Juan Alberto Cedillo
Proceso
SALTILLO, Coah. (apro).- En los últimos siete años, una red de políticos y empresarios coahuilenses invirtió en el estado de Texas, millones de dólares provenientes de negocios ilegales. Entre ellos, destacan dueños de medios de comunicación y del sector minero, así como funcionarios de la administración del exgobernador Humberto Moreira.
Como parte de esa red que lavaba dinero en bancos texanos, los fiscales estadunidenses han acusado al extesorero Héctor Villarreal, al empresario lagunero Guillermo Flores Cordero y al exgobernador interino Jorge Torres López, pero ahora se han sumado personajes como Roberto Casimiro González Treviño, dueño de la cadena de Radio y Televisión RCG, y el mismo Humberto Moreira.
Ambos son investigados para requisarles cuentas bancarias en Texas y las Bermudas, además de una gran cantidad de propiedades en Estados Unidos, según información difundida este lunes por el diario San Antonio Express News.
Las agencias estadunidenses que investigan a dicha red de políticos y empresarios son la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), la Oficina del procurador general de Texas y el Servicio de Impuestos Internos.
De acuerdo con las autoridades estadunidenses, “empresarios inescrupulosos y funcionarios de alto rango de Coahuila lavaron más de 35 millones de dólares en sobornos para contratos estatales.
“Los fiscales ya han confiscado millones de dólares en bienes raíces en San Antonio –incluyendo una casa en The Dominion, propiedades comerciales en EU 281 y una farmacia en Stone Oak Parkway– y acusado a seis personas menores de una investigación sobre un nexo de la política y una de las bandas de narcotraficantes más notorios de México”, subraya el diario.
Según los fiscales, esos millones fueron saqueados por el gobierno de Coahuila y enviados a Texas a partir de
2007, durante el mandato del exgobernador Humberto Moreira.
“Parte del dinero provino de contratos inflados, dijo el primer asistente del fiscal Cliff Herberg. En una ocasión, añadió, un contrato estatal fue a una empresa de extracción minera controlada por la banda de Los Zetas”, apunta el San Antonio Express News.
Las agencias descubrieron la complicidad de funcionarios de Moreira y los empresarios a través de entrevistas, documentos judiciales, registros de propiedad y registros reglamentarios, con los cuales las personas investigadas construyeron una red de negocios en expansión en Texas, que incluyen un desarrollo de bienes raíces comerciales, residencias privadas y restaurantes.
Y a menudo utilizaron una red de sociedades de responsabilidad limitada, que hizo difícil para los investigadores el seguimiento de la propiedad de dichos activos.
“Junto con las propiedades de San Antonio, los fiscales han presentado demandas para tomar el control de los bienes inmuebles en el Valle del Río Grande y millones de dólares en cuentas bancarias en Texas y las Bermudas”, sostiene el rotativo.
Para los juicios que se llevan a cabo en San Antonio, los investigadores están llamando a testigos para que declaren sobre los políticos de Coahuila –incluyendo a Humberto Moreira y a su hermano, el actual gobernador (Rubén Moreira)–, con el fin de conocer la relación de los empresarios con negocios ilegales con el Estado y con Los Zetas.
“La situación es políticamente tensa. Moreira, el exlíder del Partido Revolucionario Institucional, o PRI, es cercano al presidente de México, Enrique Peña Nieto. Cuando un acusado fue llevado a los tribunales en San Antonio, un excongresista estadunidense apareció para apoyarlo”.
La situación legal de Humberto Moreira en Texas se complicó cuando una mañana de octubre del año pasado, los residentes de la subdivisión residencial de Campeones de Ridge observaron como agentes federales detuvieron a un vecino vinculado con el gobierno de Coahuila: Raúl González Fernández, de 42 años de edad y dueño de un restaurante, quien fue acusado por conspirar para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína y por posesión de más de 500 gramos de la droga.
Los fiscales solicitaron que le fueran requisadas tres casas en San Antonio, todas valuadas en más de 500 mil dólares, una de ellas propiedad de su padre, Raúl González Treviño.
