Yadira Llaven Anzures
La Jornada
El juez de lo Penal de San Pedro Cholula, Alejandro León Flores, dictó la mañana de este miércoles auto de formal prisión por los delitos de motín y despojo en contra los cuatro pobladores detenidos de San Andrés Cholula por defender la tierra. Se trata de Adán Xicale Huitle, Paul Xicale Coyópol, y los hermanos Primo Manuel y Albino Tlachi Valencia.
Tan solo el delito de despojo tiene una sanción de 12 años de cárcel, mientras que por motín suman más de 10 años.
Esto ocurre a pesar de que los principales acusadores son agentes de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, quienes un día antes no acudieron a declarar contra los presuntos inculpados.
Ante la falta de pruebas, la defensa legal acusó de aleccionamiento, excesiva claridad en los señalamientos y evidente manipulación de la presentación de 70 videos que exhibió el ayuntamiento de San Andrés en contra de los pobladores.
Relataron que según los policías municipales el día de la toma de la alcaldía los detenidos estaban en estado de ebriedad y les gritaban improperios a los uniformados mientras estos últimos efectuaban un rondín de vigilancia en las instalaciones del zócalo.
Ante tal actitud, los litigantes dijeron que los agentes aprehendieron a los “revoltosos”, cuando en realidad –aclararon– en el grupo de personas que resguardaban el edificio público solo habían mujeres, ancianos y niños.
A los cuatro detenidos se les acusó de los delitos de motín y de despojo, que forman parte de los procesos penales 581/2014 y 582/ 2014, por lo que no alcanzaron su libertad bajo caución.
Dentro del último expediente, a los sanandreseños también se les imputaron los delitos de daño en propiedad ajena doloso, ataques a las vías de comunicación y por romper el orden constitucional.
Sin embargo, debido a que se encuentra en trámite un juicio de garantías para amparar a los presuntos inculpados, se esperará el término del proceso para saber si se les dicta auto de formal prisión o libertad por los últimos tres delitos.
“El dictamen del juez en los restantes delitos quedó insubsistente por el amparo que se encuentra en trámite”, dejó en claro.
Los abogados José Luis Palacios y Alejandro del Castillo informaron que en la primera averiguación se les acusó por delitos no graves, pero de última hora el agente del Ministerio Público determinó que se les juzgara por los delitos graves.
Los declarantes destacaron que la aprehensión de los Xicale y los Tlachi es una “estrategia perversa” del gobierno del estado que ordena al Poder Judicial ejercer represión contra los pobladores de San Andrés, quienes, dijeron, solo se manifestaron por la defensa de la tierra y el rechazo a la construcción del parque de las siete culturas en el basamento de la pirámide de Cholula.
“Las autoridades estatales están actuando con encono en contra de los detenidos, a quienes se les califica como presos políticos”, precisaron los abogados durante una entrevista.
Agregó que la estrategia de las autoridades es que los señalados permanezcan mayor tiempo en la cárcel mientras llevan a cabo prácticas dilatorias en el segundo proceso penal.
Por último, confirmaron que hay todavía 16 órdenes de aprehensión en contra de pobladores de San Andrés Cholula, que en total sumarían 20 con la detención de los primeros cuatro vecinos, a quienes se les acusó de los mismos delitos.
La Jornada de Oriente dio a conocer este miércoles que el juez de lo Penal de Cholula no ha permitido el desahogo de pruebas a favor de los inculpados, lo que dificulta probar su inocencia y demuestra la influencia del gobierno del estado para así impedir su liberación.
Los activistas fueron detenidos la madrugada del martes 7 de octubre, cuando agentes de la Policía Estatal y Municipal realizaron un operativo conjunto para arrebatar el Palacio Municipal de San Andrés, que estaba en manos de los opositores a la construcción del complejo turístico en la zona arqueológica.
