Gabriela Hernández
Proceso
PUEBLA, Pue. (apro).- La caravana “Poblanos por la Dignidad” arribó esta tarde a la Cámara de Diputados para exigir justicia, entre otros agravios, por la muerte del menor José Luis Alberto Tlehuatlie, luego de ser herido presuntamente por una bala de goma disparada por policías estatales en San Bernardino Chalchihuapan.
Los inconformes realizaron un mitin afuera del recinto legislativo donde reclamaron juicio político contra el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.
Más tarde, una comisión ingresó a San Lázaro para entregar una carta a la Mesa Directiva, en la que denunciaron las violaciones a sus derechos humanos por parte del gobernador panista.
También solicitaron indemnizar a la familia de José Luis y a los agraviados y lesionados por los acontecimientos del miércoles 9 en San Bernardino Chalchihuapan, así como un alto a la represión en contra de las comunidades y liberación de los presos políticos.
A la caravana de protesta se sumaron vendedores ambulantes, mototaxistas, burócratas, transportistas, maestros, exconcesionarios de verificentros, sindicalistas, habitantes de las Juntas Auxiliares y otros grupos que coinciden en acusar a Moreno Valle de represión y abuso de poder.
Por la mañana, más de mil 500 habitantes de esta entidad viajaron en 30 autobuses a la Ciudad de México para exponer sus reclamos en la Cámara de Diputados, donde exigieron juicio político contra el mandatario poblano, a quien acusan de ser el responsable del asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo y de la represión violenta contra habitantes del poblado de Chalchihuapan.
En paralelo, otras organizaciones y partidos manifestaron su repudio por la política que ha mantenido la administración morenovallista a tres años y medio de su sexenio y que ha hecho crisis por el desalojo violento ordenado por el gobierno poblano contra habitantes de Chalchihuapan, el miércoles 9.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó crear una comisión especial para investigar y dar seguimiento al caso Chalchihuapan, mientras que los legisladores federales del PRI pidieron las renuncias de los secretarios General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, y de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas.
Por su lado, representantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) acudieron al Senado para pedir la desaparición de poderes en Puebla, mientras que el Movimiento por la Alternativa Social (MAS) presentó un escrito en la Secretaría de Gobernación (Segob) en la que igual se pronuncia por la destitución de Moreno Valle.
Además, representantes de organizaciones no gubernamentales como Artículo 19, Alconsumidor AC, Contingente MX, Dejemos de Hacernos Pendejos (DHP), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) demandaron transparencia e imparcialidad en las investigaciones sobre el caso Chalchihuapan.
Igual, advirtieron que Puebla puede convertirse en un “polvorín” si no se da marcha atrás al retiro de atribuciones a las Juntas Auxiliares que promovió el gobierno de Moreno Valle.
Incluso, advirtieron que continuarán con la campaña de amparos en contra de la ley bala, que se mantiene vigente pese a que se anunció su abrogación.
Mientras, el delegado en Puebla de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Luis Escobar, anunció que este martes el dirigente nacional, Francisco Hernández Juárez, estará en esta entidad para hacer un recuento de las violaciones cometidas por el gobernador en contra de las organizaciones sindicales de Puebla.
Más aún, a los habitantes de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan que reclaman justicia tanto para el niño Tehuatlie Tamayo como para los otros habitantes que resultaron heridos durante el desalojo se sumaron los propietarios de mototaxis de distintos municipios que desde el inicio del gobierno de Moreno Valle fueron declarados como ilegales.
Vladimir Luna, representante del movimiento Los de Abajo, dijo que en distintas ocasiones los conductores de esas unidades de transporte, que se usan principalmente en comunidades rurales, han sido objeto de represiones policiacas por reclamar su derecho a trabajar.
El caso más reciente ocurrió en el municipio de Coronango el 18 de junio, cuando ocho operarios de este tipo de unidades fueron detenidos por manifestarse en contra de un operativo que realizó el gobierno poblano para decomisar mototaxis, en el cual se usaron gases lacrimógenos en contra de los conductores y los usuarios.
También participaron en la marcha contra el gobierno de Moreno Valle los concesionarios del servicio de transporte público que fueron afectados por la construcción de la línea 1 y 2 del Metrobús en Puebla.
