Redacción Proceso
MÉXICO, D.F., (apro).-La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá entregar a un particular el soporte documental sobre las fosas halladas en cada municipio de Guerrero y el número de cuerpos exhumados de ellas desde el año 2000 hasta el 16 de octubre de 2014.
Así lo ordenó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) al resolver un recurso de revisión interpuesto por un particular que también pidió que le entregaran la cifra de pruebas de identificación de ADN y otras formas de reconocimiento utilizadas por peritos, así como el costo total de dichas pruebas en moneda nacional, y el sexo y la edad de los cuerpos identificados.
También pidió conocer la cantidad de cuerpos exhumados que han sido reconocidos por familiares a través de pruebas de ácido desoxirribonucléico (ADN) u otra forma de reconocimiento.
En una primera respuesta, la Sedena se declaró incompetente para entregar esa información y orientó al particular a presentar su solicitud ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo el particular se inconformó y presentó un recurso de revisión en el que argumentó que la dependencia ha dado respuesta a otras peticiones de información similares a la suya.
El caso fue turnado a la comisionada Areli Cano quien, después de analízalo, propuso modificar la respuesta emitida por la Sedena e instruirla a proporcionar al particular los datos que tenga y que correspondan a los periodos del 4 de marzo de 2011 al 20 de febrero de 2014, así como de marzo de 2011 al mismo mes de 2012.
En cuanto a los datos del periodo restante, de 2000 a febrero de 2011 y del 21 de febrero al 16 de octubre de 2014, le solicitó hacer una búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas competentes, y en su caso, entregarlos al particular.
Sólo en caso de que comprueba la inexistencia de esa información, deberá hacer la declaración formal, “de manera fundada y motivada” a través de su Comité de Información.
La comisionada expresó su preocupación por la violación de las garantías fundamentales, empezando por el de la vida que es un derecho humano universal cuyo goce permite el disfrute y ejercicio de todos los demás.
Por ello consideró que es obligación del Estado generar una base oficial de datos “veraz”, a escala nacional, que permita la búsqueda de identificación de las personas desaparecidas.
