Laura Cordero
Sinembargo (Foto: Laura Ruiz)
Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).– El Congreso de Puebla ha logrado aprobar alrededor de 25 reformas a diversas leyes, unas propuestas por el propio «Gobernador», Rafael Moreno Valle, a pesar de las denuncias de los pobladores sobre las violaciones a sus derechos que representan algunas de estas iniciativas.
Líderes de Juntas Auxiliares, organizaciones y activistas han denunciado constantemente estas modificaciones, sin embargo, hasta el momento, las leyes continúan y sus derechos siguen siendo violentados.
Entre las modificaciones legislativas que ha realizado están: la reforma a la Ley Orgánica Municipal, la Ley del Agua, la Ley de Expropiación. Además, también hay proyectos en el estado que afectan a los habitantes, como es el Proyecto Integral Morelos, un gasoducto que atravesará por la zona de erupción del volcán Popocatépetl y representa un peligro para sus comunidades y sus familias, que tras las protestas de los habitantes, algunos líderes sociales han sido encarcelados.
En la Sierra Norte, al menos 13 municipios han manifestado su rechazo a la instalación de minas, hidroeléctricas y proyectos de hidrocarburos, pues consideran que de comenzar estos trabajos su forma de vida puede resultar afectada. Incluso, la semana pasada denunciaron que el ciudadano Antonio Esteban Cruz fue asesinado por ser opositor a uno de los proyectos hidroeléctricos y siguen hostigando a los líderes opositores.
JUNTAS AUXILIARES
El 3 de diciembre del año pasado, las comisiones unidas de Gobernación y Asuntos Municipales del Congreso de Puebla aprobaron las modificaciones a la Ley Orgánica Municipal, en la cual se regularon nuevas funciones de las Juntas Auxiliares y además se les nombró como órganos desconcentrados dependientes de los ayuntamientos, sin que tengan facultades para designar a algún comandante de la Policía Auxiliar, pues los únicos responsables de esto serán los presidentes municipales.
También se les quitó todo el control sobre el Registro Civil, por lo que el servicio se suspendió en todas las Juntas Auxiliares. Los pobladores demandaron la restauración de estas oficinas, pues además de no contar con los recursos para trasladarse a las cabeceras municipales para hacer trámites, el trato que reciben en los municipios es deplorable.
“Les pedimos que se reforme la Ley Orgánica Municipal para que le devuelvan todas las facultades a las Juntas Auxiliares. Ahora un presidente de la Junta Auxiliar ya no tiene facultad ni para nombrar a su Comandante, no tiene facultad para nombrar a su juez, a su agente y ahora ya no tiene facultad de ser juez de Registro Civil”, dijo Eugenio Sandre Popoca, presidente de la junta auxiliar de San Pedro Yancuitlalpan en una reunión que tuvo con distintos legisladores en la Cámara de Diputados.
Explicó que, ahora, al ser órganos desconcertados, es como si fueran “una oficina más del Municipio. Si el Presidente Municipal quiere despedir al Presidente Auxiliar, lo puede hacer. Si no es de su partido, si no es su amigo, si no es de su conveniencia. Con las modificaciones puede decir ‘¿sabes qué? te quito y pongo a otro’”, dijo.
Sandre Popoca aseguró que las elecciones de las Juntas Auxiliares son las más puras porque “a veces quitan los partidos políticos y votan directamente por la persona. Los ciudadanos saben dónde vive el presidente, caminan por las calles, los van a ver a sus casas. Es una convivencia más directa entre el ciudadano y el presidente auxiliar”.
“El Gobernador con estas modificaciones pretende desaparecer las Juntas Auxiliares, si nace un niño, cuando lo vayan a registrar, el sello ya no diría Registro Civil de San Pedro Yancuitlalpan, ahora diría Registro Civil de San Nicolás de los Ranchos. El niño ya no sería de San Pedro, sino estaría a nombre del municipio. Entonces, mi identidad, mis raíces están en el pueblo, porque hacen que pertenezca al municipio. Esto lastima. Por eso la trascendencia de que los pueblos tengan Registro Civil”, dijo.
LEY DE EXPROPIACIÓN
Miles de personas marcharon el pasado lunes a la Cámara de Diputados para denunciar a las autoridades poblanas. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de Puebla, Eukid Castañón Herrera, presentó una reforma a la Ley de Expropiación, misma que fue aprobada el 13 de marzo por 34 diputados locales.
