Gabriela Hernández
Proceso
PUEBLA, Pue. (apro).- Ante el clima de represión que priva en la entidad, y que se agravó con la agresión policiaca que sufrieron habitantes de la junta auxiliar de Chalchihuapan, el Movimiento por la Alternativa Social (MAS) pidió al gobierno federal declarar la desaparición de poderes en el estado.
El MAS aseguró en un comunicado que la entidad vive una total ingobernabilidad luego de que el gobierno de Rafael Moreno Valle, con el pretexto de la llamada ley bala, busca acallar las protestas populares disparando balas de goma contra los manifestantes, como ocurrió en San Bernardino Chalchihuapan, junta auxiliar de Ocoyucan.
El miércoles 9, la policía estatal atacó con gases lacrimógenos y balas de goma a habitantes de esa comunidad que tenían bloqueada la autopista Puebla-Atlixco para exigir que las oficinas del Registro Civil fueran restituidas a la comunidad.
Luego de la represión, los manifestantes respondieron con piedras y palos, lo que desató una verdadera batalla campal.
Alternativa Social señaló que este choque entre pobladores y granaderos dejó como saldo una anciana desaparecida y más de cien inconformes lesionados, entre ellos un niño y un joven que se debaten entre la vida y la muerte; un sexagenario que podría perder el habla porque una bala de goma le destrozó mandíbula, lengua y dientes, otro que corre riesgo de perder un ojo y uno más su mano.
Por esta razón, “exigimos la urgente intervención de la Secretaría de Gobernación federal y la desaparición de facto del Poder Ejecutivo en el estado de Puebla, como recientemente ocurrió en Michoacán”, expuso el MAS.
La organización popular señaló que sólo en los últimos tres meses el gobierno de Moreno Valle ha metido a la cárcel a por lo menos 30 campesinos, mototaxistas, defensores de los derechos humanos y población en general que se ha manifestado para exigir solución a sus demandas.
“No queremos que asesinen a otro luchador social como Antonio Esteban Cruz, del MIOCUP (Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular), ni que encarcelen a más pobladores que sólo exigen solución a sus problemas sociales y que en respuesta obtienen del gobierno la ‘fabricación’ de delitos que los inculpa hasta con 30 años de cárcel”, agregó.
Entre los activistas que han sido detenidos en los últimos meses destacan Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, opositores a la construcción del Gasoducto Morelos; 12 mototaxistas de San Francisco Ocotlán, Xoxtla y Acatzingo, incluida la exalcalde auxiliar de Zoquiapan, Casilda Dávalos Pajarito.
Igual, detalló que también el gobierno encarceló a seis vecinos de Cacalotepec por protestar contra las deficiencias del sistema de transporte Metrobús; seis pobladores detenidos en Tehuacán, y cuatro de Chalchihuapan por protestar por el retiro del servicio del Registro Civil de sus pueblos.
Aparte, el MAS advirtió que tiene conocimiento de que igual existen ocho órdenes de aprehensión contra vecinos del municipio de Tochtepec, quienes el jueves 10 marcharon en su localidad para solicitar al gobierno que se cancele la construcción de una cancha de futbol rápido en pleno zócalo que data del siglo XVII.
“Pero se habla que en la entidad existen por lo menos 100 órdenes de aprehensión en contra de gente que sólo quiere solución a sus demandas”, precisó el MAS, que agrupa a organizaciones civiles y sindicatos independientes de la entidad.
Ante este panorama, el MAS pidió la intervención del gobierno federal para que se declare la desaparición de poderes en la entidad y se eviten más muertes; de igual forma pide que Amnistía Internacional (AI) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) den cuenta de la violación a los derechos humanos contra los pobladores, así como la liberación de los presos políticos en el estado.
Por otra parte, abogados de los habitantes de Chalchihuapan detenidos señalaron que existen al menos 10 órdenes de aprehensión más en contra de otros vecinos de esa comunidad, incluyendo al presidente auxiliar Javier Montes Bautista.
Los lugareños detenidos fueron identificados como Félix Montes Xelhua, Sergio Clemente Jiménez Tacalero, Santiago Pérez Tamayo y Antonio Víctor Montes Contreras.
A ellos se les procesa por ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, lesiones, daño en propiedad ajena doloso, motín, privación ilegal de la libertad, homicidio en grado de tentativa y robo, por los que podrían alcanzar hasta 50 años de cárcel.
De acuerdo con información publicada en el periódico Cambio, adjudicada a fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los policías estatales dispararon carabinas AM-600 calibre 37/38 mm, y DEF TEC 1315 calibre 37 mm, en las que utilizaron cartuchos de gas con puntas de goma directamente en contra de los pobladores y no al suelo o una distancia mayor de 30 metros, como lo marcan los protocolos.
“A decir de la fuente interna de la dependencia, las lesiones que han sido exhibidas en diversas fotografías y videos en las redes sociales, y las que los propios pobladores mostraron el viernes pasado ante los medios, son prueba irrefutable de que los disparos se hicieron a quemarropa contra los manifestantes”, precisa ese medio.
Incluso, algunos de los pobladores han mencionado que el día del desalojo, fueron atacados desde un helicóptero que participó en el operativo.
Los pobladores lograron reunir al menos cuatro costales repletos de artefactos y restos de materiales que usaron los policías para reprimirlos, aunque la mayor parte de los objetos fueron levantados por los mismos policías que limpiaron la zona apenas acabó el enfrentamiento.
Temen por vida de niño
De acuerdo con el reporte de médicos del Hospital General del Sur, la salud de José Luis Alberto Tlautle Tamayo, de 13 años, empeoró en las últimas horas.
Junto con su madre Elia Tamayo, el menor pasó por la zona donde se enfrentaron policías y manifestantes cuando regresaba de la escuela secundaria.
El niño fue alcanzado por un objeto que hasta ahora no se ha precisado, pero que de acuerdo con los pobladores eran balas de goma u otro tipo de artefactos que los policías lanzaron a los inconformes para desalojarlos.
El reporte de los médicos señala que el menor perdió al menos 7 centímetros cúbicos de masa cerebral, por lo que si logra sobrevivir, la herida le dejaría secuelas de por vida.
