Gabriela Hernández
Proceso
PUEBLA, Pue. (apro).- El gobernador Rafael Moreno Valle solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga las investigaciones relacionadas con el desalojo de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan
El mandatario convocó este martes a una conferencia de prensa para informar que había solicitado la intervención de la PGR y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que deslinden responsabilidades de lo ocurrido el pasado miércoles 9 en la autopista Puebla-Atlixco.
“Nosotros no vamos a encubrir a nadie. Hay protocolos que los policías deben seguir, y si fueron en contra del protocolo también serán sancionados con todo el peso de la ley, pero también queremos que se investigue lo que han hecho los manifestantes y sus actos de violencia”, dijo.
Y afirmó que el gobierno que encabeza proporcionará todas las evidencias recopiladas, además de atender las preguntas y solicitudes de información que se reciban sobre el caso.
Moreno Valle señaló que el bloqueo de la autopista Puebla-Atlixco motivó la intervención del gobierno y que hubo un periodo de diálogo con los pobladores de Chalchihuapan para darle cauce legal a las demandas de los manifestantes.
“En este estado buscamos que los ciudadanos tengan una total libertad de expresión. Pueden manifestar sus planteamientos, inquietudes y necesidades, defender sus causas, porque eso es la democracia, pero deben hacerlo por los cauces institucionales”, recalcó.
El mandatario lamentó los hechos y la grave situación del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, quien resultó herido de gravedad, e insistió en la relevancia de que la PGR atienda el caso para que se haga justicia y se llegue al “fondo del asunto”.
Por separado, el secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, responsabilizó a los manifestantes por los actos violentos que se registraron ese día.
En conferencia de prensa, el funcionario estatal mostró ocho fotografías que, dijo, prueban que los lugareños estaban armados con bombas molotov, palos, tubos y piedras “de gran calibre”. No obstante, en las imágenes se observa a los pobladores únicamente con cohetes de los que se lanzan en días festivos.
Según Maldonado, esos cohetes provocaron la herida en la cabeza del pequeño José Luis y que, según dio a conocer en su cuenta Twitter el periodista Jesús Manuel Hernández, le provocó un infarto cerebral.
En algunas de las gráficas presentadas por el secretario de Gobierno se ve a un policía tirado en el suelo. Esa misma escena se observa en uno de los videos disponibles en las redes sociales, en el que puede verse cuando algunos uniformados se dejan caer por una pendiente después de ser alcanzados por los gases lacrimógenos que ellos mismos lanzaron.
Maldonado Venegas no aceptó preguntas de la prensa y se limitó a leer un comunicado en el que destacó que los llamados al diálogo fueron desoídos y que los manifestantes “dieron muestras de un intención claramente organizada, premeditada y de franca provocación y agresión”.
Señaló que los policías de la Secretaría de Seguridad Pública, “no obstante la violencia expuesta por los manifestantes”, usaron en una primera instancia exclusivamente toletes, escudos y cascos.
“Ante la escalada de violencia y agresión de parte de los manifestantes, se utilizó gas lacrimógeno para dispersar y contener a los agresores. Se ratifica, asimismo, que en ningún momento se utilizaron balas de goma o cualquier otro dispositivo contundente, que los ya referidos”, añadió.
Y afirmó que los manifestantes usaron cohetones que fueron proyectados con la utilización de lanzaderas de aluminio y pvc, en agravio y afectación directa de policías y transeúntes.
“Lamentablemente se cuenta con un caso, el de mayor gravedad, que es el del menor de edad Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien fue lesionado gravemente por uno de los cohetones lanzados por los manifestantes en su violenta protesta y que hoy se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte”, dijo Maldonado.
En todos los casos, precisó, se dispone de los dictámenes médicos elaborados en los hospitales del sector salud estatal en los que fueron atendidos los heridos.
Sobre los cuatro manifestantes detenidos, aseveró que el avance de la investigación dispone ya de evidencia contundente, con testimonios, fotografías y videograbaciones que supuestamente confirman la versión del gobierno.
No obstante, Maldonado Venegas evitó hablar de los señalamientos que ha hecho Elia Tamayo, madre del niño herido, en el sentido de que la agresión provino de objetos que lanzaban los policías y no de los manifestantes.
Tampoco dijo nada sobre las presiones que supuestamente ha recibido la mujer por parte de funcionarios del gobierno estatal para que firme una declaración en la que deslinda a los policías y acusa a los pobladores de Chalchihuapan.
Además del niño Tehuatlie Tamayo, otros manifestantes han mostrado heridas que supuestamente fueron causadas por los cartuchos de gas lacrimógeno lanzados por los policías. Uno de ellos heridos corre el riesgo de perder un ojo.
Por otra parte, los abogados defensores de los habitantes de Chalchihuapan revelaron a La Jornada de Oriente que la encargada de supervisar el operativo policiaco para dispersar a los pobladores fue la subsecretaria de Coordinación y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Ofelia Flores Ramos, la misma persona que estuvo a cargo del caso de la francesa Florence Cassez.
