Gabriela Hernández
Proceso
PUEBLA, Pue. (apro).- El Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla realizó una marcha en la capital mexicana para protestar por “la política represora” impuesta por el gobierno de Rafael Moreno Valle, que a la fecha ha encarcelado a más de 150 personas.
Las 25 organizaciones participantes, que se trasladaron al Distrito Federal en autobuses y vehículos particulares, entregaron sendas denuncias en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Senado de la República y la Secretaría de Gobernación (Segob), donde hicieron una relatoría de los hechos represivos atribuidos al gobernador poblano.
En el escrito que presentaron ante el Senado, las agrupaciones señalaron que existen elementos para declarar la desaparición de poderes en Puebla y llevar a juicio político a Moreno Valle.
El documento fue dirigido al poblano Luis Miguel Barbosa, presidente de la Cámara alta; Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Cámara de Diputados, y Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro.
Los inconformes se pronunciaron por la liberación de 45 presos políticos, entre los que se encuentran amas de casa, campesinos, indígenas, mototaxistas, luchadores sociales, activistas y presidentes auxiliares, y demandaron la cancelación de órdenes de aprehensión contra ciudadanos que participaron en protestas o movimientos sociales.
También exigieron la suspensión definitiva de las obras del Parque de las Siete Culturas en Cholula y la cancelación del Gasoducto Morelos, que se pretende construir en la zona de riesgo del volcán Popocatépetl.
El Frente de Organizaciones Sociales demandó abrogar las reformas promovidas por Moreno Valle que han causado diversos conflictos sociales, entre ellas la que privatiza el servicio de agua potable, así como la llamada Ley Bala, la Ley de Expropiación conocida como Ley Despojo y las reformas a la Ley Orgánica Municipal, que quitan atribuciones a las Juntas Auxiliares.
De igual manera, reclamaron justicia para el pueblo de Chalchihuapan y frenar la persecución que el gobernador ha desatado contra esa comunidad.
En los documentos que entregaron a la CNDH y la Segob, precisaron que el clima de represión que se vive en Puebla ya cobró tres vidas: la del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, en Chalchihuapan; la del izquierdista Delfino Melga Flores, quien a sus 90 años falleció en la cárcel, y el asesinato de Antonio Esteban Cruz, opositor a los megaproyectos en la Sierra Norte.
“Rafael (Moreno Valle) gobierna en relación a sus intereses particulares y objetivos políticos, aunque para ello tenga que violentar los derechos humanos y pisotear la división de poderes”, subrayaron.
Añadieron: “Les decimos que no tenemos mayor interés que el de la construcción de la gobernabilidad en el estado de Puebla, para partir a la solución de nuestras demandas”.
La marcha estuvo encabezada, entre otros, por la diputada federal Roxana Luna Porquillo; el vocero de la Coordinadora Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos, José Salomé Pacio Grande, e integrantes del Frente de Pueblos, de la agrupación Los de Abajo, del Movimiento de Pueblos Cholultecas y del Movimiento en Defensa de Ajalpan.
El contingente poblano hizo una parada en el Monumento a la Revolución, luego se dirigió a las oficinas de la Segob y posteriormente a la CNDH.
En su escrito demandaron atención a lo que ocurre en Puebla, así como la instalación de una mesa de diálogo donde haya intermediación de los poderes Ejecutivo y Legislativo federales.
“Pedimos al gobierno federal que intermedie en el conflicto que vivimos en Puebla, para que haya un cese total a la guerra y la represión contra el pueblo que lucha por libertad, democracia, trabajo y bienestar en oposición a la política gubernamental”, apuntaron.
