Rosa Santana
Proceso
MÉRIDA, Yuc. (apro).- Campesinos y organizaciones civiles de los tres estados de la Península dieron a conocer la Segunda Declaración de Maní, en la que destacan su rechazo a la reforma energética, denuncian la falta de sentido social en las políticas encaminadas al sector campesino y exigen consultas ciudadanas antes de reformar cualquier ley.
El encuentro –del que resultó el manifiesto dado a conocer este miércoles– tuvo lugar el pasado 9 de agosto en la Escuela de Agricultura Ecológica U Yits Ka´an de Maní, con motivo del Día del Campesino, y participaron representantes de comunidades mayas de los municipios de Valladolid, Xoy, Hunucmá, Peto, Ticul, Maní, Tipikal, Yokdzonot, Tzucacab, Dzemucut, Chablekal, Tixpehual, Tekit, Mayapán y Mama, Yucatán.
De Campeche únicamente participó Hopelchén, y del estado de Quintana Roo el municipio Benito Juárez.
En el documento de siete puntos, los campesinos manifiestan su rechazo a la reforma energética promulgada el pasado 20 de diciembre, porque –apuntan– “carece de legitimidad por no haber sido resultado de un proceso en el que se considerara la opinión, las realidades y los derechos de los pueblos, además de que profundizará las inequidades en el campo”.
Dicha reforma, subrayan, “alentará la especulación, el despojo de tierras, el acaparamiento del territorio en pocas manos y el impulso de proyectos incompatibles con el medio ambiente”, pero también “afectará la integridad cultural de los pueblos y propiciará la privatización de bienes naturales que son de toda la sociedad”.
Por ello, lanzan una alerta sobre la reforma del campo anunciada por el gobierno federal. En este punto, los campesinos repudian “cualquier intento por terminar de despojar a los pueblos y comunidades de sus territorios”.
Asimismo, denuncian que la política del campo impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto “ha pervertido el sentido original del reparto agrario, generando corrupción en las autoridades ejidales y propiciando un proceso de división entre nuestros pueblos con el objetivo de convertir la tierra y el territorio, elementos esenciales de las y los campesinos y de los pueblos, en meros productos mercantiles”.
También demandan la realización de consultas previas e informadas para cualquier cambio de leyes o instrumentación de proyectos que afecten al campo mexicano. “Las consultas deberán realizarse según los estándares que exige la normatividad internacional en la materia”, se lee en el documento.
De igual manera, exigen a las distintas instancias gubernamentales “que informen previamente, de manera clara y transparente, sobre los efectos dañinos en la alimentación, la salud y el medioambiente que producen los agroquímicos que han sido autorizados para la siembra de distintos productos y se declare a la Península como territorio libre de agroquímicos”.
Y reclaman la defensa y el respeto de los montes y productos agrícolas tradicionales como el maíz criollo, miel, frijol, calabaza, chile y en general todo producto derivado de la milpa tradicional.
En la Segunda Declaración de Maní, los firmantes denuncian el condicionamiento de los programas sociales a la siembra de determinadas semillas que son incompatibles con su cultura y externan su rechazo “de manera terminante” a la siembra de transgénicos y el impulso a la práctica de monocultivos de cualquier tipo, “dado que empobrecen la tierra y la hacen estéril a largo plazo”.
Y piden a los gobiernos de los tres estados de la Península “acatar las disposiciones judiciales en materia de suspensión de siembra experimental de semillas transgénicas y no ceder a intereses de grupos de poder económico”.
También destacan la necesidad de impulsar políticas para el campo, que respeten los derechos, la realidad cultural y la autodeterminación de los pueblos, y que busquen la soberanía alimentaria a partir de la decidida promoción de una agricultura orgánica, compatible con el medioambiente y la salud de los campesinos.
“Exigimos que los apoyos y recursos destinados al campo sean entregados y administrados por los mismos productores y productoras y no se destinen a favorecer los agro negocios de las grandes empresas”, precisa el texto.
Finalmente, los campesinos reivindican su derecho a no ser discriminados y a ser respetados como indígenas, campesinos y personas de la tercera edad, ya que –denuncian– “son tratados con menosprecio, situación que se agrava si no dominan el español, principalmente en instituciones gubernamentales”.
