Shaila Rosagel
Sinembargo
Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).– Un día después de la conferencia de prensa donde dio a conocer un análisis para desmentir la tesis de la Procuraduría General de la República (PGR) en torno al destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Jorge Antonio Montemayor Aldrete, investigador titular del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), empezó a recibir mensajes para hacerle saber que era perseguido y observado.
El 12 de diciembre a las nueve de la noche tomó un taxi al salir de la Universidad: “Me subo al taxi de noche, sin tomar las precauciones adecuadas. El taxista me lleva al rumbo a donde yo iba, pero da más vueltas y me deja en una calle equivocada. Cuando le pago me dice de buenas a primeras: ‘Oiga doctor, eso de dar conferencias de prensa no deja nada bueno’. Me bajo, por supuesto, muy nervioso”, contó a SinEmbargo uno de los investigadores que sostiene que la versión oficial de que los estudiantes fueron quemados en un basurero de Cocula, es falsa.
Esa misma noche, luego de bajar del taxi hizo una llamada y quedó de verse con una persona. Le dijo que tomaría el tren ligero. Cuando llegó al andén, un joven se le acercó:
“Me aborda un joven y me dice: ‘Doctor Jorge, lo vi en la conferencia de Cencos [Centro Nacional de Comunicación Social AC] ayer y lo quería saludar’. Yo le digo gracias y se va. A lo mejor tengo mucha suerte de encontrarme con una de las 50 personas que estuvieron ahí en una ciudad de millones de habitantes, donde la probabilidad es mínima. No. Ya sabían a dónde iba yo”, sospecha.
Días después, apareció en el radar de Montemayor Aldrete una camioneta negra conducida por dos hombres altos y fornidos.
“No hay una comunicación escrita, verbal de la PGR, en absoluto en relación al estudio, pero me siento observado y perseguido”, afirmó el investigador.
En esa ocasión hablaba por teléfono con Román Hernádez de Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, organización que lleva el caso de Ayotzinapa y que está en la mira del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). ”Pasó en frente de mí y los hombres iban hablando por radio se dan vuelta en u y se estacionan a 15 metros de mí y ahí los esperaban otros tres grandotes. Se me quedaban viendo, yo soy un hombre de más de 60 años y estoy alto, pero ellos eran cinco”, contó.
Jorge Montemayor aseguró que no tiene miedo, tras la declaración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de que el Ejército no tiene hornos crematirios. El investigador es el autor, junto con otros, de la tesis de que la hipótesis de la PRG es falsa.
“No hay una comunicación escrita, verbal de la PGR, en absoluto en relación al estudio, pero me siento observado y perseguido. Yo estoy tranquilo, porque hay una verdad: no fueron cremados en el basurero de Cocula. Si no fue así, hay tres posibles destinos: Están vivos, fueron muertos por narcotraficantes y los enterraron, algo que les sale más barato o, fueron incinerados en algún lado”, dijo el investigador.
Jorge Antonio Montemayor Aldrete no es la primera persona que se involucra en el caso Ayotzinapa y es víctima de persecución.
Le sucede a la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG), al abogado de los padres de los estudiantes y hasta a los propios papás y familiares de los desaparecidos.
Crisóforo García Rodríguez, promotor de la UPOEG, aseguró que el hostigamiento militar en Guerrero para los miembros de la policía comunitaria es constante.
Pero cuando llegaron a Iguala fueron amenazados por el gobierno local y por los criminales que operan en la región, dijo.
“Cuando llegamos recibimos amenazas del mismo gobierno y de la delincuencia de Iguala. Nos amenazaban cuando íbamos a buscar fosas. También los padres recibieron amenazas, desconozco qué les decían exactamente, pero sé que todavía siguen recibiendo amenazas”, aseguró García Rodríguez.
En octubre del año pasado, cuando los comunitarios ingresaron a Iguala, recibieron amenazas de muerte y advertencias de que serían asesinados si seguían buscando a los normalistas.
Otro de los perseguidos es Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y quien lleva el caso de los desaparecidos. El abogado, incluso, está fichado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Rosales Sierra y Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, están ligados por el Cisen con cabecillas del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.
“Tienen el objetivo de criminalizar a todos los colectivos que se solidarizan”, dijo Vidulfo y lamento el fichaje de los integrantes de Tlachinollan por el Cisen.
EL ACOSO A LOS PADRES DE LOS 43
Los padres de los estudiantes desaparecidos han denunciado en varias ocasiones que son víctimas de acoso por parte del gobierno.
El 11 de diciembre un grupo de tres madres y familiares de los normalistas desaparecidos en Iguala, denunció el secuestro y tortura de un joven que los apoyaba en el Distrito Federal.
Las tres se negaron a dar sus nombres por temor.
“Julio Reynoso, estudiante de preparatoria que nos estuvo apoyando en las marchas, el lunes pasado fue encajuelado, detenido, la policía se lo llevó, lo golpearon, lo torturaron. El joven tiene miedo de volver a participar”, dijo una de las mujeres.
La familiar de uno de los normalistas indicó que el “gobierno nos envió un mensaje de que le paremos, si no queremos que corra nuestra sangre, pero no nos va amedrentar, nos va a fortalecer más”.
Las madres de los estudiantes denunciaron que las personas que apoyan su causa en el Distrito Federal, son víctimas de persecución.
“Ya basta, lo peor que podemos hacer es callar, no hay que callar, si callamos estamos manteniendo la corrupción. Los hacemos responsables de lo que nos pueda pasar, si algo nos llega a pasar el día de mañana, el único responsable es el Estado, no serán 43 desaparecidos ni 20 mil, serán las personas asesinadas por alzar la voz”, dijo otra de las madres.
Rafael López Catarino, padre de Julio César desaparecido en Iguala, dijo que los papás de los 43 jóvenes sí se sienten amenazados.
El papá de Julio indicó que hay civiles a bordo de autos compactos que les toman fotografías.
“Al gobierno no le conviene que hagamos marchas, que levantemos al pueblo, vemos que pasan los coches y nos toman fotos, yo les digo a los familiares que no salgan y si salen, que no salgan solos, que no dejen sola su casa, porque no sabemos, este gobierno que es tan cochino, que nos pueda hacer. A veces tenemos miedo que nos tire algo en los carros”, dijo.
Antes de que se dieran las denuncias de los padres en torno al acoso, Javier Hernández Valencia, representante de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, advirtió que los padres de los 43 estudiantes que desaparecieron después de que fueron atacados por la Policía de Iguala estaban en riesgo por una campaña que intenta demonizar a sus hijos desaparecidos.
En una entrevista con The Guardian, Hernández Valencia manifestó que los padres –y los manifestantes que piden justicia– necesitan protección en medio de una campaña que intenta denigrar a los normalistas que desaparecieron hace más de 10 semanas.
“Algunos están empezando a difamar e insultar a los estudiantes desaparecidos, y a demonizar a sus padres y sus demandas”, alertó Hernández en una conversación con el corresponsal, Jo Tuckman. “La gran ola de protesta generada por el caso de los 43 estudiantes necesita ser protegida”, dijo.