En 2008 Humberto Moreira nombró a Raúl González Treviño portavoz de Coahuila en San Antonio, pero hasta ahora no está claro qué deberes realizó. Incluso los funcionarios del Consulado de México y de la Oficina de Relaciones Internacionales de San Antonio dijeron desconocer la posición de González Treviño.
Lo que se sabe es que los González controlan un imperio de medios de comunicación en México y en los últimos años ampliaron su influencia a través de la frontera.
González Treviño, el padre, compró su primera casa en San Antonio a principios de 1990. Luego, a partir de 2006, él y su hermano, Roberto Casimiro González Treviño, realizaron grandes inversiones durante los siguientes cinco años, comprando una docena de casas en San Antonio.
El año pasado Raúl González Treviño compró un pedazo de un acre de la propiedad comercial en EU 281, cerca de TPC Parkway.
La compañía de Roberto Casimiro González Treviño, RCG Radio y Televisión, ha recorrido un largo camino desde que la empresa familiar comenzó hace 30 años, cuando se lanzó como Cablevision, la primera compañía de cable en México.
“Hoy en día cuenta con grandes edificios de oficinas en Saltillo y hangares en el aeropuerto de la ciudad. La compañía también es propietaria de las carteleras de todo el estado. Sus estaciones de radio y televisión tienen una reputación de apoyar al Partido Revolucionario Institucional, por sus siglas en español PRI, en general, y los Moreira en particular”, señala el San Antonio Express News.
“Cuando Humberto llegó al poder, RCG era pequeña”, dijo Jorge Rosales Saade, un funcionario del partido opositor (PAN) en Coahuila. “Todo lo que tenía era Cablevision, pero se hizo un multimillonario con un enorme poder. Todos los carteles que el PRI utiliza en sus campañas son rentados a Roberto Casimiro González”.
Este último también aparece en la lista de personas que los fiscales del condado de Bexar tienen para su investigación de lavado de dinero.
Entre los empresarios detenidos por las autoridades de Texas destaca Guillermo Flores Cordero, de Torreón, capturado en agosto pasado en el Aeropuerto Internacional de San Antonio, cuando descendió de un jet privado.
Los agentes federales ya lo esperaban para llevarlo a Corpus Christi, con el objetivo de que hiciera frente a las acusaciones sobre sociedades ficticias ilegales que eran utilizadas para transferir millones de dólares a Estados Unidos.
Flores se declaró culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero y accedió a renunciar a millones de dólares en cuentas bancarias en Texas, un Learjet y su casa en The Dominion.
Los fiscales han dicho en el juicio que ellos creen que Flores ayudó al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, a blanquear dinero de los sobornos que le hacían Los Zetas.
Según el diario, Flores tiene amigos poderosos en EU, entre ellos el cabildero y excongresista Henry Bonilla, que se presentó en su primera comparecencia judicial en San Antonio. Bonilla dijo que se hizo amigo de Flores y que estaba allí para mostrar su apoyo.
Lazos con Los Zetas
En febrero pasado, Villarreal llegó a uno de los puentes internacionales en El Paso y se entregó a los agentes federales. Ellos lo llevaron a San Antonio, donde los fiscales abrieron una acusación por lavado de dinero, destaca el periódico texano.
Villarreal confesó que el lavado de dinero que realizó en San Antonio fue producto de sobornos, robo, malversación de fondos y la distribución de drogas. “Otro indicio de que EU está investigando si existe una conexión entre el presunto allanamiento de las arcas del estado de Coahuila y Los Zetas”.
En octubre de 2012, José Eduardo Moreira, hijo de Humberto Moreira, fue asesinado en la ciudad fronteriza de Acuña, y varios oficiales de la policía fueron arrestados por su presunta complicidad en el crimen.
“En entrevistas después de la muerte de su hijo, Humberto Moreira culpó a narcoempresarios, con vínculos con los cárteles que permitieron a las pandillas actuar con impunidad. Los Zetas, en particular, habían extendido su control para el sector minero de Coahuila, dijo Moreira. El grupo de amigos, señaló, fue el responsable de una ola de violencia en la que murieron decenas de miles en México, muchos en Coahuila”.
Pero lo que no confesó el exgobernador Moreira es que él conoció esa red de empresarios con Los Zetas y no hizo nada para desarticularla, por corrupción o complicidad.
