Gabriela Hernández
Proceso
PUEBLA, Pue. (apro).- Al argumentar que fue la propia CNDH la que avaló la llamada “Ley bala”, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, el priista Víctor Manuel Giorgana, afirmó que esa legislación se mantendrá vigente tal y como fue aprobada desde mayo pasado.
Pese a lo ocurrido el 9 de julio, cuando el niño José Luis Tehuatlie Tamayo fue herido de muerte durante un operativo policiaco para desalojar una manifestación protagonizada por habitantes del poblado de Chalchihuapan, el diputado priista dijo que luego de cuatro meses de análisis los legisladores han concluido que la ley tal como está redactada “no tiene ningún problema”.
“Nosotros hemos coincidido que por el momento no hay necesidad de abrogarla, en virtud del reconocimiento que hizo la CNDH, en cuanto a su apego a los derechos humanos”, declaró.
Y aunque fue el gobernador Rafael Moreno Valle quien envió una iniciativa al Congreso local para pedir su abrogación sólo hasta que los diputados elaboren otra que la sustituya, Giorgana Jiménez señaló que los diputados han determinado no elaborar una nueva ley.
De acuerdo con los legisladores, el caso de Chalchihuapan no se derivó del contenido de la “Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza de los elementos policiales”, aunque ésta prevé el uso de la fuerza en contra de las manifestaciones, sino en que los cuerpos policiacos no siguieron los protocolos que se marcan en esa legislación.
No obstante, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, integrado por distintas organizaciones entre las que se encuentran Artículo 19, Centro Agustín Pro de Derechos Humanos y Fundar, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de la aplicación de la “ley bala” en la entidad.
En una audiencia sobre este caso, el representante del gobierno de Puebla, José Montiel, aseguró que la ley estaba por ser abrogada por el Congreso estatal, con lo que el juicio en esa instancia quedaría sin materia.
Según el gobierno poblano, la controvertida ley se basa un protocolo aprobado por Naciones Unidas bajo la denominación de “Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que se basa en el principio de represión contra las manifestaciones de protesta.
