Gabriela Hernández
Proceso
PUEBLA, Pue. (apro).- A principios de mes, representantes del gobierno de Puebla se presentaron en la casa de Hugo Jiménez con dos bolsas de despensa. “Ya no te enojes”, le dijeron. Él respondió: “A ver, te pago yo las despensas y te saco un ojo, y luego dime si vas a estar bien”.
Hugo Jiménez es uno de los ocho pobladores de San Bernardino Chalchihuapan que resultó gravemente herido durante el operativo de desalojo que policías estatales realizaron el pasado 9 de julio contra manifestantes que bloqueaban la carretera Atlixco-Puebla.
Es una de las víctimas a las cuales el gobierno de Puebla tendría que reparar los daños causados “de manera integral, acorde con lo que establecen los estándares internacionales en la materia y la Ley General de Víctimas”, según la recomendación emitida el 11 de septiembre por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Ese 9 de julio, Hugo ni siquiera participó en la protesta. Junto con su esposa y dos hijas regresaba de una junta escolar que se realizó en el vecino pueblo de Chipilo, cuando se topó con los policías que perseguían a los pobladores.
Sin importarles la presencia de las dos niñas, de seis y cuatro años de edad, los policías dispararon a quemaropa los proyectiles de gas lacrimógeno. Cuando Hugo volteó para ver a qué distancia se encontraban los uniformados, un cartucho de gas impactó en su cara.
Ese día los doctores le dijeron que había salvado la vida gracias a que los lentes de aumento que traía le amortiguaron el golpe, pero eso no evitó que perdiera el ojo izquierdo.
Casi tres meses después de ese hecho, representantes del gobierno estatal se presentaron en su casa con dos bolsas de supermercado con “productos baratos” que se incluyen comúnmente en las despensas.
Jiménez se manifestó ofendido por la acción, a lo que los enviados respondieron: “Pero si nosotros no te hemos hecho nada”. Y aquél reviró: “Yo tampoco había hecho nada para que me pasara esto”.
En entrevista, Hugo Jiménez agrega: “Yo les dije que lo que quiero es que me cubran los gastos médicos, y me dijeron que me conformara con que estaba vivo”.
El hombre, quien asegura que ya tiene una deuda por más de 100 mil pesos derivada del accidente, dice que nadie ha acudido a su casa para informarle sobre el supuesto Fideicomiso que creó el gobierno para apoyar a las víctimas, en cumplimiento a lo que marca la recomendación de la CNDH y que tendría que estar totalmente cumplida el próximo viernes 24.
Hugo Jiménez no asistió al “acto de desagravio” en las oficinas de la Junta Auxiliar. La invitación, como al resto de los pobladores agredidos, le llegó apenas tres horas antes de que el evento se realizara.
Durante su participación en el foro “Chalchihuapan, Comunidad y Resistencia”, la víctima denunció que en lugar de reparar el daño, lo que ha hecho el gobierno de Puebla es someter a los habitantes a amenazas e intimidaciones.
“Me han llegado amenazas de muerte porque dicen que nos estamos enfrentando al gobierno. Eso es lo que estamos viviendo en Chalchihuapan desde el 9 de julio hasta ahorita. Nosotros estamos viviendo una pesadilla”, relata.
Y refiere que la madrugada del lunes 20, sujetos no identificados se plantaron afuera de su casa alrededor de las dos de la madrugada, tomaron fotografías y, antes de retirarse, hicieron dos disparos al aire.
“¿Qué más quieren? ¿Nos quiere desaparecer? ¿Eso es lo que busca el gobierno de Moreno Valle?”, pregunta.
Hugo, quien hasta antes de ser víctima de la represión policíaca se dedicaba a labores del campo y los fines de semana cantaba en un grupo musical, se queja de que hasta ahora no hay justicia para los habitantes de Chalchihuapan. “Nos están viendo la cara”, reclama.
Y refiere que desde que el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, emitió la recomendación, supieron que nada ocurriría, pues otorgó todas las facilidades al gobierno de Moreno Valle para que evadiera la responsabilidad de los hechos y para que volviera a reprimir a la población.
“Plascencia no hizo bien su trabajo”, remata.
YA CUMPLIMOS CON RECOMENDACIONES: MORENO VALLE
Para el gobernador Rafael Moreno Valle, las 11 recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Chalchihuapan están cumplidas.
“Ya cumplimos todas”, respondió el mandatario poblano, sin abundar más sobre el tema, cuando fue abordado por reporteros al concluir una gira de trabajo por el municipio de Tehuacán.
No obstante, Ricardo Jiménez, integrante del Movimiento Alternativa Social (MAS), señaló que la única recomendación que cumplió Moreno Valle fue el nombramiento de José Antonio Pérez Bravo como fiscal del caso.
En lugar de cumplir, el gobernador “volvió a agraviar y violentar los derechos humanos de los pobladores de Chalchihuapan, por lo que la CNDH debe dar por incumplida la recomendación”, advirtió Jiménez.
Lo que procede, agregó, es que el ombudsman cumpla con lo que ofreció, en el sentido de dar cuenta al Legislativo para que se instaure un juicio político contra el mandatario poblano.
