Redacción Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Pese a la escalada de violencia que se vive en la entidad, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, afirmó que no claudicará a su responsabilidad.
Luego de padecer una de las jornadas más violentas, con el incendio de las sedes del gobierno estatal, el Congreso local y el municipio de Chilpancingo, el mandatario perredista declaró a Noticas MVS primera emisión que responderá a la crisis que atraviesa su gobierno a partir de tres acciones: Localizar a los 43 desaparecidos, agilizar hasta donde sea posible las investigaciones para castigar a los responsables y detener al alcalde de Iguala por los hechos violentos del 26 de septiembre, y que estos eventos no impacten la actividad turística en el estado.
Aguirre Rivero dijo que está y siempre ha estado abierto al diálogo con los normalistas que exigen la presentación con vida de sus 43 compañeros y condenó los destrozos causados en el Palacio de Gobierno, el Congreso local y el Ayuntamiento.
“Son actos de vil vandalismo, no se puede entender de otra manera”, dijo y añadió que con ellos “se pretende confrontar”, es una “provocación que genere más situaciones complicadas y desestabilizadoras”, sostuvo.
En la entrevista, el gobernador deslizó la posibilidad de que los estudiantes desaparecidos sigan con vida, porque aclaró que de las nueve fosas encontradas hasta ahora en Iguala, algunas no fueron excavadas recientemente.
Sobre las exigencias para que renuncie al cargo, Aguirre señaló que si se va o se queda “es secundario, lo fundamental es que estos jóvenes puedan regresar con vida.
“Yo he dicho que cuando se conozca el resultado de las investigación me ajustaré sea cual sea el resultado. Yo en ningún momento he detenido las acciones que me corresponden como gobernador y lo voy a hacer hasta el último momento (…) seguiré contribuyendo para que regrese el clima de tranquilidad, no voy a claudicar a mi responsabilidad”, sostuvo.
No se trata, abundó, de que se “empecine” en mantenerse en el cargo y afirmó que ya está evaluando impulsar la figura de revocación de mandato, luego que el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazara su propuesta de una consulta sobre si debía o no continuar en el cargo.
Aguirre Rivero negó tajante cualquier vínculo con el crimen organizado o tener parentesco con Víctor Aguirre, presunto jefe de grupos delictivos en Acapulco.
Aseguró que después del ataque de policías municipales de Iguala a los normalistas, el 26 de septiembre, pidió al procurador del estado Iñaki Blanco, detener al acalde José Luis Abarca, pero le dijo que primero había que retirar el fuero al edil.
“Yo di instrucciones precisas de que si había condiciones, se procediera contra el alcalde. Se lo instruí días antes de que presentara su solicitud de licencia; me dijo (el procurador) que no hay condiciones de detenerlo porque goza de fuero”, contó.
En ese inter, dijo, el alcalde solicitó licencia a su cargo y ahora ni él ni su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, quien pretendía suceder a su esposo en el cargo, están localizables.
El gobernador guerrerense confirmó que el pasado 26 de septiembre, la esposa de Abarca manifestó su interés en postularse por la alcaldía de Iguala mientras llevaba a cabo una fiesta en las instalaciones del DIF local y dijo que posiblemente por estos hechos hubiera solicitado que policías desalojaran a los normalistas que reunían fondos para movilizarse al Distrito Federal para participar en la macha del 2 de octubre.
“Llama la atención el por qué (los normalistas) se trasladaron a Iguala ese día… No quiero especular pero se tienen que investigar todas las líneas, qué fue lo que sucedió ese día… El 26 de septiembre, a la esposa de Abarca le causó un gran malestar que había jóvenes en la central de autobuses y posiblemente eso motivó que se diera la orden”, arguyó Aguirre.
Además reconoció que “era del dominio público los posibles vínculos del alcalde con la delincuencia organizada” y afirmó que los denunció personalmente al delegado de la PGR en Guerrero, quien debió abrir una investigación federal contra Abarca.
Asimismo deslindó de los hechos a la Policía Estatal al afirmar que en la agresión contra estudiantes y otros habitantes de Iguala –entre ellos un menor de edad del equipo de futbol, Los Avispones de Chilpancingo—sólo participó la policía municipal que está bajo las órdenes del director de seguridad del municipio y del alcalde de Iguala.
