Jesús Aranda
La Jornada
México, DF. El general de brigada José Luis Sánchez León, ex comandante de la 22 Zona Militar, es investigado por la Procuraduría General de Justicia Militar sobre su presunta participación en la muerte de 22 personas el 30 de junio en el municipio de Tlatlaya, estado de México.
Fuentes cercanas al proceso penal que se sigue a 13 militares vinculados con los hechos ocurridos en el municipio mexiquense señalaron lo anterior y agregaron que además del general, también es investigado un coronel que era el comandante directo de los soldados.
Tanto el general como el coronel, quienes hasta el momento no han sido consignados ante un juez militar, son sospechosos del delito de encubrimiento.
Agregaron los informantes que aun cuando no están detenidos los oficiales, tienen la orden de no salir de sus domicilios ante la posibilidad de que el juez del sexto juzgado militar, quien lleva el proceso en contra de los 25 soldados que integraban el batallón y que estuvieron presentes en el lugar de los hecho, decida ejercer acción penal en su contra.
Los informantes aseguraron que hasta el momento ninguno de los mandos ha sido consignado penalmente.
En septiembre pasado, el general Sánchez León fue removido del cargo de comandante de la 22 Zona Militar y en su lugar fue designado el general de brigada José Ricardo Bárcena Rosales, quien desempeñaba el cargo de subjefe Administrativo y Logístico del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.
De acuerdo con fuentes castrenses consultadas, el nuevo mando de la 22 Zona Militar, por el cargo que desempeñaba, cuenta con el respaldo pleno del secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda para regularizar la situación y poner orden. Particularmente en el batallón 102, cuyos elementos ya habían sido acusado anteriormente por actos de violencia injustificada.
Los informantes señalaron que tanto el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, como los otros 12 acusados (de un total de 25 elementos que son investigados), refieren en sus declaraciones que el día del incidente fueron atacados a tiros cuando se acercaban a una bodega (en donde fueron muertos 22 presuntos secuestradores –como los identificó en su momento la propia Sedena en un comunicado oficial–) y que de inmediato rindieron parte a su comandante directo (un coronel), quien les habría dado la orden de repeler la agresión.
La defensa de los 13 soldados, quienes ya fueron consignados ante el juez sexto militar por los delitos de desobediencia e infracción de deberes, sostiene que el coronel tenía conocimiento de los hechos y que tenía la obligación de dar parte al comandante de la 22 Zona Militar.
Por lo que si se demuestra que hay delito que perseguir –en el fuero de guerra, porque la indagatoria por homicidio en contra de cuatro de ellos la lleva a cabo la Procuraduría General de la República (PGR)–, los mandos de la zona militar tendrían también responsabilidad, porque desde que dio cuenta de lo ocurrido, la Secretaría de la Defensa Nacional sostuvo que los 22 civiles habían muerto como resultado de un enfrentamiento con los soldados, es decir, que los mandos habrían mentido o encubierto a los presuntos responsables, afirmaron los informantes.
