- Priístas envueltos en escándalos siguen despreocupados e impunes
- La lista incluye dirigentes, gobernadores en activo o no, y otros funcionarios
José Antonio Román
La Jornada
Para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), los escándalos, acusaciones y denuncias judiciales en contra de sus dirigentes, gobernadores y funcionarios públicos, estatales o federales, en activo o con tarea concluida, casi nunca tienen implicaciones jurídicas para el partido que presume de tener en sus filas a 6 millones de militantes. En la impunidad, son contados los casos en que un militante, cuadro, y mucho menos dirigente, es llevado a la justicia partidaria.
Apenas 14 expulsiones, nueve pérdidas de militancia y seis procesos más entre decisiones de suspensión temporal de derechos e inhabilitación temporal para desempeñar cargos partidistas, son los casos sancionados a lo largo de seis años.
En la larga lista de destacados priístas con proceso judicial, algunos de ellos ya recluidos en prisión o prófugos acusados por delitos graves, están cuando menos los ex gobernadores Andrés Granier, de Tabasco; Jesús Reyna, interino de Michoacán; Jorge Torres, interino de Coahuila, y Tomás Yarrington, de Tamaulipas.
Apenas 14 expulsiones
De todos estos casos, sólo en este último, y porque el gobierno de Estados Unidos está involucrado en las investigaciones de lavado de dinero y presuntos vínculos con el crimen organizado, e incluso hay una una solicitud de extradición a México, el PRI se ha visto prácticamente obligado a suspenderle temporalmente sus derechos partidarios al ex gobernador tamaulipeco, actualmente prófugo. No hubo expulsión.
Hay otros, como Humberto Moreira en Coahuila, que pese a que durante su gobierno dejó un endeudamiento de más de 35 mil millones de pesos, cifra sumamente superior a los 196 millones con la que inició su administración, no hay ni siquiera un expediente abierto en la dirigencia nacional del partido tricolor. Sin embargo, fue precisamente este escándalo del endeudamiento lo que lo obligó a dejar sorpresivamente la dirigencia nacional priísta, casi en el inicio del proceso electoral de 2012.
A ello se suman las acusaciones por fraude y transferencia ilegal de fondos, luego de que le fueron incautados en Estados Unidos millones de dólares al ex secretario de Finanzas del estado de Coahuila Héctor Javier Villarreal, y al ex gobernador interino Jorge Torres López. Los dos últimos, prófugos, son buscados por la justicia estadunidense. Todos priístas, ninguno con expediente ante la justicia partidaria.
Respecto al ex gobernador de Tabasco Andrés Granier Melo, detenido en junio del año pasado, es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal por el desvío de casi mil millones de pesos de fondos federales para programas de salud, educación, seguridad pública y protección civil.
El ex mandatario, recluido en la ciudad de México, también enfrenta un proceso por peculado y ejercicio indebido del servicio público, por el desvío de más de 2 mil 600 millones de pesos en 2012, último año de su sexenio.
Por lo que toca a Jesús Reyna, ex secretario general de Gobierno y ex gobernador interino de Michoacán, actualmente está preso en el penal de alta seguridad en Almoloya de Juárez acusado por delitos contra la salud y posibles vínculos con la oirganización delictiva de Los caballeros templarios. Ha perdido varios amparos contra la justicia federal; ante la partidaria, ni siquiera existe averiguación.
Otro de los escándalos recientes fue protagonizado por el hoy ex presidente del PRI en el Distrito Federal Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de operar una red de prostitución con recursos del financiamiento público del partido. Hasta ahora tampoco ha tenido consecuencias respecto de sus derechos como militante priísta.
Se prevé que tras su ‘‘renuncia negociada’’, el ex líder priísta en la capital del país podrá contar con los ‘‘buenos oficios’’ de la dirigencia nacional del Revolucionario Institucional para poder enfrentar con éxito los procesos judiciales abiertos también en la Procuraduría General de Justicia capitalina.
Mientras tanto, su proceso en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria prácticamente está ‘‘congelado’’, y no tendrá ninguna consecuencia en lo mediato, según revelaron fuentes del tricolor. Gutiérrez de la Torre sigue siendo priísta y tiene a salvo todos sus derechos.