La legislación establece en su Artículo 5 Bis que:
«En los casos previstos en las fracciones I, II, VI, XII y XIV del artículo 2 de esta Ley, la Autoridad Expropiante podrá emitir la declaratoria de utilidad pública y decretar la expropiación. En estos casos, no será aplicable lo dispuesto en las fracciones III a VII del artículo 5 de esta Ley”.
Es decir, que si el gobierno pretende expropiar algún terreno por diversos motivos, podrá hacerlo sin notificación alguna ante los propietarios. Esto justificado bajo el “criterio jurisdiccional que la urgencia de una medida o de un acto a desarrollar dependen de que se justifique la inmediatez de su ejecución, y que las circunstancias hacen que no se pueda aguardar para que se lleve a cabo, porque de no hacerlo con tal prontitud, el agravio será irremediable”, indicaba la iniciativa.
“Históricamente, han marginado a las juntas auxiliares, no dan los recursos que se necesita. Hay Juntas Auxiliares que tienen arriba de 5 mil, 10 mil habitantes y les dan un presupuesto de 18 mil pesos. En obra pública, nos platicaba el presidente de San Lucas Atzala, que su municipio es Calpan, y dicho municipio etiquetó para sus obras 40 millones de pesos y para la Junta Auxiliar 50 mil pesos”, denunció.
Felipe Guzmán Osorio, de San Pedro Cholula, ciudadano que ha vivido 40 años a lado de la pirámide, acusó que les pretenden expropiar terrenos para construir el mega proyecto llamado “La Plaza de las 7 Culturas”.
Aseguró que “el Presidente Municipal de San Pedro Cholula nos mandó a traer, nos dijo que teníamos que venderle las tierras pero que no nos las pagaría a valor comercial. Estaba propuesto por 6.8 pesos el metro cuadrado, pero como era muy generoso nos iba a dar 100 pesos, que se lo tomáramos o de lo contrario de todos modos nos iba a expropiar. Como todos dijimos que no, nos empezamos a unir y ya después nos dijo ‘ya no es conmigo, ahora es con el gobierno del estado, yo me hago a un lado’. Todo esto pasa que nos hemos organizado, somos pocos, al rededor de 30 propietarios, la mayoría son terrenos, y existen tres casas históricas de más de 100 años, las cuales el INAH [Instituto Nacional de Antropología e Historia] no se ha parado, no se ha presentado, se le han hecho propuestas por escrito. Pero tiene a las autoridades compradas, federales o estatales, no vemos respuesta”, denunció.
“Él ha hecho sus leyes a su modo, apenas bajó el valor catastral 400 por ciento, dolosamente y nada más exclusivamente en la zona arqueológica donde pretende expropiar. No se lo bajó a todo Cholula, lo bajó nada más a la zona arqueológica cuando son terrenos históricos, casas históricas, de 400 y fracción que tenía el metro catastral, lo bajó a 104 pesos el metro. Lo que hizo fue sacar la ley, donde dice que las propiedades que son del gobierno las puede ceder o vender a un particular para poder tener empleos, pero quiere expropiarnos a un precio muy bajo para después vendérselos a los extranjeros porque ya en dos o tres ocasiones bajó en un helicóptero e iba con unos chinos”, dijo.
PRIVATIZACIÓN DEL AGUA
En diciembre de 2012, el Congreso de Puebla aprobó una reforma presentada por legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la Ley de Agua que permite la concesión de este servicio a empresas privadas. Ademas, en marzo de 2013, los diputados avalaron la reestructuración de las tarifas del agua.
Finalmente, en abril de este año, se designó al consorcio Concesiones Integrales para operar el servicio de agua potable y alcantarillado, sin embargo, a un mes de funcionar, habitantes denunciaron el aumento de las tarifas hasta en un 400 por ciento.
Incluso, al menos 300 pobladores de varias colonias de la capital de Puebla presentaron amparos contra del consorcio, pues además de los costos elevados, se les obliga a comprar un medidor del agua que va desde los mil 250 pesos hasta 95 mil 209 pesos, dependiendo si el uso es doméstico o comercial.
Otro de los puntos en la ley es que el costo del servicio de agua aumentará mes con mes. Los usuarios deberán pagar la reparación de la calle donde se realicen obras para recibir el servicio de agua potable y saldrá entre 899 y 999 pesos.
