Ahora panistas se rasgan las vestiduras por «ley» de Duarte que reprime marchas y que ellos impulsaron con Calderón

La nota cínica del día:

Jair García
La Jornada

El diputado local Julen Rementería del Puerto opinó que la iniciativa de reforma a la Ley de Tránsito y Transporte del legislador priísta Adolfo Ramírez Arana es en realidad una “ley de seguridad” para justificar el desalojo de las protestas ciudadanas.

Estimó que el gobierno estatal podría hacer uso de la fuerza pública en contra de aquellas manifestaciones que pudieran surgir previo o durante la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Por ello, calificó como un exceso la iniciativa del legislador priísta, que no dudó en breve pudiera ser aprobada por la mayor del PRI y partidos “satélites”.

Desde ahora, dejó en claro que el Partido Acción Nacional no votará a favor de esa iniciativa, porque se trata de una ley de seguridad excesiva y que prohíbe la libertad de protesta y manifestación de los veracruzanos.

“Ahora el diputado Adolfo Ramírez Arana quiera matizarla con un cambio de palabras, diciendo que sólo se van a reglamentar las marchas, pero llegan a otros abusos como pretender prohibir el uso de las bicicletas”, agregó.

Indicó que tal iniciativa pudo haber salido desde algún escritorio de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), instancia que podría hacer uso de toda su fuerza para retirar aquellas manifestaciones que no le son afines al gobierno estatal que, dijo, son la mayoría.

Julen Rementería del Puerto comentó que la iniciativa exagera muchas cosas de los derechos y placeres ciudadanos, por lo que la propuesta priísta pareciera que se trata de un instrumento de sanción, pues más que una ley de tránsito parece más de seguridad, donde tocan asuntos de tránsito.

“Querer cambiar o matizar la ley con dos palabras me parece que no es suficiente, porque la ley prohíbe a los peatones hasta andar en bicicleta y que los niños anden en patines en las banquetas, por lo tanto no se puede dejar así”, añadió.

Insistió que lo que pretenden los legisladores priístas es aprovechar las todas circunstancias que pueda haber en una ley de tránsito para irse más allá en otros aspectos, sobre todo en materia de seguridad.

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