Fernando Inés Carmona
La Jornada
Ixtaczoquitlán, Ver.- Los empresarios promotores de la hidroeléctrica El Naranjal habrían incurrido en tráfico de influencias e incluso corrupción en dependencias federales para agilizar la venta de tierras contempladas en el proyecto de construcción; ejidatarios de este municipio acusan que hay comuneros amenazados para obligarlos a vender sus tierras, refirió Adolfo Tlaxcala, representante de la agrupación Timocepanotoke Noche Altepeme Macehualme (Unión de Todos los Pueblos Pobres, en náhuatl, o Tinam).
La delegación de la Procuraduría Agraria (PA) incurre en irregularidades “para despojar de sus tierras a los ejidatarios y favorecer los intereses de la hidroeléctrica El Naranjal, que continúa con sus trámites para la adjudicación de terrenos. Tenemos el caso de la jefa de Residencia de la Procuraduría Agraria en Córdoba, Mónica Sandoval Barojas, quien han demostrado una actitud impositiva, autoritaria, omisa, provocadora, alevosa y de desprecio ante la problemática en el ejido”.
Dijo que con ello, la funcionaria “lo único que logra es alentar la ambición y corrupción de las autoridades ejidales y los tres niveles de gobierno, imponiendo arbitrariamente la inscripción obligatoria a programas de regularización ejidal y aprovechándose de la ignorancia de los ejidatarios, se prometen falsos beneficios, en programas asistenciales, seguridad en adquisición y préstamos bancarios, todo encaminada a la posibilidad de vender a buen precio sus tierras, invitándolos a entrar a un nuevo estado de modernidad como dueños de sus parcelas”.
Estos argumentos “son falsos y lo único que promueven es el despojo legalizado, el surgimiento de neo-cacicazgos y la pérdida del patrimonio único familiar, incluso declara que la participación en el programa es obligatoria y se demuestra que su principal interés no es el desarrollo y fortalecimiento del ejido, sino la implementación de las políticas neoliberales, concretamente el proyecto Hidroeléctrico El Naranjal, obteniendo prebendas y premios por su desempeño mezquino, sin importarles el gran daño social y ecológico que ocasionaran en la región”.
Así, “se han violado de manera sistemáticamente los derechos humanos y constitucionales de los habitantes del ejido, imponiendo de manera obligatoria los lineamientos que no es más que la continuidad punitiva de la política del régimen neoliberal cuyo fin es la desaparición del régimen ejidal y bienes comunales, convirtiéndolo en propiedad privada dando la facilidad al capitalista para el despojo de las tierras al campesino y así acaparar y obtener jugosas ganancias para la oligarquía nacional y extranjera”.
Con esto “lo que se intenta es favorecer a los empresarios del proyecto hidroeléctrico de El Naranjal y no tan sólo se intenta obligar a los ejidatarios a vender sus tierras a bajos precios, sino que además se les amenaza con proceder, por la vía legal, si es que se niegan a vender, a bajo precio, sus tierras. Cada vez la situación es más complicada. Por la forma en la que actúan funcionarios de esa dependencia no dudamos que haya irregularidades porque sorprende el interés e insistencia por obligar a vender las tierras”.
