Ya lo hacía, sólo que ahora podrá hacerlo descaradamente y amparado en una ley espuria, proveniente de un congreso fraudulento. Pero síganle con el mundial, ¿eh?
Redacción / Sinembargo
Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).– Sucedió. Los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), así como la mayor parte de la bancada de Acción Nacional (PAN) y un legislador del de la Revolución Democrática (PRD), aprobaron en la Cámara de Diputados, en lo general y en lo particular, la llamada Reforma en materia de Telecomunicaciones.
El Diputado perredista Javier Salinas Narváez fue el único de izquierda que votó a favor, durante una discusión en la que, desde comisiones, dominó la llamada “telebancada”, que responde a los intereses de Televisa y TV Azteca.
Apenas seis panistas, la mayor parte del PRD y los partidos del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, de izquierda, votaron en contra. En lo general, la Ley Telecom quedó aprobada por 340 votos a favor y 129 en contra.
[Aquí viene la pendejada deliberada que siempre comete Sinembargo, para echar a perder su denuncia:]
Sólo falta que el Presidente Enrique Peña Nieto promulgue los cambios. Es decir, la Reforma es un hecho.
[Por pendejadas CRIMINALES como esa (legitimar a un criminal y volverse su cómplice), la gente que busca informarse no reacciona. La prensa «contestataria» no hace más que legitimar a los delincuentes y dedicarse a denunciar cada seis años sus atropellos, entreguismo y traciones al pueblo, haciendo de la falsa denuncia su modus viviendi. FARSANTES]
Se crean dos leyes: la Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y una del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Se reforman más de 10 normas vigentes, entre ellas, la de Derecho de Autor y la de Inversión Extranjera.
A pesar de las múltiples peticiones, protestas y llamados, la discusión se dio durante lo más álgido del Mundial de futbol, mientras millones de mexicanos están sustraídos por la televisión. La aprobación llega a unos días de la final, que es el domingo.
Por la madrugada, el PRI rechazó la propuesta del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y PT para modificar el proyecto y condicionar la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles a la orden expresa de la autoridad judicial, y que se use para facilitar investigaciones en materia de delincuencia organizada, secuestro o extorsión.
La oposición planteó igualmente la supresión del artículo que prevé el almacenamiento hasta por dos años de las comunicaciones entre los usuarios, así como el bloqueo de las señales de telefonía, internet y otras, al considerar que dichas medidas son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión.
La legisladora panista Beatriz Zavala dijo que “en ciertos contextos, como el de la protesta social, podría atentar de manera grave contra la integridad y seguridad de la ciudadanía, y podría impedir la documentación de violaciones a los derechos humanos o la labor periodística”.
Las bancadas del PRI, PVEM y Nueva Alianza rechazaron la referida reserva con 225 votos, por encima de los 171 a favor emitidos por el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y el PT.
Fue un debate de 20 horas. Se presentaron 549 reservas, aunque se retiraron alrededor de 160. El resto fue rechazada una por una.
La Diputada panista Rocío Reza advirtió que se prepara un recurso de inconstitucionalidad contra los “extremos” del artículo 189, que se refiere a que los temas de geolocalización, almacenamiento de datos y bloqueo de señales.
La diputada perredista Purificación Carpinteyro Calderón, solicitó a la Mesa Directiva la palabra para intervenir en lo particular, sin embargo, el presidente en turno de la Mesa Directiva, Marcelo de Jesús Torres Cofiño se lo impidió y dio lectura a un documento.
“Esta Presidencia perfectamente tiene conocimiento de que usted remitió a la Junta de Coordinación Política un documento en el cual se excusa. Es cierto totalmente y es de dominio público. Esto fue una excusa para conocer, precisamente, del tema que está hoy a discusión”.
Así lo informó, incluso, el diputado Miguel Alonso Raya durante la reunión de Comisiones Unidas que aprobaron el dictamen que se discute. Por ello, se actualiza el supuesto, previsto en el artículo 8º, numeral uno, fracción VI, del Reglamento, que me voy a dar la oportunidad de darle lectura:
“Serán obligaciones de las diputadas y diputados, informar de los asuntos en los que tengan interés o puedan obtener beneficios personales y excusarse de participar en la promoción, gestión, recomendación y discusión de los mismos”.
Por esta razón, dijo el panista, “me veo obligado a negarle el uso de la voz, ya que usted se ha excusado en términos del Reglamento para participar en esta discusión”.
Luego haría uso de la tribuna la representante de Movimiento Ciudadano, Luisa María Alcalde Luján, quien dio a conocer que apenas se había votado en lo general las leyes secundarias, América Móvil sacó un comunicado.
Dicho documento menciona que la propiedad de Carlos Slim decidió desincorporar activos para ostentar menos del 50 por ciento de la participación del mercado de telecomunicaciones y dejar de ser agente económico preponderante.
Esta decisión de desincorporación y venta de activos, es evidencia de que en la medida de que la preponderancia se determine por sector y no por servicio sea una ridiculez. “Ahora resulta que ni América Móvil va a ser preponderante en telecomunicaciones ni Televisa en radiodifusión”, externó.
