Julio Hernández López
La Jornada
Consignar a Rodrigo Vallejo Mora (RoVaMo) sólo como presunto responsable del delito de encubrimiento es una desproporción ofensiva (a fin de cuentas, lo light no fue solamente la cerveza amistosamente compartida con sus presuntos captores de los que ahora no ha querido hablar). No es una minucia secundaria la que largamente ha atribuido la sociedad michoacana al ostentoso hijo del gobernador propicio, Fausto Vallejo, ni lo que la oficina de Jesús Murillo Karam ha conocido en forma de video como evidencia de que el poder político de esa entidad tuvo entendimientos complicitarios y ejecutivos con el jefe del principal cártel regional, el de Los caballeros templarios, a través del todavía significativamente libre Servando Gómez, mejor conocido como La Tuta.
Los visos de protección cupular a Rodrigo Vallejo resultan socialmente subversivos si se contrastan con los siniestros resultados de la gestión del mencionado gobernador al que se dejó marchar con cargo a problemas físicos (pero sobre todo políticos) que le llevaron a pedir licencia definitiva. Los macabros años que ha sufrido la mayor parte de los michoacanos, con una banda de delincuentes protegida por las autoridades formales que en teoría deberían defender a la población y nunca lo hicieron, no merecería que la detección de nexos criminales entre el jefe de ese narcopoder, La Tuta, y el hijo del gobernador que dejaba el ejercicio del poder a otros, entre ellos a su hijo enredado con traficantes, quede en una consignación por una especie de falta menor, por no denunciar en su momento algo (¿sólo el presunto levantón del que no dejó testimonio ante algún agente del Ministerio Público o la estela de actos delictivos del combo gobierno- templarios?)
Tan tersa valoración de los hechos y circunstancias en que ha participado el mencionado Vallejo júnior hace preguntar quién encubre a quién y a causa de qué, pues ese delicado trato a quien fue una especie de cogobernador a título filial contrasta con la fiereza que se aplica diariamente a miles de ciudadanos que habiendo cometido delitos o no son gravemente maltratados por un aparato de presunta procuración de justicia como el que encabeza el mencionado Murillo Karam. Basta ver los casos del médico José Manuel Mireles y decenas de personas que intentaron dar continuidad a los ánimos levantiscos que a título de ‘‘autodefensas’’ les habían sido permitidos y promovidos por la propia autoridad federal que luego puso un alto a esa estrategia, alineó en filas rurales a la mayoría de quienes habían tomado las armas y dio un manotazo ejemplarizante contra quienes se resistieron a las nuevas instrucciones reculantes.
Mantener en prisión a Mireles y a decenas de ‘‘autodefensas’’ es un acto arbitrario de poder político, como lo es haber dejado ir limpio al mencionado Fausto Vallejo en un episodio de arreglos que pareció incluir en el paquete exculpatorio al hijo siempre oscuramente mencionado y al que se está usando como treta distractora sin ir al fondo del asunto, como sería la participación en la delincuencia organizada, el enriquecimiento sin explicación fiscal, el lavado de dinero y otros ilícitos que forman parte del catálogo usual en estos expedientes humeantes.
Con este golpeteo dosificado, Los Pinos sigue manteniendo bajo amago a la vieja clase política del priísmo michoacano (representada por el propio Fausto Vallejo y por el ahora encarcelado Jesús Reyna), sostiene el ofrecimiento del bocadillo tarasco a los aliados con los que está en deuda, los grupos del PRD y del cuauhtemismo que podrían recuperar el poder en la entidad por la vía del peñista Silvano Aureoles Conejo y con el apoyo de los Cárdenas y Leonel Godoy, y consolida la toma mexiquense de los negocios michoacanos en crisis, con el comisionado (para asuntos políticos y económicos) Alfredo Castillo como punta de lanza.
El ciclo legislativo de aprobación de las reformas peñistas (que está a punto de terminar con los senadores listos para cerrar a partir de hoy los expedientes que de regreso les enviaron los diputados federales) ha mostrado de manera descarnada la inutilidad práctica de los mecanismos ‘‘democráticos’’ para que sean escuchados y atendidos los intereses populares.
No es novedad alguna, pero en esta ocasión tan delicada (las reformas peñistas que significan un lesivo rediseño nacional profundo) resultó grotesco el método del mayoriteo implacable, con una grosera desatención a los postulados de los opositores y con una rutinaria destinación al bote de la basura de esas voces disidentes, previa toma de votación cuyos resultados eran absolutamente previsibles, prestablecidos. Sesión tras sesión, tema tras tema, ya fuera en lo general o en lo particular, en artículos reservados o en cualquier otra variable procesal, las objeciones y propuestas de legisladores de PRD, PT y Movimiento Ciudadano fueron bateadas.
Ese formato de presunta representación popular dejó en esta ocasión tan trascendente pruebas de su absoluta inviabilidad. No hubo nada que significara cambios en la letra acordada en Los Pinos y votada a favor marcialmente por PRI, PAN, Verde y Nueva Alianza. Los discursos de los opositores institucionales, PRD, PT y MC, ni siquiera eran escuchados por diputados y senadores que desahogaron largas sesiones (en San Lázaro hubo una que duró 15 horas y media continuas) a título de meros cuerpos votantes, hacedores de quórum autómata, sufragadores con voluntad cedida a los jefes concertadores, legisladores de bulto. Los disidentes ensayaron floridas tácticas desestabilizadoras, como la efímera toma de tribuna para fines fotográficos, el acartonamiento con imágenes de Lázaro Cárdenas del Río, las flores de duelo por la muerte del nacionalismo energético y el uso en marquesinas de letreros luminosos con protestas como de tarjeta postal vacacionista. Pero nada más.
Y, mientras la SEP sigue erosionando la credibilidad en los resultados de sus concursos de oposición, ¡hasta mañana, con Caminos y Puentes Federales estrenando sistema de telepeaje (y sus complicaciones) en plena afluencia vacacionista alta!
