Mónica Camacho
La Jornada
Monex Grupo Financiero, empresa que participó en la triangulación de recursos a favor de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, es la verdadera dueña del consorcio que ganó la concesión del servicio de agua potable en Puebla, pues no solo tiene 75 por ciento de las acciones, sino que además maneja el fideicomiso al que van a parar los pagos de los contribuyentes.
Lo anterior consta en un instrumento notarial del que tiene copia La Jornada de Oriente, el cual exhibe que las compañías Grupo Agua de México (AM), Tecnología Intercontinental (Ticsa) y Epccor Servicios (Epccor), que ganaron la concesión licitada por el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap), son en realidad accionistas minoritarias, dos de las cuales tienen una participación inferior a 0.3 por ciento.
De hecho Ticsa acordó desde septiembre pasado con AM y con Epccor que su participación en el negocio sería temporal, por lo que en mayo inició los trámites para abandonarlo.
Las cuatro firmas integran el consorcio Concesiones Integrales, sociedad anónima promotora de inversión que se constituyó el 23 de diciembre de 2013, tan solo tres días antes de recibir el título de concesión para administrar el recurso hídrico en Puebla, Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Amozoc por los próximos 30 años.
La privatización del Soapap surgió como un proyecto de la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, cuyas autoridades argumentaron que era necesaria la participación de la iniciativa privada debido a que el Estado no tenía la capacidad presupuestal para realizar las inversiones necesarias en materia hídrica.
Como parte de este proceso de privatización un aspecto que ha llamado la atención es que a los usuarios que se han presentado a Concesiones Integrales para liquidar grandes adeudos la instrucción que les dan es que el depósito no se haga a la cuenta bancaria de la empresa, sino al fideicomiso 2111 EO, que es del Banco Invex, el cual es especializado en negocios fiduciarios, razón por la cual carece de sucursales en la mayor parte del país.
Eso ha generado mucha inquietud en grandes usuarios, el hecho de que los depósitos no entren directamente al patrimonio de Concesiones Integrales y que con un fideicomiso el dinero esté siendo acumulado a favor de un tercero, del que se ignora quién es; además se considera que ese esquema de pago impide como probar ante el fisco los pagos al servicio de agua potable.
AM, Ticsa y Epcoor, los deudores de Monex
El instrumento notarial al que este diario tuvo acceso validó la conformación de Concesiones Integrales y dio fe a una resolución adoptada por los accionistas el 15 de mayo pasado, en la que se definieron las primeras acciones de la compañía para asumir el control sobre los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales.
Del documento se desprende que Grupo Financiero Monex se incorporó a la privatización del servicio de agua potable, sin participar en el proceso de licitación que encabezó el Soapap de septiembre a diciembre de 2013, debido a que fue designada por AM, Ticsa y Epccor como fiduciaria del fideicomiso irrevocable de inversión de Concesiones Integrales.
En esa calidad, Monex actuó como intermediaria en la contratación de un financiamiento adquirido ante la banca privada, con el fin de dar solvencia económica al consorcio, el cual no contaba en abril con los recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones con el sistema operador.
El préstamo se destinó al pago de la contraprestación solicitada por el Soapap, la cual ascendió a mil 400 millones de pesos, según información extraoficial difundida por medios de comunicación locales.
El financiamiento convirtió a Monex en “inversionista” de la sociedad, mientras AM, Ticsa y Epccor pasaron a ser sus deudores, por lo que el consorcio decidió reclasificar el total de acciones.
En el acuerdo V de las resoluciones, adoptadas por los miembros de Concesione Integrales el 15 de mayo, se determinó que las acciones se distribuirían “en proporción” a la participación porcentual de cada firma en el capital de la sociedad anónima, el cual asciende a 445 millones 900 mil pesos.
Monex se quedó con 334 millones 422 mil 427 acciones, cada una de las cuales tiene valor nominal de un peso, lo que representa 75 por ciento del capital social.
El siguiente en la lista es Epccor, con una participación de 24.7 por ciento, lo que quiere decir que es dueño de 110 millones 424 mil 142 acciones.
Más abajo se encuentra AM con un millón de acciones, lo que representa solo 0.224 por ciento del capital, mientras Ticsa tiene 50 mil acciones, es decir, una participación de 0.011 por ciento.
Monex y sus monederos electrónicos
Monex Grupo Financiero participa en Concesiones Integrales a través de Banco Monex S. A. Institución de Banca Múltiple, la cual es una de las tres entidades financieras que lo conforman, de acuerdo con el sitio oficial de internet de esa compañía que preside Héctor Lagos Dondé.
La empresa se vio envuelta en el escándalo por su participación en la elección presidencial pasada, en la que emitió 9 mil 924 monederos electrónicos con valor total de 71 millones 815 mil 849 pesos.
Aunque las tarjetas de prepago se utilizaron para costear la estructura electoral del PRI, los recursos manejados no se reportaron en los gastos de campaña.
El caso ameritó una investigación que corrió a cuenta del extinto Instituto Federal Electoral y de una comisión especial que conformó la Cámara de Diputados. Ambas instancias concluyeron por separado que Monex fue participe de una “triangulación” en el financiamiento del PRI.
Aun así, el 23 de enero de 2013 el Consejo General del IFE exoneró al PRI de una multa de 75 millones de pesos, aproximadamente, pese a que concluyó que sí hizo uso de dichos monederos electrónicos.
La Comisión de Investigación del caso Monex de la Cámara de Diputados entregó en marzo pasado un reporte preliminar de sus investigaciones, en el que se denunció que la triangulación de recursos a través de monederos electrónicos de Monex y otras instituciones bancarias permitieron a Enrique Peña Nieto gastar 13 veces más del tope permitido por la ley electoral.
En una entrevista que concedió a Reforma en julio de 2012, Héctor Lagos Dondé rechazó que su empresa formara parte de un fraude electoral, pues indicó que Monex nunca supo que las cuentas estuvieran vinculadas al PRI o que las tarjetas recibirían un manejo político.
La empresa que nunca quiso la concesión
Ticsa aceptó participar en la licitación del Soapap y formar parte de Concesiones Integrales con una condición: que podría dejar el negocio “en paz y a salvo”, sin enfrentar ningún tipo de reclamación por incumplimiento.
AM y Epccor aceptaron la petición de Ticsa, la cual se incorporó dentro de los acuerdos preparatorios consignados en un contrato de fecha 23 de diciembre de 2013, el mismo día que se constituyó Concesiones Integrales
En el inciso (iii) de dicho documento se estipuló que “la obligación asumida por AM y Epccor a indemnizar y sacar en paz y a salvo a Ticsa conforme los términos ahí previstos en relación a su participación en la licitación o en la concesión, siempre que las mismas no hayan sido responsabilidad de Ticsa”.
El tema se abordó hasta la resolución de los accionistas del 15 de mayo, y uno de los acuerdos que se tomaron es que instruirían a la sociedad a firmar un instrumento para terminar el “convenio concursal” signado por las tres firmas.
Además, AM y Epccor se comprometieron a defender a Ticsa de cualquier reclamación o de la imposición de sanciones, así como de hacer “el reembolso de cualquier pago que Ticsa hubiere efectuado”. Se desconoce si la salida de Tecnología Intercontinental se concretó.
