Yadira Llaven Anzures
La Jornada
Desde el Senado de la República, Elia Tamayo Montes, la madre del niño de Chalchihuapan que se encuentra en coma por una bala de goma en la cabeza, pidió al gobernador Rafael Moreno Valle que frene el hostigamiento a su familia y los pobladores de su comunidad.
Este miércoles, Tamayo Montes acudió a la ciudad de México para interponer una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y para evidenciar ante el Congreso de la Unión las agresiones sufridas a su hijo, por el exceso uso de la fuerza pública, que lo mantienen a un pie de la muerte.
La humilde mujer de Chalchihuapan ofreció una rueda de prensa a medios nacionales, donde estuvo respaldada por la diputada federal Roxana Luna Porquillo y el vicecoordinador de la Cámara Baja, Miguel Alonso Raya, además de los senadores Manuel Bartlett Díaz y Alejandro Encinas.
Sin embargo, en la capital del país también estuvo apoyada por otros pobladores de la junta auxiliar, así como del alcalde Javier Montes Bautistas, quien dejó la comunidad por inseguridad y porque sobre él pesa una orden de aprehensión por los hechos ocurridos la semana pasada.
Elia Tamayo acusó al gobernador Rafael Moreno Valle de presionarla para que firme una declaración prefabricada por las autoridades, donde los excusa de toda responsabilidad ante las severas lesiones causadas a su hijo, que hoy se debate entre la vida y la muerte.
En la breve intervención de la mujer, dijo sentirse muy presionada por el gobernador, “porque él anda buscando quién es el responsable.
A los reporteros expuso que una bala de goma le voló un pedazo de la cabeza a su hijo Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien apenas cuenta con 13 años de edad, cuando venía de la escuela.
Por ello pidió a los diputados y senadores “manden un médico para que valore a mi hijo y le dé el seguimiento”.
Esto luego de dejar entrever que no confía en los galenos al servicio del gobierno del estado que atienden al menor desde el área de urgencias del Hospital General del Sur.
Elia también pidió que liberen a los cuatro pobladores de Chalchihuapan a los que el gobierno morenovallista está inculpando de supuestamente incurrir en por lo menos ocho delitos, por participar en el bloque carretero que derivó en enfrentamiento el pasado 9 de julio, a la autopista Siglo XXI.
“Suelten a mis pobres paisanos, que no cometieron ningún delito, y le pido al gobernador que deje el registro civil, porque nosotros, gente de bajos recursos, qué podemos salir para sacar un papel. Es lo que yo les estoy pidiendo; gracias”, expuso.
En su oportunidad, el edil subalterno de San Bernardino, Javier Montes Bautista, relató los hechos violentos del pasado 9 de julio, cuando se dio el choque con los granaderos.
Paralelamente, los legisladores mostraron las pruebas físicas de las latas de gas lacrimógeno, los proyectiles y las balas de goma detonadas.
Más tarde, los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan se reunirían con una representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y otra en la misma Secretaría de Gobernación federal (Segob) por el caso del menor.
