Blanche Petrich
La Jornada
Chilpancingo, Gro. Por su magnitud, hay crímenes contra el derecho humanitario –como la desaparición de los 43 muchachos de Iguala; como los daños de la guerra sucia en los años 70– donde la reparación del daño al que el Estado está obligado es imposible cubrir. «Simplemente no hay modo, por la profundidad del daño causado a las victimas y a la sociedad», afirmó hoy el presidente de la comisión de la verdad para Guerrero Enrique González Ruiz al presentar ante los Poderes Legislativo y Judicial el informe final del organismo.
Entre sus recomendaciones, Comverdad, que registró casos de 512 desapariciones forzadas permanentes o temporales hace 40 años, propuso que se apliquen los criterios de la justicia universal para la reparación integral.
Esta comprende la reivindicación de las victimas devolviendo su calidad de ciudadanos y luchadores en los que en su momento fueron llamados públicamente como «maleantes, gavilleros o robavacas».
Al designar específicamente a víctimas y victimarios de este periodo, Comverdad propuso que el Congreso del estado guerrerense retire la placa conmemorativa al Ejército mexicano exhibida en los muros de honor de la sede del poder legislativo estatal.
El diputado Bernardo Ortega, presente en el acto, prometió que los legisladores ‘»analizarán» la recomendación.
González Ruiz, presidente de Comverdad, amplió el sentido de esta propuesta afirmando que «es inaceptable» que existan monumentos y vialidades con los nombres de ex presidentes y gobernadores de ese período.
El periodo investigado corresponde a las administraciones de Gustavo Diaz Ordaz y Luis Echeverría Alvarez y a las gubernaturas de Israel Nogueda Otero y Rubén Figueroa Figueroa.
