El PRI viola la Constitución todo el tiempo, para qué le hacen al cuento…
Redacción Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- La decisión del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) de abstenerse de impugnar la Ley de Telecomunicaciones, particularmente los artículos 189 y 190 que autorizan la geolocalización y creación de bases de datos, fue severamente cuestionada por el senador del PAN, Javier Corral y Haydeé Pérez, directora de Transparencia y Rendición de Cuentas de la organización Fundar.
Entrevistados por separado por la periodista Carmen Aristegui en su espacio de noticias de MVS, Corral lamentó la determinación de los consejeros, pero aclaró que hay una posibilidad de presentar el recurso de impugnación.
“El caso es que no tenemos el número suficiente de firmas en ninguna de las dos cámaras (Diputados y Senadores) para la acción de inconstitucionalidad.
“En el Senado no pudimos juntar las seis firmas que nos faltan. A pesar de que en el PRD votaron en contra de la ley, no todos firmaron para presentar. Hay compañeros que no quisieron seguir, porque el proceso ha estado lleno de simulación, encabezado por Gustavo Madero, presidente del PAN”, afirmó.
Asimismo, sostuvo que ha existido “una simulación brutal” entre los legisladores. Se hablaba de que querían juntar 166 firmas en la Cámara de Diputados y sólo se consiguieron como 23 del PAN, y de las bancadas del PRD y PT.
“Ahorita estamos en el tema de si podremos conseguir 12 diputados más, para conseguir la acción inconstitucionalidad”, dijo.
A su vez, la directora de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, expresó que desencanto por la decisión del IFAI.
“Lamentamos la decisión del IFAI. Creemos que la ciudadanía ha dado una lucha para contar con derechos y en este caso la protección de datos. En esta oportunidad el IFAI nos queda mal”, dijo.
Extendió su crítica a los legisladores que tuvieron la discusión del tema en sus manos el miércoles pasado en el pleno el mismo día que se vencía el plazo para interponer el recurso.
“Las organizaciones e instituciones nos quedan mal, nos cuestan muchos millones de pesos año con año. Es preocupante sobre todo a futuro, nos preocupa que este vaya a ser el estándar del instituto.
“Desafortunadamente nuestro país está en sentido contrario al avance internacional en materia de telecomunicaciones”, lamentó.
Haydeé Pérez dijo que es comprensible que la geolocalización se utilice en el combate al crimen organizado, sin embargo –dijo– “necesitamos que nos den garantías para que no se vuelva una herramienta de espionaje para los ciudadanos”.
El miércoles pasado, el pleno del IFAI discutió varios argumentos para determinar si el artículo 189 viola la protección de datos personales, ya que –según el precepto legal– instituciones del gobierno podrán utilizar la geolocalización para diversos fines.
En tanto que el artículo 190 establece que las autoridades podrán tener acceso a diferentes datos relacionados con la telefonía móvil, entre ellos, llamadas, mensajes y datos.
Los comisionados Areli Cano y Joel Salas se manifestaron a favor del recurso de inconstitucionalidad por “las evidentes violaciones” que implican hacia los derechos de los ciudadanos.
En contra se manifestaron la comisionada presidenta Ximena Puente, y los comisionados María Patricia Kurczyn, Rosendoevgueni Monterrey, y Francisco Javier Acuña Llamas, por lo que el recurso de inconstitucionalidad fue desechado.
En contraste, el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF) sí promovió la acción de inconstitucionalidad.
En un comunicado el organismo informó que los comisionados Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, presentaron ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 189 y 190, fracción I, de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, “por considerar que vulnera el derecho a la protección de datos personales y la privacidad”.
El comisionado Torres Rogelio, quien fungió como presidente de la sesión, destacó que el Estado debe garantizar la seguridad de las personas, pero no con medidas como las que se establecen en los citados artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ya que “contravienen los principios de privacidad, intimidad, legalidad, certeza y seguridad jurídica que rigen a la información de carácter confidencial.
La decisión se tomó en sesión ordinaria y por unanimidad de votos. La petición fue entregada en la oficialía de partes de la SCJN.
