Víctor Ballinas
La Jornada
El Movimiento Social de Puebla y familiares de ciudadanos que –acusan– han sido encarcelados, agredidos, amenazados y torturados en el gobierno de Rafael Moreno Valle demandaron la liberación de los “presos políticos, casi todos ellos ajenos a partidos y personas de escasos recursos”. Denunciaron que tres detenidos fueron acusados “por el supuesto robo de celulares”.
En el Museo de la Memoria Indómita ofrecieron varios testimonios, entre ellos Lucina Quintero Rosas, hija de la ex comisariada ejidal Enedina Rosas, apresada por oponerse a la construcción del gasoducto que pasaría por la zona del volcán Popocatépetl: “La averiguación previa destaca que (mi madre) fue detenida por haber ordenado el robo de dos celulares a un señor que ni siquiera estuvo en el lugar que dicen que ocurrió. Además la acusan de despojo”.
“La detuvo el gobierno que nos debe defender. Ya estamos hartos de tantos golpes, ya hemos llegado al límite. Todos unidos debemos cambiar este rumbo del país. Si el pueblo no tiene justicia, el gobierno no tendrá paz”, sostuvo Lucina.
Un estudiante de ciencias físicomatemáticas de la Universidad Autónoma de Puebla, originario de Atzitzihuacán, relató: “Nos unimos contra el gasoducto. La población hizo un mitin en la autopista Siglo XXI. En su mayoría eran personas mayores de 60 años; se les detuvo y se les condenó por nueve delitos: por haber golpeado a granaderos, por haberles arrebatado su celular, por haber dañado y destruido la autopista y motín, entre otros. Se les impuso una fianza de 120 mil pesos a cada uno”. Añadió que lo acusaron de ser el actor intelectual, “que llevaba armas largas. Me torturaron, me desnudaron y se burlaron de mí. Es una vergüenza para México que esto ocurra. Estuvimos sin comer 24 horas, sin abrigo y sin comunicación”.
Otro caso es el del presidente de la junta auxiliar de San Miguel Canoa, Javier Pérez Velázquez. Sus hijos Rocío y Javier Pérez dieron el testimonio: “Atribuyen a mí papá el robo de un celular de 12 mil pesos y de mil 100 pesos en efectivo. Tenemos el video y las pruebas de que mi padre no estuvo en el lugar donde dicen que se cometió el robo. A mi padre lo acusan por motivos políticos porque encabeza la resistencia en contra de que les quiten el registro civil y privaticen el agua.
“A mi padre lo torturaron, lo golpearon, lo obligaron a que nos hablara por teléfono llorando. Le dijeron que nos comunicara que nos retiráramos de la lucha porque nosotros somos los siguientes. Le inventan delitos como privación ilegal de la libertad y robo agravado, todo porque mi padre ganó una elección que era para el compadre del gobernador”, refirieron Rocío y Javier.
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