Blanca Juárez
La Jornada
Los consejos Indígena Náyeri y el Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta desconocieron la consulta realizada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la cual pretende avalar la construcción de la presa Las Cruces, en Nayarit.
De manera conjunta exigieron la cancelación de dicho proyecto hidroeléctrico y anunciaron que emprenderán una batalla jurídica para impedir la obra.
En conferencia de prensa, informaron que, a su vez, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) llevó a cabo un proceso de consulta –del 28 de noviembre al 15 de diciembre pasados– sin tomar en cuenta a todas las comunidades de los pueblos wixárika, náyeri y Tepehuano, y validar el proyecto de la presa La Maroma, ubicada dentro del Área Natural Protegida de Wirikuta, en San Luis Potosí.
Denunciaron que personal de la Comisión Federal de Electricidad ya inició los trabajos para la presa Las Cruces.
De acuerdo con Julián López Cánare, del Consejo Indígena Náyeri, la paraestatal “profanó” el centro ceremonial denominado Muxatena, donde perforaron y luego rellenaron los orificios con cemento”.
Asimismo, 14 lugares sagrados para los indígenas náyeris, cinco núcleos agrarios y más de 40 localidades podrían inundarse de concretarse esa construccción.
Los perjuicios son económicos, sociales y culturales, incluso religiosos, señaló López Cánare. El tejido social se está viendo afectado, porque “están dividiendo a las comunidades al ofrecerles supuestos beneficios” para que acepten el megaproyecto. “La CDI y la Secretaría de Desarrollo Social les ofrecen apoyos, caminos empedrados, construcción de escuelas, lo que quieran. Desde los años 60, cuando estaba el Instituto Nacional Indigenista, no habían tenido tanto interés en nosotros como ahora que quieren construir la presa”, subrayó.
Para Odilón de Jesús López, también integrante del Consejo Indígena Náyeri, lo que ha realizado la CDI se trata sólo de una “simulación”, pues en realidad lo que ha llevado a cabo “son reuniones informativas parciales, donde solamente señalan los supuestos beneficios que traerá” la presa Las Cruces. De esa manera el gobierno federal ha incurrido en la violación de los derechos de los pueblos originarios, apuntó.
Debido a que en ambos proyectos –Las Cruces y La Maroma– existen un sinfín de anomalías, de acuerdo con Ubaldo Valdez Castañeda, del Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta, exigió la cancelación de las presas y exhortó al gobierno federal a escucharlos.
Los pueblos wixárika y náyeri iniciarán “una lucha legal hasta sus últimas consecuencias”, en la que no descartan realizar movilizaciones, informó.
“Ya basta de tantos atropellos a nuestros derechos, basta de que la CDI someta a los pueblos indígenas”, dijo Valdez Castañeda.