Los transportistas acusan al gobernador de haber armado toda una estrategia para despojarlos de sus concesiones, ya que en un principio las autoridades ofrecieron incluirlos en el proyecto, sin embargo, a un año de operaciones la administración estatal declaró el fracaso del modelo de operación del Metrobús, responsabilizó a los concesionarios y los hizo a un lado.
Además, existen indicios, señalaron, de que todo fue un plan del gobierno de Moreno Valle para entregar el transporte público a un solo inversionista, que en este caso podría ser el que conforma el grupo de autobuses Estrella Roja.
Similares acusaciones hicieron los concesionarios de verificentros, quienes refieren que el gobierno de Moreno Valle armó este año una campaña para retirarles las concesiones por decreto, para luego volverlas a concursar y favorecer con ello a un grupo de empresarios del Distrito Federal, y dejarlos a ellos sin su fuente de empleo.
El dirigente de la Asociación de Verificadores Vehiculares del Estado, Martín Maldonado, anunció que presentará una denuncia penal en contra del secretario de Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial, Mario Rincón, por daños y perjuicio contra los más de 60 exconcesionarios de los verificentros.
En la marcha también participaron representantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, quienes piden la libertad de los activistas Juan Carlos Flores, Enedina Rosas y Abraham Cordero, estos últimos encarcelados desde abril bajo cargos que, aseguran, fueron “fabricados”.
En la caravana “Poblanos por la Dignidad” también participaron 150 presidentes de Juntas Auxiliares de Puebla que se han enfrentado al gobernador por las reformas que propuso a la Ley Orgánica Municipal para quitar a estas autoridades locales las oficinas del Registro Civil.
De acuerdo con José Salomé Pacio, presidente auxiliar de San Martín Tlamapa, el retiro del Registro Civil es la punta para desaparecer estas autoridades que se fundamentan en los usos y costumbres y que cuentan con arraigo y respaldo de los habitantes sus pueblos.
También marcharon hacia la Ciudad de México habitantes de Cholula, vecinos de la Gran Pirámide, quienes resultaron afectados por un decreto expropiatorio emitido por el gobierno estatal, el cual pretende construir un parque temático en ese sitio.
Otros participantes fueron los trabajadores del Hospital del Niño Poblano, quienes sin quedaron sin trabajo por un decreto emitido por Moreno Valle; integrantes del sindicato del Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla (ISSTEP), a quienes se les negó la toma de nota, y maestros que fueron dados de baja o cambiados de plaza por manifestarse contra la prueba Enlace, entre otros.
“Mensaje siciliano”: Aranda
La exsecretaria de Desarrollo Social, Ana Teresa Aranda, que esta semana hizo declaraciones a Proceso para criticar la administración morenovallista, denunció que un comando entró a su casa este fin de semana para sustraer documentos de su archivo personal.
La militante panista, quien se ha caracterizado por su postura crítica frente al gobierno de Moreno Valle, consideró este robo como un “mensaje siciliano” que tiene como fin intimidarla, igual como ocurrió en octubre de 2011, cuando fue amenazada por el interfón de su casa para exigirle que dejara de molestar al gobernador.
En tanto, el columnista Valentín Varillas reveló que el policía que aparece en el video Mitos de Chalchihuapan, que promueve el gobierno estatal para criminalizar a los habitantes de esa localidad, fue detenido en noviembre de 2011 por prostitución de menores y trata de blancas.
En una información que no fue desmentida, el periodista denunció que el policía Mario Tomás González Ricaño, quien aparece con un collarín y desde la cama de un hospital en el video que fue difundido en medios locales y nacionales, fue boletinado por la PGJE al ser detenido por explotación sexual de tres menores de 14, 16 y 17 años.
En la grabación, que incluso apareció en noticieros estelares de Televisa, el policía acusa a los habitantes de Chalchihuapan de haber gritado “¡vamos a quemarlos!”, de que había jóvenes que promovían la violencia y que parecía que habían sido contratados para “reforzar al pueblo”.
Asimismo, el uniformado, relacionado con la delincuencia, insiste en que en el operativo de desalojo del 9 de julio llevaron sólo toletes, escudos y gases para liberar el tránsito por la autopista Puebla Atlixco, mientras los pobladores se pertrecharon de piedras, bombas molotov, palos y cuetes.