FACULTADES AMPLIAS
“Esta Presidencia perfectamente tiene conocimiento de que usted remitió a la Junta de Coordinación Política un documento en el cual se excusa. Es cierto totalmente y es de dominio público. Esto fue una excusa para conocer, precisamente, del tema que está hoy a discusión”.
Ayer, Javier Sicilia Zardain, dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, dijo que la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión está rodeada de intereses y de distintos discursos que los acompañan y uno de ellos, “que encierra una mentira en el fondo”, es el discurso que busca darle facultades amplias a las agencias de seguridad pública y nacional para cumplir con su deber inaugurando un estado de vigilancia masiva a través de las tecnologías de la comunicación, denuncia.
Detrás de ese discurso, expuso el activista en un pronunciamiento de la Organización No Gubernamental (ONG), “se encierra una de las bases fundamentales del autoritarismo: el poder que se ejerce en secreto, a discreción y sin controles”.
Para Javier Sicilia, ante el nivel de violencia que sufre el país, el argumento de ampliar las facultades de los organismos de seguridad pública parece lo más sensato, sin poner ojo crítico sobre sus planteamientos.
“Muchos hemos sufrido la tempestad del crimen organizado, y frente a un Estado que ha fallado en su tarea más básica, pocos podemos siquiera imaginar el escatimar cualquier recurso”, expone.
Pero el autoritarismo, afirma, está presente en esa propuesta, pues “usando el lamentable contexto del país, se ha vendido la idea de que debemos buscar la seguridad de las personas incluso a costa de ellas mismas”.
RADIO COMUNITARIA DE RISA
La Cámara de Diputados aprobó en lo general las leyes secundarias en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y uno de los actores más afectados son los medios comunitarios pues, además de que sólo se les estará considerando en radiodifusión y no en televisión, se les asignarán frecuencias con difícil alcance y con una calidad muy baja, denunciaron especialistas y miembros de radios comunitarias.
El Artículo 90 señala:
El Instituto deberá reservar para estaciones de radio FM [Frecuencia Modulada] comunitarias e indígenas el diez por ciento de la banda de radiodifusión sonora de FM, que va de los 88 a los 108 MHz. Dicho porcentaje se concesionará en la parte alta de la referida banda.
El Instituto podrá otorgar concesiones para estaciones de radio AM [Amplitud Moderada], comunitarias e indígenas, en el segmento de la banda del espectro radioeléctrico ampliada que va de los 1605 a los 1705 KHz. Lo anterior, sin perjuicio de que el Instituto pueda otorgar concesiones de uso público, comercial o social, que no sean comunitarias o indígenas, en el resto del segmento de AM.
Al respecto, Aleida Calleja, coordinadora de Advocacy del Observatorio Latinoamericano sobre Regulación, Medios y Convergencia, dijo que se les dejó las últimas frecuencias de AM y FM, es decir, se les dejó “las peores frecuencias porque en AM hay radios no sintonizan esas frecuencias, las cules se abrieron en los años 90, siendo el AM es una tecnología que está en desuso, pues muchos aparatos no tienen la banda para escucharla”.
Respecto a la banda FM, Calleja explicó para SinEmbargo que “ese tipo de frecuencia te restringe a una baja potencia y que además… pues la calidad es pésima”.
En la iniciativa original presentada por el Senador de Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, se mencionaba que sólo les otorgarían 20 watts de potencia. Sin embargo esa parte se eliminó del dictamen aprobado ayer en San Lázaro y siguen sin darles beneficio a las radios comunitarias.
“La siguieron afinando [la iniciativa] a las peores frecuencias del espectro y ahí el tema es que incluso podría haber más espectro en ciudades donde se supone que hay saturación en FM como México, Monterrey, Guadalajara. Podría haber mucho más espectro, si se cambiara la norma oficial mexicana de los 800 khz a los 400 khz –que eso ya se hizo en todo el mundo– y tendría una ganancia espectral de casi el doble de frecuencias. Por esa vía, los medios comunitarios pudieran tener frecuencias decentes y también por eso les restringen a solamente el 10 por ciento, que son dos frecuencias. Entonces imagínate, ciudades como Monterrey, Guadalajara o la Ciudad de México que tienen tanta pluralidad de grupos sociales, solamente habrá dos frecuencias”, explicó la ex presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI).
En el mismo tono, Héctor Camero Haro, representante de México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), dijo que a pesar de que se echó para abajo la mayor amenaza que era la baja potencia de los 20 watts, “todavía nos colocan en la parte más alta de la frecuencia, esa que tiene mayor problemas para oírse, mayor dificultad para la calidad. No tienen ninguna justificación que digan ‘vamos a autorizarles un 10 por ciento de reservas’ pero son reservas de allá del fondo”.
Denunció que la ley indica que se debe asignar las mejores frecuencias para todos, “y si no se hace así pues nos están discriminando porque a los [concesionarios] comerciales con potencias de decenas de miles de watts les dan prioridad en los espacios del cuadrante y a nosotros nos relegan”.
