A éstos le están entregando al país los «diputados» y «senadores».
Sergio Caballero
Proceso
CANCÚN, Q. Roo (apro).- Empleados y extrabajadores del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC), el segundo más importante del país, denunciaron que el presidente del Consejo de Administración de Aeropuertos del Sureste (Asur), el empresario Fernando Chico Pardo, recurrió a argucias legales para eludir el reparto de utilidades de los ejercicios 2006 y 2007.
Luego de una revisión, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) descubrió que Asur evadió, entre otras obligaciones fiscales, el pago de utilidades de unos 500 trabajadores y exempleados del AIC, uno de los nueve bajo el control del corporativo Asur.
En respuesta, Aeropuertos del Sureste (Asur) presentó ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) un juicio de nulidad contra el SAT, que le exigía el pago de 850 millones de pesos, incluidos 116 millones del reparto de utilidades de los trabajadores del AIC.
A partir de este juicio, el TFJFA notificó a los trabajadores del AIC como terceros interesados por la evasión fiscal de Asur.
Sin embargo, de acuerdo con Raúl Fernández y Zaúl Estrada, vocero y abogado de extrabajadores del AIC, el magnate ha puesto en marcha argucias legales para, por lo menos retrasar, el pago de utilidades.
No obstante, cuando fue descubierta esta evasión 127 trabajadores habían dejado de prestar sus servicios en Asur, pero en total suman 500 agraviados, entre empleados y extrabajadores.
Como parte del proceso, el TFJFA requirió a Asur que informara sobre los domicilios de los exempleados a fin de notificarles que son terceros interesados en el juicio por la evasión. Sin embargo, de acuerdo con Raúl Fernández, Asur dio direcciones falsas de 32 de los 127 extrabajadores.
“Esto fue para retrasar el procedimiento, pues se requiere que todos los trabajadores y extrabajadores estén notificados”, explicó Fernández.
Pero eso no fue no todo, pues la empresa también ha pretendido confundir a los actuales empleados a fin de que no exijan el pago de sus utilidades de 2006 y 2007.
En primer lugar, refirió Zaúl Estrada, una de las abogadas de la empresa, Dulce María Ruiz Beltrán, obligó a los trabajadores a que la nombraran su apoderada legal en el litigio de Asur con el SAT.
“Aquí la abogada se convierte en juez y parte, ya que es representante legal de Asur y apoderada legal de los trabajadores”, acusó.
Peor aún, señaló el litigante Zaúl Estrada, falsificó las firmas de 14 empleados en el documento en el que los trabajadores la nombran su representante legal en el litigio de Asur contra el SAT, el cual fue protocolizado ante el notario público 10, Francisco Lechón Rojas.
Ante ello, anunció que el próximo lunes siete empleados presentarán una denuncia penal contra Ruiz Beltrán por falsificación y uso de documentos falsos.
Fernández y Estrada señalaron que entre las firmas falsificadas por Ruiz Beltrán destaca la de Héctor Fernández Varela, que había muerto un año antes de la presentación del documento en la que ella en nombrada apoderada legal de los trabajadores.
“El compañero murió el 11 de junio de 2012 e inexplicablemente ‘firmó’ en 2013”, resaltó Raúl Fernández.
Enseguida lamentó que Asur, lejos de asumir sus responsabilidades, recurra a chicanadas para eludir sus compromisos con los trabajadores del AIC.
En tanto, Zaúl Estrada destacó las contradicciones del empresario Fernando Chico Pardo, pues en 2009 fue nombrado consejero del Pacto Global de la ONU, mecanismo que atiende temas como los derechos humanos, cuidado del ambiente y medidas anticorrupción, y ahora el empresario recurre a chicanadas en agravio de sus propios empleados.
Chico Pardo también fue presidente del Consejo Directivo del Patronato Económico y de Desarrollo de la Universidad Iberoamericana y también es el principal accionista de la empresa Inversiones y Técnicas Aeroportuarias SA.
