Yadira Llaven Anzures
La Jornada (Foto: La activista indígena Enedina Rosas Vélez. Imagen de archivo)
Organizaciones sociales y campesinas marcharon este martes en 11 estados del país para exigir la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, entre ellos los ambientalistas poblanos Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, recluidos por el gobierno de derecha de Rafael Moreno Valle Rosas por oponerse a la construcción del gasoducto Morelos y el Arco Poniente.
Derivado de la megamovilización, anoche se confirmó que la Secretaría de Gobernación federal (Segob) abrió una mesa de trabajo con los inconformes, encabezada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, para analizar el caso de las violaciones a los derechos humanos de los detenidos, así como los procesos penales irregulares.
En tanto, agrupaciones sociales alemanas se solidarizaron con los presos ambientalistas poblanos, y a través de un comunicado repudiaron las acciones represivas y criminales que ejercen el presidente Enrique Pena Nieto y los gobernadores de Puebla, Rafael Moreno Valle; Graco Ramírez, de Morelos, y Mariano González Zarur, de Tlaxcala, en contra de los pobladores por imponer el Proyecto Integral Morelos (PIM).
Las organizaciones germanas son el Comité de Solidaridad con los Pueblos en Resistencia de América Latina (Cospral Alemania), la Cadena de Derechos Humanos Honduras (Cadeho–Alemania), la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia München–Alemania, el Colectivo de Apoyo al Pueblo Mapuche, en Berlín, y las Mujeres Latinoamericanas en Resistencia en Berlín.
Desde hace tres meses los tres luchadores sociales se encuentran detenidos en los penales de Atlixco y Cholula, acusados de una serie de delitos “fabricados” por empleados del gobierno estatal, por frenar la construcción de megaproyectos en la entidad.
La marcha también fue en solidaridad a Marco Antonio Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras de la Presa La Parota (CECOP), detenido por agentes ministeriales el pasado 17 de junio por defender los derechos de los pueblos en el estado de Guerrero.
Cientos de pobladores de diferentes regiones del estado marcharon por las diferentes calles de la capital poblana para exigir un cese a la criminalización de la protesta social en Puebla, impulsada por el gobierno estatal con la #LeyBala.
La convocatoria lanzada por 40 agrupaciones sociales y campesinas, obedece a la “Movilización Dislocada Nacional” que se efectuó a la par en diferentes estados de la República, organizada por el Frente Indígena y Campesino (Ficam), la Red Autónoma Anticapitalista y la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas Eléctricas.
En Puebla la marcha fue encabezada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala, el Movimiento por la Alternativa Social (MAS), el Movimiento Nacional Los de Abajo, la Red Nacional de Resistencia Civil, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Frente Poblano contra la Represión, el Movimiento Independiente, Obrero, Campesino, Urbano y Popular, y la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”.
En el recorrido de la marcha, que partió de la Fuente de los Frailes al zócalo poblano, se realizó un mitin frente a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH), donde exigieron la destitución de su titular, Adolfo López Badillo.
Señalaron al ombudsman de cómplice por la detención del luchador social Juan Carlos Flores Solís, en la salida de las instalaciones de la CDH, cuando acudió a este organismo a interponer una queja por la detención arbitraria de la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez.
López Badillo fue reelecto en el cargo hasta el año 2019, por el gobierno derechista de Rafael Moreno Valle Rosas, propuesta que fue avalada por la semana pasada por la LXI Legislatura del Congreso local.
En la Comisión de Derechos Humanos, los manifestantes arguyeron que existen irregularidades en los procesos penales en contra de Enedina, Juan Carlos y Abraham, por lo que demandaron al organismo un análisis público de las órdenes de aprehensión, así como de las 10 recién liberadas.
El contingente también manifestó su descontento por la instalación del gasoducto en Santa Isabel Cholula, pues refirieron que se ha efectuado la venta de algunos terrenos ejidales, que ponen en riesgo el suministro de agua en la región.
Asimismo, expusieron la escalada de denuncias penales en contra de campesinos y dirigentes sociales en la entidad, que pasaron del fueron común al ámbito federal.
Llamó la atención que el Primer Visitador General de la CDH respondió que este organismo no es competente para analizar el actuar de los órganos jurisdiccionales, y que el expediente relativo a la instalación del Gasoducto fue atraído por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por ser de interés público nacional.
Se solidarizan organizaciones alemanas con pueblos de México
Frente a la CDH, los inconformes dieron lectura a un pronunciamiento en solidaridad con los pueblos en resistencia de Puebla, Morelos y Tlaxcala opositores al Proyecto Integral Morelos y al Arco Poniente, así también en contra de acciones represivas de los gobiernos en México.
Miriam Vargas Teutle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, informó que organizaciones alemanas reconocieron la lucha de personas, pueblos, colectivos y organizaciones que resisten a seguir siendo colonizados, despojados, robados, despreciados, reprimidos, encarcelados y asesinados por la implementación de megaproyectos con el pretexto de bienestar y desarrollo.
“La lucha de los pueblos por conservar su territorio y su medio ambiente, base de su existencia, de su cultura y de la vida en general, no debe seguir siendo pisoteada por intereses privados de empresas trasnacionales y nacionales apoyadas por los gobiernos federal y estatales que no buscan de ninguna manera el bienestar de los pueblos”, destacó del comunicado, por lo que manifestó que las agrupaciones germanas se solidarizaron con los pueblos en resistencia en México, y en especial se unieron al reclamo de las comunidades rurales de Puebla, Morelos y Tlaxcala que llevan dos años luchando contra el Proyecto integral Morelos y el Arco Poniente.
Los teutones además manifestaron su profundo rechazo a las intimidaciones que sufren los opositores al PIM, como ejemplo, el caso del doctor Ricardo Pérez Avilés, profesor investigador del Departamento Universitario de Desarrollo Sustentable de la UAP, su familia y su asistente, Alberto Melchor Montero.
Exigieron se frenen las órdenes de aprehensión contra Avelino Velázquez Tapia, comisario de Bienes Comunales de San Juan Amecac y contra otros opositores a estos proyectos.
Finalmente, Miriam Vargas dijo que los alemanes reprobaron las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que cometen desde hace dos años las empresas españolas Elecnor, Abengoa y Enagas, con la subcontratada empresa italiana Bonatti SPA, a través de la CFE y los gobiernos –federal y estatales– contra las comunidades en resistencia al PIM.
“Los pueblos tienen el derecho a decidir, a ser consultados y respetados sobre su territorio, su vida y su cultura. La imposición de estos megaproyectos violenta la misma constitución mexicana y los convenios internacionales que el gobierno mexicano se comprometió a cumplir, como el convenio 169 de la OIT”, denunció a nombre de las organizaciones.
Las actividades de la movilización concluyeron la tarde de este martes en el zócalo poblano, con una jornada de actividades artísticas y culturales.
