Jair García
La Jornada
Con la reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), en la cual le quitan la responsabilidad al gobierno estatal de hacer frente al pago de pensiones, ya sólo restan cinco años de recursos para pagarle a los pensionados, mencionaron Gerónimo Reyes Hernández y Adriana Chávez Tejeda, dirigentes de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev), quienes anunciaron denuncias penales contra ex gobernadores, ex directores y ex consejeros del IPE.
Ante esta situación, indicaron que a partir del próximo 25 de agosto comenzarán a presentar los amparos en contra de la reforma aprobada por el Congreso Local, por considerarla violatoria a sus derechos, así como a la Constitución Política de México, a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).
Estimaron que tan solo serán 4 mil pensionados adheridos al Copipev los que se estarían amparando en los próximos días, pero la cantidad será mucho mayor, porque igualmente lo harán por separado las delegaciones de jubilados de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de Xalapa, Veracruz, Córdoba y Orizaba, además quienes militan en el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV).
Todas las organizaciones que forman parte del Frente Estatal de Defensa del Instituto de Pensiones del Estado también presentarán sus amparos en próximos días, pues tienen como fecha límite para hacerlo el primero de septiembre.
“Es tal la magnitud del agravio, que incluso hasta los propios trabajadores jubilados y en activo del sindicato del IPE se ampararán contra la reforma, porque saben que peligra su patrimonio”, agregaron.
Consideraron un hecho fuera de toda lógica, que mientras el gobierno federal asumió la responsabilidad del pago de las pensiones de los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), en Veracruz se hizo algo totalmente opuesto.
Comentaron que en la reforma, ahora, al gobierno estatal lo vuelven solidario en la aportación de recursos para el pago de pensiones, cuando en la anterior ley estaba obligado.
Ante esta situación, indicaron que el mal manejo que ha tenido el IPE durante los últimos 20 años, hace que las proyecciones sean de que sólo le quedarían cinco años al Instituto para cumplir con sus obligaciones tal como está la reforma aprobada hace unos días.
Gerónimo Reyes Hernández y Adriana Chávez Tejeda señalaron que su estrategia jurídica será la de ampararse, con la confianza de ganar el litigio, y en caso contrario acudir a organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la Comisión Interaméricana de Derechos Humanos (CIDH).
A la par, exigirán transparencia y rendición de cuentas, para la forma en que se han usado los recursos de los jubilados y pensionados del IPE. Así, detalló que presentarán denuncias penales contra los ex directores del Instituto de Pensiones del Estado y de quienes han fungido como consejeros por haber aprobado medidas y acciones que fueron en detrimento del patrimonio de los jubilados.
