Guillermo Luevano
La Jornada
La nota principal de este diario del pasado viernes 22 de agosto denuncia que el Gobierno del estado adquirió recientemente equipo tecnológico para la intervención de teléfonos celulares hasta por más de 21 millones de pesos. La información se originó en el portal de la organización “Ciudadanos Observando” que ha venido señalando prácticas gubernamentales relacionadas con el uso de recursos públicos, especialmente donde se presume despilfarro o corrupción.
La situación no es menor ni inocente. Por un lado, se encuentra el posible argumento oficial relativo a la necesidad del gobierno estatal de contar con elementos y mecanismos para hacer frente a la delincuencia organizada, pero, por otro lado, se halla la creciente desconfianza hacia las instituciones públicas, enfáticamente sobre las que se dedican a la investigación policíaca y la preocupación fundada de que los implementos tecnológicos sean usados con fines de persecución política.
El gobierno de Fernando Toranzo comenzó su gestión encarcelando a principios de 2010 a Francisca Reséndiz, secretaria del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado, por realizar protestas tendientes al reconocimiento de derechos laborales de una decena de agremiados. Reséndiz fue liberada meses después por una decisión judicial, lo que evidenció el carácter político de la detención.
Con aquella obtusa equivocación el galeno oficialmente a cargo del Poder Ejecutivo estatal mandaba una señal preocupante respecto a la tónica de su mandato. El autoritarismo y la represión como señal de aviso disciplinario o amenazante.
En el marco de la semana santa de 2012 tras la detención por policías municipales de un par de trabajadores de una tienda de electrodomésticos ubicada en el centro histórico acusados de “terrorismo” por haber encendido sus motocicletas mientras se llevaba a cabo la “quema de judas” en Plaza de Fundadores de la capital del estado, el gobierno estatal emprendió de nueva cuenta una campaña inusitada que buscaba castigar penalmente a esos dos ciudadanos absurdamente incriminados. De nueva cuenta tuvo que ser una decisión judicial la que abriera el camino de la libertad para las dos víctimas de abuso de autoridad en que se convirtieron los motociclistas.
En diciembre de 2013 durante la sesión del Congreso del Estado local, durante la protesta ciudadana contra la aprobación de la contrarreforma energética, que hoy ya se ha puesto en marcha, el gobierno torancista desplegó un aparatoso operativo intimidatorio de agentes de seguridad pública que so pretexto de resguardar el orden y el normal desarrollo de la sesión legislativa en la Cámara de representantes potosina recurrió a la violencia generalizada contra manifestantes, entre quienes se hallaban periodistas de este medio editorial quienes dimos cuenta del exceso autoritario del que se valió la administración para validar con el voto estatal la reforma constitucional en materia de energía. Ese operativo ya lo habían probado dos ocasiones antes en el mismo 2013 contra las protestas juveniles y estudiantiles que se oponían al aumento en las tarifas del transporte público en el mismo escenario: el Congreso del Estado.
Hace apenas unos días en la inauguración de la Feria Nacional Potosina, también en el marco de una protesta ciudadana, el gobierno estatal detuvo a Sergio Serrano, activista ambiental defensor de Cerro de San Pedro y por tanto opositor histórico a la Minera San Xavier (Metallica Resources – New Gold, indistintamente).
Esos casos son indicios públicos, entre otros, de la conducción estatal respecto a la protesta pública. No es casualidad que el rubro con mas quejas ciudadanas contra el gobierno del estado ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sea precisamente el de abuso de autoridad, concretado en conductas cotidianas de policías y personal de la administración que se conducen de manera abusiva y autoritaria. Es probable que incluso en este breve recuento omita, por falta de memoria pero no de evidencia empírica, algunas otras detenciones injustificadas y excedidas.
En dicho escenario, la duda sobre el comportamiento y actuación de la administración estatal en el tema de los derechos humanos y de seguridad pública se vuelve fundada. Los nuevos juguetes de la administración estatal pueden ser utilizados para la prosecución de fines distintos a la seguridad pública y a la investigación de grupos de la delincuencia organizada. Y más bien es de esperarse que ya estén en marcha los operativos ilegales e inconstitucionales de intervención de las telecomunicaciones en contra de activistas y de personas defensoras de derechos sociales en San Luis Potosí.
