tehuatlie Tamayo fue insuficiente, debido a que no derivó en el inicio de un juicio político contra el mandatario local y reprobaron el comportamiento asumido por el gobierno estatal tras el fallo.
“No quieren dar ni siquiera una disculpa pública a la mamá de José Luis, a pesar de que la comisión constató que fueron los policías quienes lo asesinaron”, reprobó uno de los manifestantes que hizo uso del micrófono.
Amenazas de plantón
En las proximidades de Casa Aguayo el contingente se dividió: mientras la 28 de octubre decidió concluir su participación sin llegar a las oficinas de la SGG, los pobladores de San Andrés y San Pedro Cholula no se detuvieron hasta tener enfrente la casona amarilla donde despacha Luis Maldonado Venegas, responsable de la política interna del estado.
Los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, encabezados por su alcalde auxiliar, Javier Montes Bautista, secundaron a los cholultecas y junto con ellos instalaron un plantón frente al inmueble, con la amenaza de que sería permanente de no recibir una respuesta de las autoridades.
El inmueble permaneció cerrado por espacio de una hora, durante la cual los participantes en la protesta continuaron sus reclamos contra la administración estatal con un mitin improvisado que se hizo acompañar de un bloqueo sobre el bulevar 5 de Mayo, a la altura de la prolongación de la 14 Oriente.
La movilización se alargó hasta las 7 de la noche. Los últimos que se retiraron fueron los habitantes de Chalchihuapan, quienes pactaron con funcionarios de la SGG de medio nivel un encuentro con Luis Maldonado, el cual supuestamente se llevará a cabo a las 14 horas de este viernes.
