Redacción Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Unos 150 dueños de 954 hectáreas de la zona conocida como Los Tlateles o El Moño, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, exigieron al gobierno federal un pago justo por sus tierras, donde se construirá el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
A manera de protesta, exigieron la salida de la maquinaria y el cese de los trabajos que ya se realizan en la zona. Además, anunciaron que este martes realizarán una marcha del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México.
En conferencia de prensa, Juan Loreto González y Tomás Cruz, representantes de los propietarios, aclararon que no se oponen a la construcción de la nueva sede aérea sobre sus parcelas.
Sin embargo, exigieron que el gobierno federal les pague a 2 mil 500 pesos el metro cuadrado y no al precio que una funcionaria de la Secretaría de Gobernación les ha ofrecido, que va de 10 a 120 pesos. Argumentaron que sus terrenos elevaron su plusvalía con el anuncio de la construcción de la nueva terminal aérea.
Los inconformes acusaron a Lorena Roa López, coordinadora jurídica de la Segob, de despojar con engaños a los legítimos dueños de los terrenos.
Durante abril y mayo del 2014, explicaron, la funcionaria fue a la zona para comprar terrenos para el aeropuerto. Detallaron que aprovechó que desde el área jurídica del Valle de México, zona I, se indemnizó a precios “bajísimos” a los afectados por las obras del Circuito Exterior Mexiquense, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México.
De hecho, según Juan Loreto González propietario de hectáreas, Roa López amenazó a los dueños de las tierras de Chimalhuacán para recibir una gratificación del gobierno federal por sus parcelas. De oponerse, las ocuparía el Ejército.
Tomás Cruz, asesor jurídico de los inconformes, agregó que por el miedo infundido, 70% de los 150 propietarios recibieron la gratificación federal, pero no hubo un contrato de compraventa, “pero sin que existiera de por medio un contrato de compraventa, sólo un documento donde los propietarios se comprometen a desalojar sus predios a cambio de una gratificación”.
El asesor respaldó la afirmación al decir que los propietarios tienen documentos firmados por el presidente Benito Juárez en 1862, así como otros de 1920 y 1930, que los acreditan como dueños al pagar desde uno hasta 30 pesos en oro.
Al mismo tiempo que se realizaba la conferencia, otro grupo de propietarios de Los Tlateles se presentaron en sus terrenos y exigieron la salida de las máquinas, camiones de carga y equipos de construcción que se encontraban haciendo trabajos en la zona.
Encabezados por Édgar González Martínez, marcharon en forma pacífica sobre los terrenos e informaron a los empleados que esas hectáreas son propiedad privada y no pueden realizar ninguna obra.
Les dieron una semana de plazo para retirar la maquinaria; de no hacerlo, la sacarán ellos mismos, advirtieron.
Por lo pronto, anunciaron que mañana martes realizarán una marcha del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobernación para exigir el pago justo de sus tierras.
Irán con el apoyo de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc) –que agrupa a propietarios de varios estados del país– para demandar al secretario Miguel Ángel Osorio Chong “dé marcha atrás a estas arbitrariedades”.
