Paula Carrizosa
La Jornada (Foto: Hallazgo de un cráneo de «Guerrero Jaguar» en obras viales en Cholula, que ocultó el INAH y fue hecho público por la prensa española)
La legisladora federal Roxana Luna Porquillo presentó un punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y a su directora general Teresa Franco, “a salvaguardar, conservar y preservar el patrimonio arqueológico, histórico y cultural de los predios afectados por la construcción del proyecto estatal denominado Plaza de las siete culturas en los municipios de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, así como de la zona arqueológica de Cholula”.
Ante la Comisión Permanente y en coordinación con los diputados perredistas Víctor Manuel Manríquez y Alliet Mariana Bautista, Luna Porquillo presentó este documento, en el que señala que es “obligatorio e insoslayable” que el INAH “realice los estudios pertinentes, imparciales y con un profundo sentido de responsabilidad” en este tipo de proyectos que están “en las cercanías de bienes de su competencia”.
En dicho documento, Roxana Luna también llama a que las “autoridades municipales y estatales de Puebla transparenten el procedimiento expropiatorio”, publicando los planos que conforman dicho proyecto, además de que se suspendan las obras y procedimientos de licitación en tanto no se tenga una autorización del INAH y culminen los procedimientos judiciales.
Asimismo, en el texto presentado ante dicha comisión se cuestiona la rapidez con la que fue aprobada la llamada Ley de expropiación, la cual se presentó ante el Congreso local al día 11 de marzo de este año, dictaminada “únicamente 50 minutos en reunión de la Comisión de Gobernación” y aprobada dos días después.
“La nueva Ley de expropiación aprobada con un procedimiento exprés, haciendo honor a la rapidez que le dio vigencia, permite un procedimiento expropiatorio también exprés, pues faculta a las autoridades estatales a iniciar acciones de expropiación sobre predios de manera unilateral y sin otorgar el derecho de audiencia a los propietarios afectados”, explica en el segundo punto del documento.
Añade que también en sesión de cabildo –el 1 de mayo– San Pedro Cholula aprobó por unanimidad un punto de acuerdo que permitía el proceso de expropiación del cerro del Acozac y nueve hectáreas que se encuentran en la zona arqueológica de Cholula para la construcción de la “plaza de las siete culturas”, que considera la construcción de un hotel, restaurantes, jardines, espejos de agua y andadores, entre otros.
“El proyecto en total comprende 21 hectáreas, 12 de las cuales estarían en San Andrés Cholula y nueve del lado de San Pedro Cholula, para el cual también se pretendería la construcción de una estación de tren turístico ferroviario”, se explica.
Explica que existe un decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla con fecha 9 de enero de 1996, que declara de “utilidad pública” los predios que se ubican en torno a la pirámide de Cholula, lo que deja sin efectos cualquier declaración de utilidad pública que puedan emitir los ayuntamientos, amparando con ello a la zona arqueológica y sus edificaciones.
“Los propietarios de los predios afectados –continúa– han hecho una denuncia pública de la opacidad con la que las autoridades municipales y estatales de la entidad pretenden llevar a cabo las expropiaciones…, el hermetismo y la falta de transparencia ha prevalecido desde un principio, las expropiaciones se publicaron arbitrariamente sin siquiera conocerse el proyecto y sin mediar autorización alguna del INAH”.
Esto último porque el pasado 3 de junio le fue solicitado al Centro INAH Puebla que informara si cuenta con los permisos para demostrar la viabilidad respecto de ese proyecto, a lo que dio respuesta mediante oficio número 401–A–311–(724–7)–01–1932 que “en esta Representación Federal (sic) no se ha recibido documentación o solicitud alguna referente al proyecto que refiere usted en su oficio, denominado Plaza de las siete culturas (Cholula), únicamente se ha tenido conocimiento por los medios de comunicación”.
La respuesta, explica el documento, se contradice con las diversas declaraciones públicas del delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Puebla, Francisco Ortiz Pedraza, quien en entrevistas con la prensa local ha reconocido su conocimiento del proyecto, el cual ha calificado de “viable”.
En ese sentido se refiere también al juicio de amparo concedido a los inconformes por el juez Sexto de Distrito, con el que se concedió la suspensión definitiva del proyecto y cómo, pese a ello, el gobierno del estado lanzó la licitación para que las empresas obtengan el derecho a comenzar los trabajos de construcción en esa zona.
