Víctor Fuentes
Reforma
Cd. de México (15 mayo 2014).- El Consejo de la Judicatura Federal denunció ante la PGR por probable enriquecimiento ilícito de hasta 26 millones de pesos y lavado de dinero a un juez de distrito de Torreón y uno de sus secretarios, suspendidos desde 2011 por beneficiar a la empresa de casinos Atracciones y Emociones Vallarta.
El CJF había determinado desde el pasado 22 de enero que existían indicios de estos delitos, pues en esa fecha votó por iniciar oficialmente el procedimiento de responsabilidad contra el juez Luis Armando Jerezano y el secretario Gerardo Tiscareño.
Dicha querella se suma a la formulada esta semana contra los magistrados de circuito Eduardo Ochoa Torres y José Manuel Rodríguez Puerto y el juez de Distrito Javier Lozano Martínez, señalados por vínculos con el casinero Juan José Rojas Cardona.
A diferencia de Jerezano, estos juzgadores fueron suspendidos sin goce de sueldo la semana pasada, e inmediatamente denunciados ante la PGR, sin investigación previa del CJF.
Hasta ahora no se ha informado de alguna denuncia similar contra el juez Hiram Barbosa, adscrito a Monterrey, que también lleva tres años suspendido por favorecer a Rojas Cardona, así como tres de sus secretarios, a los que en conjunto se detectaron operaciones financieras no justificadas por más de 14 millones de pesos.
Cabe mencionar que ninguno de los jueces, magistrados y secretarios mencionados han sido hasta ahora sancionados por el CJF con destitución o algún otro castigo administrativo, ya que formalmente solo están suspendidos mientra se les investiga.
Las operaciones
En el caso de Jerezano, las operaciones detectadas por el CJF entre 2006 y 2011 fueron depósitos por 3.5 millones de pesos en una cuenta en HSBC, adicionales al salario del juez, de los que 3.3 millones de pesos fueron en efectivo.
Siete créditos otorgados por HSBC a Jerezano, que sumaron 3 millones 650 mil pesos, de los que 3 millones 40 mil pesos fueron pagados en forma anticipada.
El resto de las operaciones involucra a Thelma Guadalupe Treviño Clemente, suegra del juez, quien sin tener ninguna actividad remunerada declarada ante el SAT recibió depósitos de origen desconocido por 2.2 millones de pesos.
Treviño Clemente también recibió transferencias de 4.1 millones de pesos desde la cuenta de su yerno en HSBC, y además compró dos inmuebles por 13 millones de pesos mediante contratos privados que no fueron inscritos en el Registro Público de la Propiedad.
El CJF no pudo conocer el destino de los recursos que recibió Treviño Clemente, pues ella no era la persona investigada y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no le facilitó la información.
La investigación 7/2011 señala que Jerezano incurrió en «falta de profesionalismo e imparcialidad, notoria ineptitud y descuido» durante el trámite de al menos 12 amparos.
El caso más grave, que originó la indagatoria, fue el de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, vinculada con el Casino Royale de Monterrey.
En diciembre de 2008 la empresa ganó un amparo por el que se ordenó a Gobernación reconocer la validez de un permiso para operar cinco casinos que según la dependencia era falso, ampliar dicho permiso para autorizar 41 books deportivos y levantar clausuras sobre dos casas de apuestas.
Entre otras irregularidades, Jerezano aceptó tener por cumplida la sentencia de amparo mediante un documento supuestamente expedido por Gobernación, que también era falso y fue presentado por los abogados de AEV, lo que es totalmente inapropiado.
En 2008 y 2009, el juez no se excusó de conocer amparos en los que estuvieron involucrados amigos cercanos.
